Después de seis años de esfuerzos fallidos por parte del Internal Revenue Service (IRS, la agencia tributaria federal de los Estados Unidos), el Departamento de Justicia y los miembros del Congreso, se espera que la nueva legislación prevenga los peores abusos de un esquema de evasión de impuestos que ha costado miles de millones de dólares al Tesoro.
Integrada en el enorme proyecto de ley de gastos gubernamentales de 1,7 billones de dólares promulgado por el presidente Joe Biden el 29 de diciembre, una disposición de la ley parece estar lista para lograr lo que miles de auditorías, amenazas de sanciones severas y procesos penales no pudieron: cerrar un negocio en auge, los negocios en «servidumbres de conservación sindicadas», que explotan una exención fiscal caritativa que el Congreso estableció para preservar terrenos abiertos.
Bajo las servidumbres de conservación estándar, los propietarios ceden los derechos de desarrollo de su superficie, a menudo un espacio atractivo y bucólico. A cambio, reciben una deducción caritativa igual al valor de desarrollo de la propiedad y los beneficios públicos por la preservación de la tierra, que en algunos casos se pone a disposición como parque.
Sin embargo, los promotores agresivos construyeron una industria lucrativa a través de acuerdos «sindicados» que arrebataron terrenos baldíos (un campo de golf baldío durante mucho tiempo cerca de un parque de casas rodantes) y contrataron a un tasador dispuesto a afirmar que tenía un valor de desarrollo enorme, previamente no reconocido, tal vez para casas de vacaciones de lujo que, según ellos, hizo que valiera muchas veces su precio de compra.
Luego, los promotores vendieron participaciones en una deducción de servidumbre de conservación masiva a inversores ricos, quienes obtuvieron un beneficio rápido al reclamar exenciones fiscales caritativas que eran de cuatro a seis veces su inversión. Los promotores cosecharon millones en comisiones.
La nueva ley limitará la deducción de los contribuyentes a dos veces y media su inversión. Eso eliminará efectivamente los beneficios que impulsan los acuerdos sindicados y permitirá que continúen las servidumbres de conservación tradicionales.
El camino hacia la nueva ley fue largo y sinuoso. Durante años, las servidumbres sindicadas parecían impermeables a los intentos de controlarlas. Desde finales de 2016, el IRS ha intentado bloquear los acuerdos, calificándolos de abusivos y entre lo peor de las peores estafas fiscales. La agencia ha impugnado 21.000 millones en deducciones reclamadas por 28.000 inversores de servidumbres sindicadas, ha seguido decenas de casos en tribunales fiscales y ha colaborado con el Departamento de Justicia para señalar a los principales promotores con cargos penales y demandas civiles.
Destacados legisladores de ambos partidos se pronunciaron en contra del abuso y, a partir de 2017, introdujeron una legislación, llamada Ley de Integridad del Programa de Servidumbre de Conservación Caritativa, para detener la práctica. Según estimaciones del Comité Conjunto de Impuestos del Congreso, la aplicación de estos límites a acuerdos alcanzados desde diciembre de 2016, cuando el IRS calificó por primera vez la práctica como inapropiada, generaría 12.500 millones adicionales para el Tesoro hasta 2031.
Los promotores y sus inversores no se dejaron intimidar por las amenazas del IRS. Las sociedades de sindicación eran tan rentables que apartaron reservas de auditoría especiales de hasta 1 millón para luchar contra la agencia en los tribunales. Las firmas de sindicación gastaron más de 11 millones en acciones de lobby para proteger su negocio ante el Congreso. En un momento, se lanzaron al ataque, buscando despojar al IRS de los fondos utilizados para hacer cumplir el aviso de diciembre de 2016 que marcaba los acuerdos sindicados con fines de lucro como abusivos y requería que los participantes presentaran formularios informando su participación al IRS.
