A sabiendas de que un acuerdo de gobierno es un documento flexible y genérico, Ecologistas en Acción considera que el acuerdo de gobierno alcanzado por PSOE y Sumar, «si bien contempla medidas que pueden suponer mejoras puntuales que palien la grave crisis social y ambiental actual, sigue estando muy lejos de las necesidades que tiene la sociedad española en este momento histórico», marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el crecimiento de la desigualdad social y el aumento de la militarización, la guerra y la represión.
En estas circunstancias, la organización ecologista señala que el acuerdo «carece de ambición, omite medidas fundamentales y no afronta la complejidad de la crisis por lo que, de ser llevado a cabo, no solucionará los problemas socioambientales».
La organización celebra el aumento de la progresividad fiscal y el avance en la fiscalidad verde. Sin embargo, en materia económica, cree que «el crecimiento sigue siendo un dogma que el acuerdo refuerza desde sus primeras páginas, así como la internacionalización de las empresas, el ingrediente fundamental del modelo de globalización neoliberal». Dicen que, en un mundo limitado, en el que ya se consumen más recursos de los que pueden soportar los ecosistemas, «seguir apostando por el crecimiento de la economía y de las empresas supone agravar la crisis ecológica y social».
Ecologistas en Acción cree que la necesidad de que las empresas sigan dando beneficios «ha secuestrado la transición ecológica, como muestra el actual despliegue de energías renovables que ha obviado los criterios ecológicos para atender a la especulación».
En su valoración sobre el acuerdo PSOE-Sumar enfatiza que, en un momento de pérdida adquisitiva de la población más vulnerable, un estudio del FMI de julio de 2023 recogía «que los beneficios empresariales son responsables de un 45% de la subida de los precios, por encima del encarecimiento de las materias primas. Por ello, todo acuerdo que pretenda abordar la transición ecológica con una perspectiva de equidad social debe comenzar cuestionando el crecimiento económico y el reparto de beneficios empresariales, así como los tratados comerciales internacionales, que promueven el monocultivo industrial, la deslocalización de la producción y la pérdida del pequeño comercio local».
Y claro, dice la organización que, sin estos mimbres «impulsar una transición ecológica justa» anuncia un claro continuismo «con el enfoque del capitalismo verde, en la que las elites acaparan la riqueza y donde el decrecimiento y reparto en el consumo de energía y materiales no aparece ni retóricamente».
Sin mención a la Estrategia de Biodiversidad
En palabras de Ecologistas en Acción, resulta «muy preocupante» que el acuerdo PSOE-Sumar «no incluya ninguna mención a la necesidad de aplicar en España la Estrategia de la Unión Europea de Biodiversidad para 2030» y, lo que todavía califican de más más grave: «La necesidad de aplicar durante la presente legislatura el Marco Global Kunming-Montreal». Se trata de un acuerdo mundial, firmado por España, que incluye la Visión 2050 de “vivir en armonía con la naturaleza” y 23 metas orientadas a detener la pérdida de biodiversidad mediante la adopción de medidas urgentes hasta 2030.
Considera que para lograr el cumplimiento de este acuerdo global es esencial que el próximo gobierno apruebe una hoja de ruta detallada que favorezca la participación de todas las administraciones españolas, y que «debería incluir medidas básicas como modificar o eliminar los incentivos perversos para la biodiversidad, adecuar las políticas sectoriales a la conservación de la naturaleza, reducir sustancialmente la utilización de plaguicidas y fomentar la renaturalización de las ciudades».
La destrucción de la naturaleza está teniendo graves consecuencias para muchos sectores económicos, para la salud humana y para la propia supervivencia. Por ello, la organización considera que «frenar la pérdida de biodiversidad debería convertirse en la prioridad de esta legislatura», pues critican que durante las últimas décadas, con gobiernos de diferente color, «no se le ha prestado la necesaria atención».
