De los 56 juzgados de instrucción con que cuenta Madrid, el número 19 es el que menos gusta a los abogados porque su titular, la jueza Inmaculada Iglesias, no es de la que admite a trámite cualquier causa. Primero estudia minuciosamente el escrito de denuncia y luego toma una decisión sólo si encuentran indicios suficientes como para poder llevar a cabo una investigación de tipo jurídico sin dejarse llevar por la repercusión mediática que el caso pueda tener. Ocurrió con la demanda presentada por Esteban Gómez Rovira, un abogado vinculado a la extrema derecha fallecido en 2021, quien denunció al gobierno por no tomar medidas el 8 de marzo de 2020 cuando ya se conocía la gravedad de la pandemia del coronavirus. Además de otras querellas como la del director general del CIS, José Félix Tezanos, por “malversación de caudales públicos”.
En mayo de 2022 el letrado presentó una denuncia contra Pablo Casado, presidente del Partido Popular, por haber manifestado públicamente que el hermano de Isabel Díaz Ayuso había cobrado comisiones por la compraventa de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a la empresa de un amigo de la familia. Le atribuía un delito de revelación de secretos. La jueza entendió que la acusación de Gómez Rovira se basaba solo en “meras sospechas o hipótesis”. Se negó a poner en marcha una investigación “prospectiva” contra los dirigentes del PP, Casado y Egea, basándose en “suposiciones” del denunciante. Y ese rechazo generó cierto rechazo hacia la jueza que, desde entonces, figura entre los instructores de los juzgados de Madrid considerados “mas huesos” y a los cuales no es nada fácil colarles un asunto que puede estar manipulado. De hecho, además, algunos medios de comunicación confunden esa denuncia con las investigaciones al hermano de la presidenta de la CAM, Tomás Díaz Ayuso, que nunca llegaron a un juzgado. Nada que ver una cosa con la otra.
Lo que el letrado buscaba era lograr cierta notoriedad con este asunto mediante la puesta en marcha de una investigación paralela a la que la fiscalía anticorrupción había puesto en marcha sobre el asunto de las mascarillas del hermano de Ayuso. Gómez Rovira hablaba de revelación de secretos, algo inconsistente bajo el punto de vista jurídico porque las declaraciones de Casado sí tuvieron repercusión, pero de tipo político. Si lo que se pretendía era saber si en la actuación de Tomás Diaz Ayuso había indicios de delito no se logró ese objetivo con la denuncia presentada en el juzgado 19. La fiscalía anticorrupción decidió archivar la investigación de la denuncia, presentada por la izquierda de la Asamblea de Madrid, por entender que “la hipótesis delictiva planteada por los denunciantes se fundamentaba en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo ni de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”. Anticorrupción exculpó a Díaz Ayuso, señalada por la oposición, porque “no consta intervención directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”.
Ahora toca decidir si la jueza admite a trámite la demanda de la fiscalía a la que se unirá la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, ya que, en principio, a Alberto González Amador se le acusa de no haber abonado a la hacienda pública 350.000 euros, la cuota resultante de no haber declarado 1,7 millones de ingresos en el Impuesto de Sociedades como consecuencia de las comisiones que cobró durante la pandemia por intervenir en la compraventa de mascarillas.
Además, las investigaciones pueden ampliarse a la comisión de otros delitos al utilizarse un sistema de facturas falsas giradas por empresas que, en realidad, no habían realizado ningún servicio para González Amador pero que sirvieron para aminorar la carga fiscal de la sociedad principal de la pareja de la presidenta de la CAM durante dos años. La calificación de estos hechos va desde la falsedad en documento mercantil sancionada, según la tipología, con penas que van de seis meses a tres años de cárcel y multa de seis a doce meses, al blanqueo de capitales, de seis meses a dos años y multa del triple del valor obtenido.
La ley califica la comisión de un delito fiscal si la cantidad defraudada excede los 120.000 euros. Se castiga con penas que van de uno a cinco años, y multa por un total de seis veces dicha cantidad. Lo que ocurre es que, hasta ahora, sólo se ha hablado de una cantidad menor de la que, en realidad, puede haberse defraudado. La cuota de 350.000 euros no ingresada puede ser mucho mayor si se investigan otras cantidades que pueden figurar en empresas radicadas en el exterior como una en el paraíso fiscal de Panamá, Insumos Médicos del Pacífico, en la que también figura el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Cabe recordar que el grupo Quirón gestiona cuatro hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
Inmaculada Iglesias debe ser consciente de que si admite a trámite la denuncia de la fiscalía va a instruir una causa que puede convertirse en compleja. Pero conviene recordar que la magistrada no teme meterse en “asuntos complicados”. Condenó a Federico Jiménez Losantos a pagar una multa de 36.000 euros “por poner en boca del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, cosas que no dijo” en referencia al 11-M. Abrió una investigación por “el trato denigrante” de los agentes policiales a 69 internos del CIE, Centro de Internamiento de Inmigrantes de Aluche, (Madrid), en 2019, formando parte del llamado grupo de tres jueces de control, los encargados de velar por la garantía de los derechos fundamentales en dicho centro. Y, tiene abierta una instrucción por el incendio en la residencia de la tercera edad, Juan XXIII, de Aravaca, donde murieron tres ancianas y en la que se han detectado varias deficiencias en las salidas de emergencia.
Por lo tanto, el asunto de la pareja de Díaz Ayuso está en buenas manos. A pesar de lo dicho por algunos medios, la jueza 19 de Madrid está preparada de sobra para esclarecer este asunto.
