De manera incomprensible, el Gobierno no ha procedido a trasponer a la normativa nacional la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, algo que debería haber realizado antes del 1 de agosto de 2022. Por ello, CCOO exige al Gobierno que apruebe la transposición de dicha Directiva antes de las próximas elecciones generales.
España ya recibió un emplazamiento de la Unión Europea en septiembre de 2022, y el pasado 1 de junio recibió un dictamen motivado de la Comisión dando un plazo de dos meses para llevar a cabo dicha transposición, que de no hacerse podrá llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la imposición de sanciones económicas, que pueden ser millonarias.
Esta decisión del Gobierno resulta aún más incomprensible si se considera que la ley que llevaba a cabo la transposición inició su andadura en septiembre de 2022, y fue dictaminada por el Consejo Económico y Social (por la vía de urgencia) el pasado mes de octubre. La propuesta de texto del proyecto de ley ha tenido alegaciones de los agentes sociales y, por tanto, no hay explicación alguna para que no se haya llevado al ordenamiento jurídico español aprovechando el Real decreto ley aprobado por el Consejo de ministros en el día de ayer. Conviene resaltar que solo las organizaciones empresariales se han opuesto a su transposición, pero parece que cuentan con derecho de veto.
Sin embargo dicho Real decreto ley sí traspone, por ejemplo, la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas de empresas, cuyo plazo de transposición finalizó más tarde –31 de enero de 2023– y para la que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño ni siquiera se ha dignado a solicitar la opinión de las organizaciones sindicales, pese a que debe regular –no sabemos si lo hace– importantes derechos de información y consulta con la representación de las personas trabajadoras en los casos de fusión, escisión o reordenación de empresas que pudieran afectar al empleo y a las condiciones laborales.
La Directiva 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes incorpora importantes mejoras en los derechos de información de las personas trabajadoras sobre las condiciones en las que se debe desarrollar su trabajo, aporta garantías adicionales sobre la previsibilidad de estas y sobre la antelación con la que deben conocerse elementos tan importantes como los días en los que debe desarrollarse la actividad laboral, la jornada de trabajo, la realización de horas complementarias, etc. Además, la citada Directiva limita la duración del período de prueba.
Una adecuada transposición de la citada Directiva a la norma legal española es necesaria para reforzar la imposibilidad de que existan contratos a llamada (en los que la prestación laboral no está comprometida y depende del mero capricho empresarial cuándo, cuánto y cómo se desarrolla la actividad laboral) y para permitir mejorar los derechos de información y de certeza en su jornada, especialmente a las personas con contrato a tiempo parcial (mayoritariamente mujeres), sobre las condiciones de prestación de su trabajo y sobre las posibilidades de mejora en el mismo ampliando su jornada o pasando voluntariamente a jornada completa.
Para CCOO resulta absolutamente incomprensible que el Gobierno, contradiciendo su trayectoria anterior, apueste por incumplir la normativa europea –arriesgando multas y sanciones– antes que reconocer derechos a las personas trabajadoras, especialmente a las que mayor incertidumbre y precariedad sufren, todo por dejarse llevar por las presiones patronales. Y exigimos que con carácter inmediato, y antes de la celebración de las próximas elecciones generales, se proceda a aprobar la transposición de la citada Directiva, pues de no ser así nos esperan meses e incertidumbre y, con seguridad, el inicio de sanciones por la Unión Europea.
