Silencio en la prensa española, prácticamente sin excepción. El informe de la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović, que lleva por título Libertad de expresión política: un imperativo para la democracia que ha sido escondido en Madrid. Todavía cuece el informe del socialista letón Boris Cilevics que aprobó la asamblea del Consejo de Europa el junio del 2021 y en el que condenaba la represión del estado español hacia los políticos independentistas, exigía la liberación de los presos, el retorno de los exiliados y una amnistía para el resto de cargos políticos perseguidos.
Este nuevo informe, de nueve páginas, recoge buena parte las conclusiones del informe de Cilevics, sobre todo este: «Los políticos tienen el derecho de hacer propuestas la aplicación de las cuales implique cambios […] de una constitución centralista hacia otra federal o confederal, o de cambiar el estatus legal y los poderes de las entidades territoriales, incluso para concederles un alto grado de autonomía o incluso la independencia.»
Es uno de los puntos más importantes de aquel informe que precipitó la concesión de los indultos a los prisioneros políticos la vigilia de San Juan del 2021 y que ahora, con fecha del 6 de octubre del 2022, es asumido formalmente por la secretaria general del Consejo de Europa y lo convierte en doctrina.
Desde el 2020, la secretaria general elabora periódicamente informes relativos a la libertad de expresión dirigidos al comité de ministros, con el propósito de asesorar los estados miembros y de ayudarlos en futuras discusiones que tengan que ver con las actividades del Consejo de Europa para velar por el respecto a la democracia y los derechos humanos. Y es ella quien elige qué tipo de reports hace y como los enfoca; no lo hace por encargo ni a instancia de nadie. Y en este caso y momento, Pejčinović, una veterana política, miembro de la Unión Democrática Croata, como secretaria general ha realizado este informe que concluye que defender la independencia es amparado por la libertad de expresión, siempre que se haga con métodos pacíficos.
El momento en que se pone encima la mesa este informe es significativo, porque el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), que depende orgánicamente del Consejo de Europa, tiene entre manos, los recursos de los presos políticos contra la sentencia de Marchena por sedición y malversación. A pesar de que Pejčinović no menciona el caso catalán alude constantemente de forma indirecta, porque las nueve páginas del informe sobre cuándo y dónde situar los límites de la libertad de expresión son llenos de referencias al informe Cilevics y sus conclusiones en relación con el proceso catalán.
No es que el TEDH tenga que tener en cuenta este informe (del que seguramente tomará nota), sino más bien que el informe valida toda la jurisprudencia del tribunal que Cilevics mencionaba en su informe para afirmar que no se podía encarcelar a los dirigentes políticos catalanes por haber defendido y haber llevado a cabo acciones políticas pacíficas en favor de la independencia, por más que se cuestionara la orden constitucional vigente.
«El cimiento constitucional (artículo nº 2 de la constitución española] es la indisoluble unidad de España, El despliegue del derecho del enemigo contra el independentismo todavía dura, y se constata en la multitud de causas abiertas contra activistas, muchas pendientes de juicio por las protestas contra la sentencia del Supremo; en el espionaje a todo el movimiento con Pegasus, que afecta decenas de personas, tanto de la sociedad civil como políticos; en la existencia de exiliados; y en los juicios contra representantes políticos por haber osado debatir sobre la autodeterminación o haber criticado el rey. Todo ello es recogido en el segundo informe de Cilevics, que detalla los incumplimientos de las recomendaciones del primero y que fue desclasificado en medio de los intentos de boicot y los gritos y aspavientos de los representantes españoles.
Y después, llega este informe de la secretaria general, hecho por iniciativa propia y que acaba con una referencia a las sentencias condenatorias que pueda haber en el futuro por no haber respetado los derechos invocados. En las conclusiones, Pejčinović recuerda que el Consejo de Europa «está preparado para asistir los estados que lo pidan a examinar a fondo sus leyes y la práctica» que hacen, de forma que no pueda haber condenas «desproporcionadas» de la libertad de expresión política.
Pejčinović ha determinado en su informe que solo se podrían emprender acciones legales contra los movimientos que defienden la independencia de un territorio, si incitan a la violencia, el informe sostiene que es muy importante que los estados protejan la libertad de expresión, y que plantear cambios a la estructura del territorio no es un hecho a perseguir. Aquí es donde apunta, en concreto, que estos «cambios» también incluyen la promoción de la independencia de una región europea.
La secretaria general del Consejo de Europa ha basado su nuevo informe en varios documentos, conferencias y resoluciones otros departamentos del mismo Consejo como la Asamblea Parlamentaria, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, o el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Otra de las bases que fundamenta el documento es un acontecimiento académico de la Universidad de Ginebra con el apoyo del Consejo de Europa, donde entre los participantes está el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, que denunció España por detener a los líderes independentistas.
Parte de la bibliografía que sustenta el trabajo de Pejčinović está relacionada con el movimiento independentista catalán. El texto se basa en la Resolución 2381 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, informe Cilevics. Aquel admitía que los lideres independentistas catalanes eran «presos políticos» y se instaba España a reformar en el Código Penal, los delitos de rebelión y sedición. Además, el informe dejaba claro que el 1-O no hubo violencia por parte de la ciudadanía.
El nuevo informe elaborado por Pejčinović es un reconocimiento más en pro del movimiento independentista y su amparo bajo el paraguas de la libertad de expresión. Según la ACN, los partidos independentistas apuntan que este texto puede allanar el camino de los dirigentes soberanistas que han llevado sus casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Porque el estado español ignora estos informes, así como sus recomendaciones? La cuestión es dar largas o ignorar todo lo diga Europa, especialmente, si Cataluña puede obtener cualquier beneficio,
¿Todos estos informes y resoluciones de Europa no demuestran, de forma clara, que España es una democracia irregular como manifestaba The Economist no hace mucho tiempo?
Corte de vías férrea, cortes de carreteras, calles de Barcelona ardiendo, intentona de toma del aeropuerto, solicitud a Putin de 10.000 soldados rusos, «soldados pacifistas por supuesto».
Uso ilegal de los datos de los ciudadanos de Cataluña, utilización de las instituciones públicas, saqueo de las arcas públicas al estilo de la peor república bananera, y «compra» de observadores internacionales para validar la pantomima; todo muy pacífico y democrático Manel.