Lo jueces no quieren investigar las acciones policiales contra los independentistas catalanes

Las fechorías de la llamada policía política del ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy ocupan la totalidad del Caso Catalunya que se debate en una comisión del Congreso de los diputados. El cabecilla de las fabricaciones de pruebas contra los independentistas catalanes es el excomisario de policía, José Manuel Villarejo, cuyas actividades se investigan en las diligencias que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la llamada Operación Tándem.  Pero el magistrado rechazó incluirlas en el sumario. Así ocurrió con la línea de investigación abierta por los Mossos a raíz del descubrimiento de las conversaciones de Villarejo en las cuales el excomisario reconoce haber recibido el encargo de vincular al entonces mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, con el Caso Macedonia. La brigada política de Interior quería que a Trapero se le relacionase con una presunta protección a la familia Jodorovich, acusada de narcotráfico.

En septiembre de 2021, el entonces jefe de la Comisaría General de Investigación de los Mossos, Toni Rodríguez, envió un escrito de 18 páginas a la Audiencia Nacional en el cual manifestaba que había indicios suficientes para intentar esclarecer una operación sibilina que había buscado desacreditar a Trapero y a distintos colaboradores del cuerpo e involucrarlos en un asunto de drogas. Se aportaba una conversación grabada por Villarejo, el 3 de noviembre de 2009, en la que intervienen el inspector de policía Antonio Giménez Raso, y el ex comisario de la UDEF, José Luis Olivera, en la que hablan de reabrir la ‘operación Gamba Roja’ sobre el robo de una partida de droga en un contenedor bajo vigilancia, el ‘caso Rivera y Saratoga’ en el cual un policía estaba extorsionando presuntamente a los responsables de un club nocturno en Barcelona, y la ‘operación Lince’, relacionada con tráfico de drogas y blanqueo de dinero. El informe remitido a la instancia judicial revela que en esa conversación y en las anotaciones de las agendas de Villarejo se intenta vincular al jefe de la policía catalana con esas operaciones mediante la fabricación de pruebas falsas. García Castellón contestó que no veía relación entre este asunto y el Caso Tándem, a pesar de que en el mismo hay abiertas más de cincuenta líneas de investigación contra el excomisario. Eso sí, el juez dejó abierta la posibilidad de que, en un futuro, se procediera a abrir una nueva pieza separada,” si surgiere algún indicio ulterior, pudiesen llevarse a cabo las diligencias de investigación oportunas».  A eso es a lo que se aferran los abogados de Trapero para denunciar la persecución de que fue objeto su cliente.

A pesar de la existencia de evidencias sobre la persecución de que fueron objeto los líderes independentistas durante el Procès, sobre todo por parte de la llamada brigada política del ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz, los jueces han archivado casi todas las denuncias presentadas. Sólo un juzgado de Andorra tiene abierta una investigación por las presuntas extorsiones que sufrieron los directivos de Banca Privada Andorrana para que confirmasen la existencia de una cuenta en la entidad con la fortuna oculta de la familia Pujol Ferrusola. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se niega a tramitar las comisiones rogatorias enviadas por la instancia judicial del principado para que se investiguen las actividades del exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el comisario Bonifacio Díez, de los que se dice que fueron los principales cabecillas de la Operación Catalunya, y del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Todos ellos fueron llamados a declarar en calidad de imputados, pero nunca se han presentado.

La única condena relacionada con la Operación Catalunya es la del pendrive que contenía pruebas manipuladas sobre actividades irregulares del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. El TSJM condenó a Eugenio Pino a un año de cárcel por revelación de secretos, una condena que está recurrida ante el Supremo. Las ramificaciones de este asunto están en manos del titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye el llamado Caso Pujol. Lo curioso es que este sumario también debería haberse incluido en la instrucción de la operación Tándem de García Castellón ya que fue un socio de Villarejo el que acompañó a Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, considerado el cerebro económico de la familia, a interponer la denuncia contra la familia en 2012. Sería lógico que la instrucción se remitiese al juzgado número 6, pero eso no ha sucedido.

Y poco más. El juez número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, tiene abiertas algunas diligencias, pero su juzgado está saturado de causas hasta tal punto que ha necesitado la designación de una compañera de refuerzo. Al candidato de Junts Per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trías, se le acusó de tener dinero oculto en Suiza. Presentó una denuncia contra los periodistas que difundieron la información. El juzgado les absolvió al considerar que “comprobaron, de acuerdo con los cánones de la profesión, que existía una información recibida por la policía nacional, considerada fiable y actuaron en el ejercicio del derecho constitucional de libertad de información”. Entonces se desconocía la existencia de la brigada política. Otros objetivos de la Operación Catalunya, el expresidente del Barça, Sandro Rosell, el exconseller de Economía y exdirectivo de La Caixa, Jaume Giró, el exjefe de la Policía en Catalunya, Narciso Ortega, la familia Sumarroca, y los banqueros de la entidad andorrana BPA, presentaron denuncias en varios juzgados que fueron archivadas. Sólo sigue vigente la de la familia Sumarroca, a cuyo patriarca, Carles Sumarroca Coixet, se le acusó de ser el testaferro de Jordi Pujol en el asunto de su fortuna oculta. Los Sumarroca presentaron una querella que ha pasado por varias instancias: del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, y de ahí a los juzgados de la plaza de Castilla. En esta querella se acusa a la senadora, Alicia Sánchez Camacho, de haber efectuado encargos a José Manuel Villarejo para fabricar pruebas en contra de simpatizantes del soberanismo catalán.

Lo significativo de este asunto es que, al ser uno más de los “negocios” de José Manuel Villarejo que están siendo investigados por el juez García Castellón, éste debería haber reclamado las causas. Pero no ha sido así. Tal vez porque hay implicada una dirigente del PP y ya se sabe lo que le ocurre al juez en esos casos. Lo que no puede decir es que son demasiados los asuntos de la operación Tándem porque tiene casi medio centenar de investigaciones abiertas. Y una más no le puede suponer mayor carga de trabajo de la que tiene.