Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha declarado la guerra abiertamente a Victoria Ortega, la presidenta del Consejo General de la Abogacía de España. Todo ello, apenas meses antes de que Ortega deba convocar elecciones para renovar la dirección del consejo. Ribón, que lidera la organización con mayor número de colegiados de España, más de 73.000, quiere que la próxima junta directiva del CGAE sea elegida directamente y no como ocurre hasta ahora por los decanos de los 83 colegios existentes en el país. Por supuesto, Ortega, que aspira a ser reelegida, se opone porque tiene comprometidos a la mayoría de los decanos de los colegios pequeños, cuyo voto vale lo mismo que el de los grandes, Madrid y Barcelona aunque cuentan con un número significativamente menor de colegiados.
La guerra entre el máximo representante de los abogados madrileños y la presidenta de la abogacía en España ha culminado recientemente con una comunicación formal del CGAE en la que califica a Ribón de “individualista” y le acusa de querer buscar un protagonismo mediático “que no le corresponde”. La reacción del ICAM no se ha hecho esperar y, además de acusar al Consejo de no ocuparse de los problemas reales de la abogacía, ha decidido impulsar un cambio en el “statu quo” de la institución que puede hacer tambalearse los cimientos sobre los que se asienta el poder del denominado “orteguismo” el núcleo duro en el que se apoya la presidenta del Consejo y que lleva años dominando la institución.
El enfrentamiento viene de lejos. Cuando todavía era decano José María Alonso que también era vicepresidente del consejo de la abogacía. Entonces el ICAM se encontraba en proceso electoral y todos los candidatos le pidieron que neutralizase lo que se llamó el “cuotazo” un incremento sustancial de las cuotas que los colegios aportan al organismo que preside Victoria Ortega para sufragar un presupuesto con un déficit que se situó, en 2021, en 1,2 millones de euros, mientras que en 2022 se acercó a los 1,5 millones. Todo ello dentro de unas cuentas completamente opacas que nadie fiscaliza ni audita y unos gastos de representación de los integrantes de la junta directiva que han sido calificados de desmesurados por algunos colegios territoriales.
El “cuotazo” incluyó, además, la obligación de las sociedades mercantiles propietarias de los grandes bufetes de abogados a abonar la cuota a los colegios profesionales donde radican sus sedes sociales. En 2022 cada abogado pagaba una cuota al Consejo General de la Abogacía de 39,13 euros y en el presente ejercicio se les ha subido dos euros, es decir que abonan ya más de 41 euros. El incremento proporciona a la institución unos ingresos extra de 500.000 euros anuales, todo un balón de oxígeno dada la precaria situación financiera que atraviesa. Por su parte, las sociedades mercantiles de abogados se quejan de que tienen que abonar una nueva cuota pero que no reciben los servicios de los colegios. Solo en Madrid, según el censo del CGAE, figuran más de 10.000 sociedades profesionales. Por tal concepto, los ingresos adicionales para el organismo que preside Victoria Ortega superan ampliamente el millón de euros en el presente ejercicio si tenemos en cuenta que en otras demarcaciones como por ejemplo es Valencia, el número de sociedades de este tipo supera las 4.000.
Hay varios colegios que han dado la voz de alarma sobre el déficit del CGAE, entre ellos el de Galicia que ha reclamado medidas de contención del gasto ante la alarmante situación financiera de la institución. Los decanos gallegos dicen que hay que “intentar abordar, y si se puede solucionar, uno de los problemas más importantes, si no el que más, que actualmente tiene el CGAE y que debe ser examinado con carácter primordial». A saber, el hecho de que «año tras año y desde hace tiempo», la institución «venga dando resultados económicos negativos«. Ello ha provocado el que se haya tenido que utilizar las reservas de la institución estimadas en unos tres millones de euros, un fondo que prácticamente se ha vaciado.
El colegio de Alcalá de Henares ha presentado una demanda contra el CGAE por el contrato que su junta directiva ha suscrito para el suministro de una línea de correo electrónico que cuesta 1,4 millones de euros anuales y que puede llegar a suponer 1,9 millones en 2025. Los controvertidos emails se comen la mitad del presupuesto de la institución, pero el gasto lo sufragan directamente los colegios por lo que no supone una carga para la gestión del CGAE.
Luego está la denuncia de opacidad del sistema de dietas que perciben los miembros de la junta directiva, así como la justificación del gasto del piso que ocupa la presidenta, Victoria Ortega, en Madrid cuyo propietario, además, es el decano del colegio de abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche. Algunos representantes de los llamados “colegios menores”, como el ex decano del de Cartagena pidieron explicaciones sobre las dietas y el alquiler del piso de la presidenta sin recibir otra respuesta que “ese asunto pertenece a la esfera privada de la dirección del Consejo”. Tal cual.
La guerra entre la dirección del Consejo General de la Abogacía y algunos de los mas influyentes colegios de abogados, como es el de Madrid, ha llegado a tal extremo que estos últimos cuestionan abiertamente a la presidenta, Victoria Ortega. Ella, mientras tanto, se aferra a esos “cantos de sirena” que llegan desde Génova donde la colocan como ministra de Justicia en un hipotético gobierno del Partido Popular.
