Dos de las tres querellas, que unos abogados contratados por Alberto González Amador estudian presentar, tienen escaso recorrido judicial. La tercera, contra la vicepresidenta María Jesús Montero, acabará en el Tribunal Supremo debido a su aforamiento por lo que tardará un tiempo en resolverse. La de la Agencia Tributaria, por haber revelado detalles de la inspección tributaria que le está llevando a cabo, es difícil de admitir a trámite por un juzgado ya que la AEAT ya ha dictado la correspondiente resolución antes de que se hiciesen públicos los resultados de esta. Y en cuanto a la fiscalía, es bastante difícil que acabe por prosperar puesto que el ministerio público justifica la difusión de ese intento de acuerdo debido a que, con anterioridad, se había filtrado un documento falso. No hubo oferta de acuerdo sino al contrario. Que fue el propio abogado el que solicitó una conformidad reconociendo los delitos fiscales. Y por tal motivo se vieron obligados a publicar lo que realmente ha sucedido. Fuentes judiciales destacan las escasas posibilidades de que esas demandas prosperen y creen que la maniobra obedece más bien a un intento de desviar la atención. González Amador cometió, presuntamente, dos delitos de fraude fiscal. Y de eso cabe pocas dudas, respetando, eso sí, la presunción de inocencia.
Otra cosa bien diferente es lo que vayan a hacer en el Colegio de Abogados de Madrid y en el Consejo General de la Abogacía que consideran que se ha vulnerado el derecho a la defensa de uno de sus afiliados. Ahí si que puede surgir un conflicto, aunque muy matizado ya que el letrado presentó una oferta de conformidad de su cliente cuando todavía la jueza no había admitido a trámite la instrucción de la causa, un error de procedimiento ya que los acuerdos de conformidad sólo se pueden alcanzar en las diligencias avanzadas, en fase de procedimiento abreviado o en juicio oral.
Lo de María Jesús Montero es diferente. González Amador se va a querellar por un delito de revelación de secretos. Y aquí sí que existen ciertas posibilidades de que la acción judicial por lo menos sea admitida a trámite y se proceda a abrir el correspondiente sumario. Lo que ocurre es que el acto del que acusan a la vicepresidenta se produce en un entorno de declaraciones a la prensa. Es verdad que Montero anunció detalles de la acusación contra el querellante unas horas antes de ser publicadas. Pero es poco relevante el detalle si se tiene en cuenta que los jueces pueden ponderar dichas manifestaciones dentro del derecho constitucional a la libertad de expresión, si se tiene en cuenta la forma en que se expresó. Los jueces valoran este tipo de declaraciones según su contenido: Los datos difundidos deben estar contrastados y ser veraces. En cuanto a los juicios de valor que se puedan deducir de tales declaraciones, entran dentro del ámbito de la opinión que está amparada, según consta en multitud de sentencias del alto tribunal, por la libertad de expresión como derecho constitucional.
La AEAT tiene prohibido, por su parte, difundir públicamente datos de “las relaciones con los contribuyentes”. Pero acusar a la inspectora que llevó el asunto de haber filtrado la documentación de González Amador es difícil de demostrar. Habría que ver, primero, quien ha sido el autor de la filtración, si es que ha salido del organismo, porque al ordenador de la Agencia tienen acceso muchos funcionarios. El ámbito de una inspección fiscal de estas características es el de las actividades económicas y mas concretamente la unidad de empresas. En última instancia se podría responsabilizar al delegado especial de Madrid.
La fiscalía es el flanco más débil de estas posibles actuaciones, pero hay que recordar que los miembros del ministerio público están protegidos con un fuero que les salva, salvo flagrante delito, de ser juzgados. Aun así, los fiscales han querido salir al paso señalando que lo único que han difundido es un correo con el ofrecimiento del representante legal de Alberto González para llegar a un acuerdo en el que se reconoce la existencia de dos delitos fiscales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha dirigido al consejo General de la Abogacía defendiendo la actuación de sus subordinados. En un escrito señala que “han salvaguardado su deber de reserva” porque, en la nota de prensa difundida por la fiscalía provincial de Madrid sólo se hicieron públicos “aquellos aspectos que resultaron indispensables para alejar cualquier sombra de sospecha sobre su actuación”. García Ortiz recuerda que la existencia del pacto se había dado a conocer “anticipadamente” a la opinión pública por una “indeseable filtración”, refiriéndose al mensaje publicado en la red social X por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien reveló que la fiscalía había contactado con la defensa de González Amador para comunicarle que ya había presentado la denuncia contra su cliente y, por tanto, podía acogerse a un acuerdo para reducir la pena que le corresponde.
El ICAM, el Colegio de Abogados, considera “de extrema gravedad la difusión de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”. Pero hay un detalle que ha llamado la atención: la difusión de este comunicado coincide con la inminente llegada al ICAM, como nuevo secretario general, de quien hasta ahora era el jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, Luis Banciella Rodríguez-Miñón, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre el inicio de un conflicto entre ambas instituciones.
El despacho Garrido, donde ejerce el abogado Carlos Neira, que es el que defiende a González Amador ante Hacienda, niega que vaya a presentar estas querellas, pero en el entorno del empresario se insiste en que se formularán las oportunas denuncias. La acción penal podría haberse encargado a otro despacho más especializado en este tipo de asuntos.
Y todo esto está ocurriendo cuando la jueza número 19 de Madrid, que ha sido encargada de la causa, no ha decidido, todavía, iniciar las oportunas diligencias como es la toma de declaración de Alberto González, las cuatro personas implicadas, y los representantes de las ocho sociedades mercantiles referidas en el escrito del ministerio público. Mientras esto no ocurra, todo lo que se está hablando forma parte de un ámbito social ajeno a la justicia. Juicios paralelos no, por favor.
