La Comunidad de Madrid acaba de poner en marcha una campaña de sensibilización y promoción del acogimiento familiar de menores tutelados. «Buscamos personas que abran sus hogares a niños tutelados, sobre todo a los 100 menores de 6 años. Vivir en familia les aporta cariño y vínculos estrechos». Así publicita el asunto en Twitter, a los cuatro vientos, como si de mascotas se tratara, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa. Pero va más allá, cuando sostiene que en total son 1.400 menores tutelados los que se quiere dar en acogida familiar. Lo que no ha explicado la consejera es si se ha procedido a valorar a esos menores y sus familias biológicas antes de ponerlos en manos ajenas.
Se duplican las ayudas para familias de acogida
Un acogimiento que puede ser urgente, permanente o temporal durante el curso escolar, vacaciones de verano o fines de semana. Para ello se han incrementado las ayudas a familias acogedoras en un 50% «para que la solidaridad no suponga una carga extra», como si el resto de los mortales, empezando por las familias biológicas no necesitaran ayudas para rencauzar sus vidas y que los menores tutelados regresen a sus casas.
La Asociación ADENI ha salido al paso para aclarar que «la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor dice que el Estado adoptará las medidas necesarias para que los niños crezcan felices con sus familias, y lo contrario es maltrato infantil. La doctrina del Tribunal Supremo recoge que los niños no pueden ser separados de sus familias si no se ha vulnerado su interés superior. Y no pueden ser dados en pre-adopción sin el consentimiento de la familia biológica extensa. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional 152/05 recoge que no puede haber cambio de guarda y custodia si los niños no son oídos y la Ley8/2015 recoge que los niños tienen derecho a ser oídos desde que son bebés en presencia de un experto. Y si no lo son, Fiscalía tiene que informar. Entonces, el problema, más que un problema de maldad, que también se da cuando no hacen nada para garantizar el bienestar de los niños y de los adultos, es falta la de formación. De lo que se trata es de dar formación, pero a la Comisión de Tutela», según su presidenta Isabel García Luque
Por su parte, otro colectivo de madres y padres biológicos afectados, la Asociación Familias para el Siglo XXI, ha mostrado su disconformidad y rechazo al plan previsto por la consejera Dancausa, que según su presidente, Victoriano Fernández, «está haciendo justo lo contrario de lo necesario. Un niño o una niña lo que necesita es el apego familiar de donde ha nacido. Cuando se corta ese apego, incluso en casos gravísimos en los que muere el padre o la madre, lo saben muy bien los psicólogos, que ese niño o esa niña han de ser especialmente tratados después. Por lo tanto, mientras están los padres vivos, aunque estén muy mal, hay que ayudar a esas familias a recuperar el apego si es que lo han perdido y tiene que ser la familia extensa. Es decir, abuelos, tíos, primos, hermanos mayores, si se tienen. Ese es el mayor esfuerzo que se ha de hacer. Y eso exige unos Servicios Sociales muy bien formados, una red de psicólogos muy bien formada, que desde los propios centros de salud, desde la escuela -cuando se detectan situaciones que llaman de riesgo- en lugar de que la situación que llaman de riesgo, de riesgo leve, sea el primer paso para separar a los niños de las familias, tiene que ser justo al revés. Hay que adoptar medidas para que no se rompa el vínculo con la familia biológica. En cambio, esta señora Dancausa y otras comunidades autónomas van en la dirección exactamente contraria. Nuestra posición es contraria radicalmente a esta solución de la consejera».
Más Madrid: «La comunidad no ha actualizado su legislación ni su política pública de acogimiento»
La legislación de menores estatal establece, desde el año 2015, que debe priorizarse en la protección de menores el acogimiento en familia frente al acogimiento en centros residenciales, y que el ingreso en estos deberá ser por el periodo mínimo imprescindible para la valoración de los menores y el establecimiento de un plan individual de intervención para su efectivo acogimiento familiar.
Según Tania Sánchez, diputada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, «La comunidad no ha actualizado su legislación ni su política pública de acogimiento a esta legislación, a pesar del esfuerzo de las familias acogedoras de la comunidad de Madrid por que este modelo de acogimiento sea más extendido y apoyado. Las medidas de la Comunidad de Madrid en los últimos dos años se han limitado a declaraciones de intenciones. Ni siquiera el cambio de ayudas que se aprobó en presupuestos (pasan a recibir prestación automática en lugar de tener que solicitar subvención cada año) se ha ejecutado, son ayudas presupuestadas aún no pagadas».
Sánchez añade que «el mayor de los problemas para el acogimiento es la tardanza desde que una familia se ofrece a acoger, hasta que se le declara idónea, y la absoluta ausencia de acompañamiento durante el proceso de acogimiento. Esto no lo resuelve una campaña de marketing sobre el acogimiento, esto requiere inversión pública en profesionales que agilicen las valoraciones y en recursos económicos que garanticen un mayor apoyo a las familias, no sólo a las que acogen menores protegidos, sino fundamentalmente a las familias de origen que, en demasiadas ocasiones, sufren niveles de precariedad y pobreza sostenidas en el tiempo que suelen ser origen y causa de la situación de riesgo de menores.
