Las “ranas” de Isabel Díaz Ayuso

Cuando a Esperanza Aguirre le estalló el caso Púnica comentó que le “habían salido ranas” algunos de sus colaboradores. Se refería a los altos cargos del Partido Popular de Madrid y del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que fueron imputados judicialmente por haber participado en la trama de corrupción. Ahora, a su ilustre alumna, Isabel Díaz Ayuso, comienzan a salirle “ranas” entre sus más directos colaboradores. La diferencia es que Aguirre se quitó de en medio a sus “ranas” y Ayuso las asciende, como es el caso de la alcaldesa de la localidad madrileña de Arroyomolinos, Ana Millán. Imputada en un asunto de corrupción, de esos que llaman “de libro”, Díaz Ayuso la ha nombrado vicesecretaria Organización Territorial, en la práctica la número tres del PP madrileño, y se dice que está destinada a ocupar una consejería después del 28-M si es que los conservadores mantienen el poder en la CAM.

Ana Millán comenzó a ser investigada judicialmente en el caso Púnica. Cuando era concejal de juventud y deportes, adjudicó más de 675.000 euros de manera irregular en la organización de eventos y festejos. Se empezó a investigar su relación con el empresario José Luis Huerta Valbuena, conocido por estar implicado en una de las piezas separadas del caso Púnica que investigaba el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

Huerta Valbuena era el dueño de la empresa Waiter Music, que obtuvo contrataciones para organizar eventos lúdicos en varias localidades madrileñas. En Arroyomolinos, la relación de la entonces concejala de juventud y deportes, Ana Millán, con Huerta Valbuena data de 2004. A partir de ese momento, Waiter Music se hace con la organización de los conciertos y eventos de la localidad. En diez años, las empresas de Valbuena obtienen 602.308,55 euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

Cuando el caso Púnica pasa a manos del juez Manuel García Castellón, éste, en un auto, llega a decir que “es especialmente particular la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena. Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”. Y no lo dice un magistrado hostil hacia el PP sino el mismísimo García Castellón.

Pero sólo se investigaban las actuaciones llevadas a cabo desde 2004 hasta 2008. La sombra de la prescripción impidió que se continuase indagando la relación de Millán con Huerta Valbuena. García Castellón se inhibió en favor de un juez de la localidad de Navalcarnero para que siguiese con una instrucción de la que ya no era competente. Ahora se trataba de otro empresario, Francisco Roselló. Ya no era terreno de la operación Púnica, pero se seguían rastreando adjudicaciones y la aparición de 44.462,7 euros procedentes de la cuenta de la empresa de Roselló, Neverland, que habían ido a parar a la alcaldesa.

El juez decide llamar a Millán y a Roselló en calidad de investigados. Un empleado de Neverland declaró, en el juzgado, que era el titular del alquiler de un ático propiedad de la alcaldesa, por el cual pagaba una cantidad cuyo receptor, en primera instancia, era su jefe quien, luego a su vez, se la retornaba multiplicada por dos a Millán. Todavía a estas alturas no han podido explicar por qué si el alquiler era de 500 euros Millán recibía 900 que, además, no entregaba el inquilino sino una persona beneficiaria de adjudicaciones municipales.

Las sospechas se incrementaron cuando Roselló contrató a la hermana de Ana Millán. Isabel Millán llegó a facturar 93.522,60 euros como trabajadora social. La pareja de la alcaldesa también fue colocada por Roselló. Sueldo de 37.508,74 euros anuales como conserje en una UTE (Unión Temporal de Empresas). En su cuenta bancaria aparecen ingresos sin aparente justificación que, declaran como “producto de sus trabajos en la noche madrileña”.

Ana Millán es una profesional de la política que está muy vinculada con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la CAM ha demostrado, en varias ocasiones, que no se asusta ante los jueces. Hace unos días contestó, cuando se la pregunto por las posibles implicaciones judiciales en los llamados protocolos de la vergüenza, que “muy bien, que se procese al exconsejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero”. En cuanto a las comisiones obtenidas por su hermano en la venta de mascarillas, nunca pestañeó y cuando, al final, el caso se archivó judicialmente, se encargó de exigir “perdón a todos aquellos que atacaron a mi familia”.

A Ayuso no le van a salir “ranas” como a Esperanza Aguirre. Es más dura que su “maestra”.