No es que el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, se incline políticamente hacia la izquierda. Todo lo contrario, el belga es liberal pero muy próximo al conservadurismo. Fue miembro del gobierno cuando Carles Puigdemont se instaló en Waterloo, y se opuso públicamente a su extradición solicitada por el ejecutivo de Mariano Rajoy. A pesar de ello, mantiene muy buenas relaciones con el Partido Popular. Y hay quien dice que han sido las presiones de los populares europeos las que le han llevado a mandar esa carta al gobierno de España que contiene significativas contradicciones. La misiva demuestra la confusión del Comisario cuando empieza exigiendo una renovación, imposible en estos momentos, del Consejo General del Poder Judicial y termina pidiendo explicaciones sobre una ley de amnistía cuyo contenido se desconocía en el momento de redactarla.
Hay quien dice que Reynders se ha dejado influir por la resolución de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial que Vox ha trasladado a la totalidad de los 705 europarlamentarios. Y así se explicarían las famosas “llamadas de numerosos ciudadanos” que dice haber recibido el comisario interesándose por el asunto de la amnistía. Hay quien asegura que el propio Núñez Feijóo pidió a sus homólogos europeos que presionasen a la Comisión Europea sin dejar claro que la ley todavía no existe y que la culpa de que no se haya producido la renovación del órgano de gobierno de los jueces la tienen ellos que están incumpliendo sistemáticamente la renovación al negarse a pactarla con los socialistas.
Habría que recordar a Reynders, y esta es su primera contradicción, que el gobierno de Pedro Sánchez está en funciones por lo que no puede presentar iniciativas legislativas. La renovación del CGPJ que exige el comisario europeo es imposible de hacer en estos momentos. Es más, en el supuesto de que la investidura de Pedro Sánchez resultase fallida, esa renovación urgente que Bruselas exige debería esperar, por lo menos hasta después de unas elecciones que se celebrarían en enero, por lo que hasta la primavera no sería posible llevar a cabo una iniciativa parlamentaria del tipo de la que pide. Si Sánchez, como todo parece indicar, sale investido y forma gobierno deberá intentar consensuar con el PP la renovación. Como todo indica que una propuesta con arreglo a la normativa vigente es imposible por la cerrazón de los populares a negociar en esas condiciones, habría que esperar a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Y eso lleva su tiempo y más después de la modificación del reglamento del Senado, donde la derecha tiene mayoría absoluta, que ralentiza los tiempos de los trámites. Al final un reglamento hecho para ralentizar a amnistía se va a volver en contra de los promotores de la iniciativa.
En cuanto a la ley de amnistía, cuando Didier Reynders confeccionó la carta que remitió al gobierno no tuvo en cuenta dos cosas. La primera, ya expuesta, que no se sabía el contenido de la famosa amnistía y, segundo, que el trámite que se va a utilizar para su tramitación parlamentaria es el de la proposición de ley que presentarán los grupos firmantes del acuerdo de investidura. El gobierno, por lo tanto, no puede dar explicaciones sobre un tema que concierne, exclusivamente, al Congreso de los diputados. No obstante, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, se ha comprometido a reunirse con Reynders para explicarle el contenido de los acuerdos a que se han llegado con Junts y ERC, sobre todo en lo que más preocupa al comisario, “el ámbito de la aplicación personal, material y temporal de esta ley”.
Y luego está el famoso auto del juez Manuel García Castellón que no ha pasado inadvertido en Bruselas. Y en ese sentido se olvidan de que el auto está recurrido por el fiscal, que el juez ha sido recusado por las defensas y de que el concepto de “terrorismo” que el magistrado utiliza es incompatible con el que aplica el derecho comunitario. García Castellón se basa en la reforma del Código Penal que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy y que debe ser revisada urgentemente porque en la misma se señalan como delitos terroristas “todos aquellos que vayan en contra del orden establecido y la Constitución”. Está claro de que una cuestión “prejudicial” que enviaría la Audiencia Nacional al Tribunal Europeo de Justicia sería rechazada por esta instancia inmediatamente. Su recorrido es escaso o nulo. Eso y siempre que la sala de Lo Penal no vuelva a corregir al juez como ya ha hecho en múltiples ocasiones.
Y luego está la influencia que haya podido tener la resolución de los nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial en contra de una amnistía que, cuando se votó, ni siquiera se sabía si saldría adelante. Hasta el propio presidente “suplente del suplente”, Vicente Guitarte, un poco por vergüenza torera, tuvo que votar en blanco y explicar que lo había hecho “porque todavía desconozco el contenido de la ley”. Los 5 vocales progresistas votaron en contra y uno, Álvaro Cuesta, ni siquiera se presentó al pleno alegando la ilegalidad de la convocatoria, una circunstancia de la que poco se ha hablado pero que muchos juristas consideran cierta.
Reynders es el primero que ha deslegitimado públicamente la composición actual del CGPJ que lleva caducado casi cinco años. Por eso extraña que haya tenido en cuenta esa “declaración institucional”, aprobada con los votos de la mayoría conservadora de un organismo cuestionado, a la hora de exigir explicaciones al gobierno español. Otra contradicción más de las muchas que contiene la misiva remitida.
Una carta que solo se puede justificar por las presiones políticas que está recibiendo la Comisión Europea por parte de la derecha. Unas presiones que van a decaer mucho dentro de unos días, cuando Pedro Sánchez sea investido para renovar mandato en los próximos cuatro años. Porque el trasfondo de este asunto no es la legalidad de la amnistía, sino la pérdida del poder político.
