Ludovic N., superviviente del mortal retroceso en El Tarajal, Ceuta, acaecido el 6 de febrero de 2014, ha presentado una denuncia ante la ONU contra España por múltiples violaciones de la Convención contra la Tortura, con el apoyo del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR). Tenía 15 años cuando agentes de la Guardia Civil lo golpearon y le lanzaron gases lacrimógenos mientras luchaba por aferrarse al malecón fronterizo entre Marruecos y Ceuta. El menor camerunés no acompañado fue detenido y expulsado a Marruecos por tierra y posteriormente se le impidió testificar durante los ocho años de investigación sobre los mortales acontecimientos.
«Ha pasado una década y todavía ni una sola persona ha sido responsabilizada por la muerte y las lesiones de tantas personas”, afirma Ludovic N., que ahora vive en Alemania. «La violencia en la frontera ese día continuó en los tribunales, donde tampoco nos trataron como seres humanos», añade. Al menos 15 murieron, innumerables resultaron heridos y 23 más fueron rechazados ese día en la playa de El Tarajal, en Ceuta. Diez años después de los mortales acontecimientos, la denuncia de Ludovic N. ante el Comité Contra la Tortura de la ONU aborda una letanía de fallos en la investigación después de que España finalmente archivara el caso en 2022.
«La ONU debe insistir en que España reabra su investigación sobre los sucesos del Tarajal y que ponga fin a la impunidad», dice Carsten Gericke, representante del demandante y abogado asociado del ECCHR.
«Las muertes en Playa del Tarajal son emblemáticas de las políticas fronterizas racistas y mortales de Europa y del total desprecio por las vidas de los negros en particular”, añade Hanaa Hakiki del ECCHR. Esta organización considera que «Ceuta y Melilla son el laboratorio europeo de la falta de derechos fronterizos». Explica que la denuncia forma parte de una serie de impugnaciones legales para abordar las violaciones sistemáticas de derechos humanos inherentes a las devoluciones en las fronteras exteriores de la UE.
Desde el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos aseguran que «no se identificaron los cadáveres, no se escuchó a los supervivientes y se impidió a las familias de las víctimas participar en los procedimientos españoles. Las autoridades se negaron incluso a escuchar el testimonio de Ludovic N., ignorando sus derechos como víctima y privándole de que su caso fuera examinado ante un juez español».
Por su parte, Elena Muñoz de la Comisión Española para los Refugiados (CEAR) afirma que “aún no hay verdad, ni justicia, las familias no han sido indemnizadas y por tanto no hay garantía de no repetición. Como parte civil en el proceso penal, seguimos exigiendo que en nuestras fronteras se respete el derecho a la vida de los migrantes».
Las familias y comunidades afectadas continúan exigiendo justicia y el fin de la impunidad mientras se reúnen para conmemorar el décimo aniversario del mortal incidente. «El caso Tarajal ha significado que una violencia aún mayor en la frontera se haya vuelto aceptable. Esto condujo directamente a la masacre de Melilla el 24 de junio de 2022», dice Sani Ladan de la Asociación Elin, en Ceuta.
