El sinhogarismo afecta a 37.000 personas en España y a 895.000 en Europa, representando una grave vulneración de derechos humanos. Las personas que viven en la calle ven negado su derecho a la vivienda, al empleo y a la salud, lo que les arrebata 30 años de esperanza de vida y las expone a sufrir delitos e incidentes de odio. El hogar representa el espacio de seguridad desde el que construimos nuestros proyectos de vida.
Sinhogarismo, una lacra
El sinhogarismo representa uno de los problemas sociales más graves y complejos de la actualidad, afectando a millones de personas en todo el mundo. En España, el número de personas sin hogar se estima en 37.000, mientras que en el conjunto de Europa, esta cifra asciende a aproximadamente 895.000. Estos números, aunque ya de por sí alarmantes, apenas rozan la superficie del problema, revelando una crisis humanitaria que requiere una atención urgente y medidas integrales para su solución.
El sinhogarismo no solo implica la falta de un techo bajo el cual vivir, sino que también conlleva una serie de privaciones y vulnerabilidades que afectan la salud física y mental, el acceso a la educación, el empleo, y la integración social de quienes lo padecen. Las causas que llevan a una persona a vivir en la calle son múltiples y complejas, incluyendo la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda asequible, trastornos de salud mental, adicciones, violencia doméstica y rupturas familiares, entre otras.
Crisis económica de 2008
En España, la crisis económica de 2008 y sus secuelas han exacerbado el problema del sinhogarismo, con un número significativo de personas perdiendo sus empleos y hogares. A esto se suma una oferta insuficiente de vivienda social y asequible, que no logra cubrir la demanda existente. Las políticas de austeridad y los recortes en los servicios sociales han limitado aún más el apoyo disponible para las personas en situación de vulnerabilidad, dificultando su acceso a recursos que podrían facilitar su reintegración social y laboral.
A nivel europeo, el sinhogarismo es igualmente un desafío multifacético que varía en magnitud y características entre los diferentes países. Sin embargo, la tendencia general es un aumento en el número de personas sin hogar, impulsado por factores como la crisis de vivienda, la migración, los recortes en el gasto social y la inadecuada respuesta política ante la magnitud del problema. La crisis de refugiados y migrantes ha añadido una capa adicional de complejidad, con muchos solicitantes de asilo y migrantes encontrándose sin acceso a vivienda y servicios básicos.
Housing First
La respuesta al sinhogarismo requiere un enfoque multidisciplinar y coordinado que aborde tanto las causas inmediatas como las subyacentes de esta situación. Las estrategias efectivas incluyen la provisión de vivienda como primer paso hacia la integración social (el modelo de «Housing First»), el acceso a servicios de salud mental y adicciones, el apoyo al empleo y la formación, y la protección social. Además, es fundamental la participación activa de las personas sin hogar en el diseño e implementación de las políticas que les afectan, asegurando que las soluciones propuestas respondan a sus necesidades y realidades específicas.
En última instancia, el sinhogarismo no es solo un reflejo de la crisis económica o de vivienda, sino también de una crisis de solidaridad y cohesión social. Combatirlo requiere no solo políticas públicas efectivas, sino también un cambio en la percepción social hacia la empatía y el compromiso con la dignidad y derechos de todas las personas, independientemente de su situación de vivienda.
Logros contra el sinhogarismo
- Ley por el derecho a la Vivienda: Se ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia, que aborda el sinhogarismo y se propone su erradicación. Una norma fundamental para solucionar este fenómeno estructural desde la raíz.
- Estrategia Nacional de lucha contra el sinhogarismo 2023-2030: Con el año 2030 como horizonte, esta estrategia se marca el objetivo de que ninguna persona viva en la calle, en línea con la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo. Lo hace, además, con un claro enfoque en vivienda y desinstitucionalización, planteando una transformación profunda del sistema de atención.
- Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI: Esta norma incluye disposiciones cruciales para el estudio y abordaje de las causas del sinhogarismo entre personas LGTBI, así como medidas para prevenir los delitos e incidentes de odio que sufren las personas LGTBI que viven en la calle.
- Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales: Tras un proceso de incidencia con el Senado, se logró eliminar la prohibición que castigaba el ejercicio de la mendicidad con animales, marcando una victoria en la lucha contra la criminalización de la pobreza.
Nuevos retos contra el sinhogarismo
A pesar de estos logros, aún quedan desafíos importantes que esperamos sean abordados en el próximo año:
- Ley estatal de Servicios Sociales: Es fundamental establecer un mínimo común de servicios en todo el país, eliminando obstáculos, como la obligación de empadronamiento, para garantizar un acceso equitativo.
- Estrategia nacional de desinstitucionalización: Su aprobación y puesta en marcha son esenciales para transformar el modelo de apoyos y cuidados, pasando de la atención en grandes centros a la vivienda con apoyos dentro de la comunidad.
- Desarrollo e implementación de la Ley de Vivienda: Para que la norma sea efectiva, es necesario concretar y desplegar sus medidas, facilitando el acceso a la vivienda de las personas en situación de exclusión residencial y ampliando el parque de vivienda asequible y social.
- Reglamento de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación: La aprobación de un reglamento que desarrolle la norma, junto con la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, son pasos cruciales para garantizar su monitorización y cumplimiento.
- Modificación del IMV: Es necesario hacer una reforma de esta prestación a fin de facilitar el acceso efectivo de las personas que más la necesitan. Para ello, se deben eliminar trabas burocráticas, así como asegurar su compatibilidad y complementariedad con los sistemas de rentas mínimas autonómicos.
