Isabel Díaz Ayuso se encuentra en un escenario político en el que se encuentra muy cómoda porque puede desplegar toda su dialéctica trumpista sin ningún tipo de filtro. Es cierto que la gestión de Pedro Sánchez se lo pone muy fácil, pero también lo es que la presidenta madrileña se pasa de frenada con sus excesos verbales y da la impresión de que no piensa lo que dice…, o sí, lo que la hace mucho más peligrosa.
Las nefastas y erráticas acciones de Pedro Sánchez, que ha provocado que cerca de la mitad de los votantes socialistas se arrepienta del sentido de su voto el 23J, están colocando a Ayuso en una situación en la que las miradas del ciudadano que no está contaminado por el sectarismo de la pertenencia a unas siglas se fijan en ella. Ayuso propele muchas «ayusadas» pero, en ciertos temas, sus andanadas están cargadas de razón, hasta que mezcla conceptos.
Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso se viene tan arriba que en ocasiones desbarra y no controla el sentido de sus palabras. Eso le sucedió ayer en la II Cumbre Empresarial Comunidad de Madrid – Comunidad Valenciana.
La presidenta madrileña afirmó que «no veo bien que los dirigentes políticos arruinen a las regiones y que después nadie se haga responsable de ello […] deberían inhabilitar a los políticos, a los gestores públicos por largo tiempo si dejan semejante ruina».
Estas palabras eran un ataque al anterior gobierno de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, afirmar eso en una región que el Partido Popular dejó devastada es, cuanto menos, recurrente e, incluso, sectario. Es la historia de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.
La realidad es que la propuesta de Ayuso dejaría inhabilitados a nombres históricos y a altos dirigentes del Partido Popular, tanto de Valencia como de Madrid.
La herencia que dejó el PP tras 20 años de gobiernos en Valencia hipotecó al primer gobierno de Ximo Puig. La ruina que dejó el Partido Popular ascendió a más de 5.000 millones de euros y colocó a Valencia como la segunda comunidad autónoma más endeudada sólo por detrás de Cataluña.
Sobrecostes en la construcción de colegios, cerca de 1.000 millones despilfarrados en la Feria de Valencia, el agujero de 1.300 millones de la televisión pública (visita del Papa incluida), deudas por los parques temáticos, el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz, multas millonarias por parte de la Unión Europea por la nefasta gestión, despilfarro por la Formula 1, millones malversados en la empresa de vivienda pública, y un largo etcétera.
Con ese currículum, todo el PP valenciano debería estar inhabilitado, según el planteamiento realizado por Isabel Díaz Ayuso.
En la Comunidad de Madrid sucedió lo mismo durante los gobiernos del Partido Popular, donde se pusieron las instituciones y las empresas públicas al servicio de intereses privados. Tal y como se demuestra en un informe de la Asamblea de Madrid, además de casos de corrupción como Gürtel, Púnica o Lezo, la gestión del PP se tradujo en operaciones de despilfarro público para las cuentas públicas.
Por citar algunas, la Comunidad de Madrid vendió vivienda pública a fondos buitre por debajo del precio de mercado. También se despilfarró dinero con la compra por parte de Telemadrid de los derechos de televisión del Atlético de Madrid y del Getafe. Todo ello, sin contar con las gravísimas consecuencias del despilfarro en la Ciudad de la Justicia.
Sin embargo, en Madrid los reyes del gasto desmedido fueron Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. En concreto, durante los años en que estuvieron al frente de la gestión del ayuntamiento de la capital, la deuda se multiplicó por siete. Además, según un informe de auditoría del propio consistorio, el Partido Popular utilizó empresas públicas para eludir las limitaciones de endeudamiento con operaciones que generaron costes innecesarios y desequilibrios presupuestarios.
Finalmente, según su planteamiento, cuando Ayuso deje el poder debería ser inhabilitada por, por ejemplo, el despilfarro de dinero público en el Hospital Zendal, las subvenciones millonarias a la tauromaquia o la opacidad sobre los gastos derivados de la jura de la Constitución de Leonor de Borbón Ortiz.
