El diputado por Sumar, Enrique Santiago, ha justificado la querella contra los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aprobaron una declaración institucional contra la ley de amnistía, cuando no se conocía el texto, “por incendiar la sociedad con una grave injerencia que excedía sus competencias”.
Enrique Santiago presenta la querella
Santiago se ha referido así, en declaraciones a los medios, al registrar en el Tribunal Supremo la querella contra el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y los nueve vocales conservadores por un delito de prevaricación administrativa, por la declaración aprobada el 6 de noviembre, una semana antes de que se conociera el contenido de la proposición de ley de amnistía.
El CGPJ sacó adelante una declaración institucional contra la ley de amnistía, cuando aún ni quiera se conocía el texto, que tacha de “una medida de abolición del Estado de derecho, que violenta la Constitución y convierte a la Justicia en una quimera”.
En base a ello, Sumar ha registrado la querella porque entiende “que los vocales convocaron un pleno y aprobaron una resolución siendo conscientes de que claramente excedía los límites de sus competencial que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Según Santiago, “lo primero que incumplen es lo que reclaman a otros órganos del Estado, que es el absoluto respeto a la separación de poderes, porque el mismo respeto que exigen a los demás poderes para que no cometan injerencias en las actuaciones del Poder Judicial lo omiten en un pronunciamiento en el que están claramente haciendo un declaración política, que no tiene fundamentación jurídica”, ha señalado.
A los jueces que dejen de hacer política
En concreto, ha citado que “la resolución no menciona ninguna sola norma, con frases que parecen proferidas por dirigentes políticos, con críticas directas al presidente del Gobierno e, incluso, llegan a cuestionar la constitucionalidad de un acuerdo parlamentario». «Que dejen de hacer política”, ha añadido.
Santiago ha subrayado que “lo peor es que este acuerdo forma parte de una estrategia diseñada en ámbitos políticos en la que entran de forma impensable los vocales del CGPJ, a quienes quiere que el Supremo aplique su jurisprudencia sobre prevaricación administrativa porque no hay nadie por encima de la ley”.
Además, les ha responsabilizado de “incendiar el ambiente” y de dar pie con ello “a las declaraciones de asociaciones de jueces y fiscales, sindicatos y fuerzas de seguridad contra la norma”.
Pero también a las manifestaciones de jueces togados contra acuerdos parlamentarios, “algo que -ha recordado- está prohibido por ley” y de lo que ha exigido “responsabilidades disciplinarias a Guilarte porque se están comportando como un actor político y no solo actúan para defender intereses profesionales”.