Y concluye afirmando que «con una comunidad donde más del 40% de las familias con hijos tienen dificultades económicas cotidianas, donde los centros de menores están sobreocupados, las estancias medias de permanencia en centros es muy superior a lo establecido en la ley, y se tarda más de un año en conseguir ser declarada familia idónea para adoptar, el problema no está en el compromiso de la ciudadanía madrileña para abrir sus familias a menores desprotegidos, sino en un gobierno que no invierte en política social para evitar la pobreza infantil que ni siquiera reconoce»
Unidas Podemos: «Hay que evitar que se quiten tutelas tan ligeramente»
Desde Unidas Podemos consideran que la consejera ha empezado la casa por el tejado. Según la diputada Paloma G. Villa, «porque antes de este programa para la planificación familiar, que no sabemos si más propaganda que algo que vaya a ser eficaz, ha estado desmantelando centros de menores. Tiene a todos los trabajadores ahí y a los sindicatos en su contra, porque por ejemplo ha cerrado La Casita de los Niños, que era el buque insignia de la Comunidad de Madrid para niños de 0 a 6 años con distintas discapacidades que necesitan unos cuidados especiales».
Asimismo, G. Villa, ha manifestado que creen que «las niñas y niños más pequeñitos no debería estar en centros residenciales, que debería estar en el seno de alguna familia, prioritariamente de la suya, y por tanto, el tema de que te quiten la tutela o tengas quince veces más de que te quiten la tutela, si vives en un barrio de Madrid y no en otro por renta o bien porque el padre, la madre o ambos tengan una discapacidad, habría que solucionarlo para evitar que se quitaran tutelas tan ligeramente. Por tanto, ayuda primero a la familia en origen para que no se retiren las tutelas y los esfuerzos necesarios, después intentar que si en este caso no es posible, darle esa tutela a la familia extensa, a tíos, abuelas, abuelos, y si no ya la tercera vía sería este acogimiento familiar, con lo cual lo que tienen que hacer también es quitar el cuello de botella a la idoneidad, que desespera muchísimos y a las familias que quieren acoger se lo ponen muy difícil. Y después hay que esperar a que se tengan esas familias para que se pueden cerrar centros».
PSOE, ausente
A pesar de los intentos por conocer la posición del PSOE en la Asamblea de Madrid respecto al plan para incrementar el número de familias acogedoras de menores tutelados, no ha habido respuestas.
Demasiadas prisas, huérfanos ucranianos en camino
Ante la premura con la que anuncia la titular de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, el ofertón de niños tutelados destinados a la acogida familiar, Victoriano Fernández explica que «a mi me parece que quieren vaciar los centros muy deprisa para llenarlos de chicos y chicas traídos de la guerra en Ucrania, lo cual demuestra otra cosa todavía más grave. En lugar de parar la guerra, muchos de los centros de menores, muchas de las adopciones, muchos de los acogimientos que se han hecho en España hace ya mucho tiempo siempre han sido a partir de las guerras. Entonces se justifica que haya un negocio como lo hay a nivel mundial de tráfico de niños para dar en adopción. Entonces, paren ustedes las guerras y ayuden a las familias a tener a sus hijos. Ucrania y lo que viene de allí va a generar huérfanos y necesitan centros. Entonces quieren vaciar los centros para dar a los menores tutelados en adopción a familias españolas y seguir trayendo niños de Ucrania. Ahora sabemos del orfanato ucraniano que han traído completo a España y sabemos todo el teatro que viene habiendo con esos niños. Y creemos que hay una presión para tener centros disponibles».
Las cifras de los contratos de gestión
El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada una inversión conjunta de 4.786.342 euros para prorrogar cuatro contratos de gestión de distintos recursos que ofrecen acogimiento residencial y tratamiento especializado a menores con medidas de protección. Este importe va a permitir, según la Consejería de Familia, Juventud y Política Social «mantener el funcionamiento de un total de 91 plazas de atención adaptada a las necesidades de sus usuarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023».
El primero de ellos, con un importe de 1.717.763 euros, ofrece 38 plazas para adolescentes tutelados de entre 12 y 18 años con alteraciones de salud mental del tipo de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y descompensaciones afectivas severas. Por su parte, se destinarán 759.141 euros al mantenimiento de las 16 personas de un hogar-residencia especializado en menores con discapacidad que presentan «retraso mental» -así lo cita literalmente la consejería en su página web- y trastorno de conducta.
El tercer contrato, prorrogado por un importe de 894.863 euros, suma 34 plazas en dos recursos que ofrecen sendos modelos de convivencia diferenciados para sus usuarios. El primero es una residencia territorial para 20 menores de 0 a 18 años que tiene como objetivo prioritario su reincorporación familiar a corto o medio plazo, integrándolos en su medio y evitando la separación de su entorno habitual y vínculos ya establecidos.
Las otras 14 plazas corresponden a un hogar para niños y adolescentes de 4 a 18 años que presentan más dificultadas para su reintegración familiar. Este modelo permite una convivencia en grupos más reducidos y en un ambiente que favorece la atención cercana e individual para crear un entorno familiar e integrador.
Por último, 1.414.575 euros a un centro de acogimiento especializado en la atención a tutelados de 6 a 18 años con trastornos de salud mental y de conducta. Este recurso de 21 plazas está ubicado en un entorno rural que cuenta con residencia, distintas aulas y una finca rústica con granja y huerto, un entorno muy adecuado para las distintas intervenciones que desarrollan los profesionales y que están orientadas a la mejora de la situación psicológica y de conducta de los usuarios.
