Esteban González Pons es diputado del Congreso en Madrid, pero va diciendo por ahí que “eso lo tenemos también claro en Bruselas” cuando se refiere a la posibilidad de que la ley de amnistía sea enmendada en la cámara baja no se sabe bien por quien, porque mezcla todo: una supuesta medida de gracia para los etarras, y las negociaciones con Puigdemont. El dirigente del PP presume de tener hilo directo con el comisario de Justicia, Didier Reynders, al que ya se le ha encallecido la lengua de decir que no está preocupado por lo que está pasando en España. Imaginaciones de Alberto Núñez Feijóo a quien le come la oreja González Pons diciéndole, poco más o menos, que manda tanto como la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Lo que da de sí haber sido europarlamentario de a pie.
“La Comisión Europea sabe que no está viendo la ley entera, solo el trocito presentable que firma el PSOE”, advierte el “portavoz”, González Pons. Y añade que “la calidad de la democracia española no sólo se encuentra amenazada por la ley de amnistía sino también por la politización del Tribunal Constitucional y de la fiscalía general del Estado, así como el bloqueo del CGPJ”. De esa manera calienta el pleno del parlamento europeo de esta semana en el que se va a hablar del “estado de derecho en España” con la casi segura probabilidad de un reproche por la amnistía y una condena a la situación jurídica en este país. Eso sí, olvidando aspectos tan vergonzantes como el bloqueo que uno de los miembros del grupo conservador que votará a favor de una moción de este tipo, el PP, mantiene desde hace cinco años al caduco e ilegal Consejo General del Poder Judicial, ese órgano de gobierno de los jueces que debería ser el que fiscalice y regule la justica en España y que no lo hace porque no tiene ni la fuerza moral ni las competencias legales para ello por estar en funciones. González Pons atribuye a los socialistas dicho bloqueo en un ejercicio de cinismo fuera de toda duda.
Y así, de esta manera el Partido Popular sigue su “cruzada” contra “la ley de amnistía para la normalización de la convivencia en Catalunya” ahora difundiendo la idea de que va a sufrir modificaciones en su trámite parlamentario. No sólo por parte de Bildu sino también de Junts Per Catalunya cuyo líder, Carles Puigdemont, se supone que intervendrá en la sesión del europarlamento. La cámara de Estrasburgo tiene mayoría conservadora por lo que es muy probable que apruebe una resolución contra España tal y como pretende el Partido Popular. Pero esa resolución no vincula al gobierno de Pedro Sánchez.
Pueden pasar dos cosas. Que la eurocámara decida constituir una comisión de investigación para examinar las alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión. Y también puede acabar por remitir un informe al Consejo y a la Comisión en el que pedirían la reprobación de la ley de amnistía por parte de esos órganos legislativos. En ese segundo supuesto, el más probable, el colegio de comisarios debería decidir si sanciona al Reino de España. Pero el comisario de Justicia, Didier Reynders, que tiene la competencia sobre el tema, ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que es un asunto interno de un miembro y, además, está a la espera del informe de los servicios jurídicos para verificar si el proyecto de ley que va a estudiar el Congreso de Madrid es compatible con las directivas europeas.
Por lo tanto, es poco probable que Bruselas adopte medidas como hizo en los casos de Hungría, Polonia y Rumanía. Porque en esos casos, sí se reformó la legislación local para restar poder a los jueces en favor del ejecutivo. Aquí no hay nada de eso. Sólo se puede discutir si la amnistía se adapta a la norma europea. Y eso no va a suceder, salvo en el caso de que se pueda demostrar la existencia de actos terroristas en el procès, porque los redactores de la proposición de ley han tenido mucho cuidado en que el texto no pueda ser cuestionado ni por los tribunales españoles, y, en especial, por el Constitucional, ni por las instancias europeas incluyendo el Tribunal de Justicia, TJUE, al que seguramente acudirán Feijoo y sus socios de Vox.
Entrar en el terreno judicial tiene mucho peligro. España debe contestar ya, antes de enero, el cuestionario remitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo donde se pide, lisa y llanamente, que el Estado, a través del gobierno, se pronuncie sobre la legalidad del proceso separatista catalán. Hay preguntas del tipo de si los tribunales de justicia se han extralimitado a la hora de dictar sentencias que son comprometedoras, dadas las actuales circunstancias, y que, seguramente, volverán a producir reacciones negativas de los jueces y, sobre todo, de los magistrados del Supremo.
Los demandantes ante el TEDH no van a retirar la reclamación, al menos hasta que se apruebe la amnistía. Y eso juega en contra de España y va a tener efecto boomerang contra la derecha porque si el PP retrasa el trámite parlamentario en el Senado como parece ser que va a ocurrir, nos vamos a encontrar con una sentencia en la que se va a decir que las actuaciones judiciales españolas son contrarias a la Convención Europea de Derechos Humanos. Ya no será el gobierno de Pedro Sánchez el que atacará a la justicia española. Serán los jueces europeos del TEDH. Y entonces vamos a ver cómo reacciona la derecha de este país.
Pero todavía es pronto para vaticinar lo que va a ocurrir en ese sentido porque, ahora, el primer paso va a ser el pronunciamiento del parlamento europeo donde González Pons, a pesar de que ya no es miembro de la institución, goza de mucha influencia entre los miembros del grupo conservador. Tal vez por eso se permite el lujo de atribuirse las “competencias de Bruselas” como si fuese miembro del colegio de comisarios.
La «guerra» en Europa hace años que lo lleva ganado el Independentismo. Lo sigue ganando en los sitios importantes de la justicia. El parlamento europeo no sirve para gran cosa ya que está formado por políticos nada independientes.
La derecha sólo se acuerda de Europa cuando se queda sin argumentos.