La democracia no conoce de cheques en blanco

La democracia española es muy deficitaria, eso es una gran obviedad. La falta de renovación y de reformas desde su instauración en 1978 han creado un régimen absolutamente injusto en el que todos los tres poderes se han quedado anquilosados en un pasado que no sabe dar respuestas efectivas a los problemas del presente.

El poder judicial es el máximo responsable de que España se esté acercando peligrosamente a la categoría de Estado fallido, cuando no lo haya hecho ya. Los partidos de la derecha y de la extrema derecha afirman ahora que la ley de amnistía genera una desigualdad entre los ciudadanos. Eso ya existía, puesto que el trato que dan los jueces y fiscales a las élites económicas, financieras, empresariales y a las grandes fortunas no es el mismo que al resto de personas. En España se han creado doctrinas jurídicas ad hoc o se han indultado a banqueros. No hay más que hacer un análisis de las sentencias recogidas en la base de datos del CGPJ para comprobar cómo los poderes bancarios, financieros, empresariales, económicos o políticos tienen un trato diferente y preferente. Los jueces en España se rebelan contra la jurisprudencia europea para salvar a esas élites de las condenas que les corresponderían por sus abusos a la ciudadanía.

Partiendo de la base de que la amnistía no es una ley prioritaria y de que se ha presentado para lograr satisfacer los intereses de Pedro Sánchez, resulta sorprendente que ahora los políticos de la derecha y de la extrema derecha afirmen que en España la justicia no es igual para todos. Eso lleva pasando desde hace décadas, pero nadie ha dicho nada. Y todo ello sin entrar en la constante sospecha de presunta corrupción generalizada en los juzgados, supuesta corrupción que aumenta de nivel a medida que se sube de instancia.

La ley de amnistía lo que ha demostrado es que el poder ejecutivo y el legislativo siguen participando de modos de actuación más propios de una dictadura que de una democracia por una razón muy sencilla: se trata el voto de los ciudadanos como si fuera un cheque en blanco. Eso no es democrático puesto que se abre la vía de que en campaña se pueda decir una cosa y, una vez logrado el escaño, hacer la contraria.

Todo se centra en el cumplimiento o incumplimiento del programa electoral con el que se concurre a las elecciones. La legislación actual permite la traición a los mismos, lo cual es una aberración democrática en toda regla.

El voto de los ciudadanos es la firma de un contrato tácito entre el partido político y el pueblo. Hacer cosas que no estaban en los programas es traición y, como tal, debería estar recogido en el Código Penal.

No hay que ser muy perspicaz para saber que la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, tras el pacto con los partidos independentistas catalanes, tiene como causa principal la necesidad de los votos de esas formaciones políticas para que Pedro Sánchez continuara en la Moncloa.

Ahora ya hay una confirmación oficial de ello. Fue Óscar Puente, ministro de Transportes, quien afirmó en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE que si los socialistas no hubieran necesitado los siete votos de Junts no habrían presentado la ley de amnistía. «A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento se vincula con la formación de gobierno. Sin esta medida, la investidura no es posible».

Ahora ya no hay vuelta atrás pero las declaraciones de Óscar Puente, un político que siempre se ha caracterizado por ser sincero (a veces demasiado y con demasiada vehemencia, lo cual no tiene que ser negativo per se), son una enmienda a la totalidad de la Exposición de Motivos de la proposición de ley de amnistía. Todo el mundo sabía que el argumentario del PSOE para defender los «cambios de opinión» era más falso que un billete de 7 euros. Ahora está confirmado.

El problema de esta situación es que Pedro Sánchez ha mentido a los ciudadanos, sobre todo a los que depositaron su confianza en él. No sirve la excusa de que sin amnistía y sin los 166.000 millones de euros de dinero público regalados a Cataluña y Euskadi no habría habido posibilidad de mantener un gobierno progresista. Sí, había una posibilidad. Convocar elecciones, tras la investidura fallida de Feijóo, y no haber montado todo el show que ha terminado con un escenario de tierra quemada por la cual no había vuelta atrás.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que los pactos entre partidos no tenían por qué respetar los programas electorales. Es cierto, salvo cuando esos acuerdos impactan en la acción de gobierno y, en consecuencia, en la ciudadanía, que es lo que ha sucedido con la amnistía y con el precio que Sánchez ha estado dispuesto a pagar con el dinero público.

El programa electoral es sagrado porque es el contrato que firman los partidos políticos con la ciudadanía. El incumplimiento de los mismos es un modo de corrupción política muy grave, dado que se engaña de manera flagrante al pueblo que, recordémoslo, es quien tiene la soberanía nacional.

El voto que se deposita en la urna no es un cheque en blanco, pero las acciones de gobierno de las últimas administraciones dan a entender que los políticos piensan que sí lo es. Otra cosa es que surjan situaciones sobrevenidas en las que haya que realizar lo contrario a lo que se prometió en el programa. En este caso, el pueblo es el que tiene que decidir y esas cuestiones han de ser inmediatamente refrendadas por la ciudadanía a través de un referéndum. En política no hay nada tan urgente como para que no pueda esperar una semana para que los ciudadanos voten sobre la misma.

Eso es lo que debió hacer Mariano Rajoy con los recortes y las subidas salvajes de impuestos que no constaban en su programa. Eso es lo que ha debido hacer Pedro Sánchez con la amnistía: dejar que el pueblo decida y vote lo que no se les presentó durante las elecciones.

De este modo se elimina una de las cuestiones que más está dañando el sistema democrático y está haciendo crecer la desafección: la idea de que, una vez votado, el político hará lo que le venga en gana o más le interese.

La voluntad del pueblo se circunscribe a los planteamientos que se le presentaron en las elecciones. No hay más interpretación que esa. Lo demás son eufemismos o trucos de trilero que no hacen más que dar gasolina a quienes, desde el populismo de los dos extremos ideológicos, están poco a poco ganando la batalla.