«Stop impunidad minería», rezaba la pancarta desplegada en el Monte do Viso, a pocos metros de la Ciudad de la Cultura, con motivo de la reunión de ministros de economía de la Unión Europea e Iberoamérica, organizada en Santiago de Compostela bajo el paraguas de la Presidencia española del Consejo de la UE.
Con la acción, los activistas ha denunciado que con la aprobación de la Ley Europea de Materias Primas Críticas, «se acortarán todavía más los plazos de tramitación de los nuevos proyectos mineros». Además en esta ley se introduce la figura de proyectos estratégicos de interés europeo con los que, denuncia la organización ecologista, «se inyectarán miles de millones de euros en proyectos destructivos sin una evaluación adecuada de sus impactos. Esto llevará a un boom especulativo de nuevos proyectos mineros».
Ecologistas en Acción recuerda que, lejos de las mejores prácticas, «los estándares de la industria minera en el Estado español han demostrado no estar ni siquiera a la altura de la legislación existente en países como China, Chile, Brasil, Ecuador o Perú». Países en los que instalaciones de residuos mineros como las de Riotinto o las propuestas en Touro, a las afueras de Santiago, «serían ilegales».
Destacan que la nueva norma europea dificultará todavía más la participación de las comunidades afectadas al reducir plazos y aumentar la asimetría existente entre la población y las grandes empresas mineras y administraciones.
«Con esta protesta queremos recordar que, un cuarto de siglo después del mayor desastre ambiental minero de Europa, el de Aznalcóllar, la empresa sueca Boliden, concesionaria de la mina, ha eludido su responsabilidad por los daños causados. Un hecho que sigue evidenciando la impunidad con la que opera el sector extractivo minero en España», denuncia Iolanda Mato, portavoz de Ecologistas en Acción.
La organización señala que ahora mismo se está tramitando la reapertura de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, «rodeado de un escándalo de corrupción que ha llevado a la imputación de más de una decena de funcionarios de la Junta de Andalucía».
Las activistas han sugerido a los líderes europeos e Iberoamericanos participantes que visiten algunas de las minas próximas a la capital gallega, «como Touro, San Finx, Varilongo o Monte Neme, para constatar los graves impactos sobre el medio ambiente y la salud que están causando esta forma ambientalmente irresponsable de la minería en España». Un daño también económico, ya que afecta «a sectores productivos estratégicos como la pesca, el marisqueo y las actividades agrarias sostenibles».