Minería ligada a la digitalización
Una de las nuevas amenazas a la biodiversidad es el auge de la minería ligada a la digitalización. «La primera aparece en el acuerdo como algo a impulsar acríticamente, obviando los requerimientos de materiales y energía para llevarla a cabo, así como el aumento de los problemas derivados del aumento del control social». Mantienen también que «el impulso de las energías renovables supone un mayor requerimiento de materiales. Por ello, no parece de recibo que la minería no forme parte del acuerdo. Un mínimo sería recuperar la propuesta de ley de minas presentada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la legislatura anterior, para derogar la ley de minas preconstitucional actual».
Asimismo, llama la atención, manifiestan, «la falta de menciones al Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que debe aprobarse durante la Presidencia Española del Consejo de la UE. Para la naturaleza española es esencial contar con un Reglamento de Restauración de la Naturaleza exigente, y que el gobierno español apruebe poco después de la aprobación del Reglamento un buen Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza».
Una política energética «continuista»
En materia energética, Ecologistas en Acción considera el acuerdo «muy continuista con la política llevada a cabo los últimos años y, por lo tanto, lejos de la ambición que requiere la lucha contra el cambio climático». Aunque el acuerdo menciona expresamente que se elevará la ambición, dicen que los objetivos concretos «son los mismos que los planteados por el PNIEC, alejados de la reducción de un 50% de las emisiones para 2030 respecto a los valores de 1990 que recomienda la comunidad científica».
Si bien el documento, concreta algunos problemas que el movimiento ecologista lleva años reclamando, como la compatibilidad con la biodiversidad, el crecimiento del autoconsumo, la planificación del hidrógeno o la transformación industrial, explican que «se sigue insistiendo en aspectos no deseables como la redacción del permitting (aceleración de implantación de renovables sin suficientes garantías de participación pública) y no se concreta cómo se va a poner coto al oligopolio, que de facto controla el mercado e impide la puesta en práctica de estas propuestas. Asimismo, es una omisión importante que no se hable de medidas necesarias como el fin del gas».
El comercio global ahoga a la pequeña producción local
Respecto al transporte citan algunos aspectos positivos como las medidas –sin concretar– para impulsar el transporte ferroviario, tanto de personas como, especialmente, de mercancías. También valoran positivamente la propuesta de incrementar el parque de vivienda pública hasta el 20%, «que puede tener un efecto muy positivo en la reducción de desplazamientos obligados, si se facilita que las personas puedan vivir cerca de donde trabajan, estudian, o cuidan». Esto podría suponer «una reducción de los impactos negativos del transporte la potenciación del comercio local y de los productos con menor huella de carbono, como promueve uno de los puntos del acuerdo, pero eso es incompatible con la externalización de las empresas; el comercio global ahoga a la pequeña producción local».
Carencias en transporte
Sin embargo, entienden que el acuerdo «tiene graves carencias en materia de transporte» y afirman que «más que subvencionar títulos de transporte hace falta una verdadera ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte público que favorezca a las clases más vulnerables. Tampoco aborda el necesario abandono del modelo basado en el coche privado. En cambio, fomenta la compra del coche eléctrico, que no es extensible a toda la población. El acuerdo no dice nada sobre contaminación atmosférica o reducción de emisiones asociadas al transporte en ciudades. Tampoco se menciona la recuperación de las líneas nocturnas de ferrocarril. Presenta una medida estelar reclamada por el movimiento ecologista: la prohibición de los vuelos cortos pero, en la práctica, dado que incorpora los vuelos de conexión con aeropuertos hub, la medida queda como algo puramente testimonial».
La ciudad como un activo inmobiliario
Respecto a urbanismo, apuntan que «no menciona ni una sola vez la palabra ciudad». Y creen que, en un momento en el que numerosos ayuntamientos «están construyendo conurbaciones al servicio de intereses financieros y negando el derecho a la ciudad, se hace imprescindible reivindicar ciudades diseñadas para servir a las necesidades ciudadanas. Recuerdan que, en los últimos años, «la mayoría de las comunidades autónomas están legislando en contra de la sostenibilidad urbana para vender la ciudad como un activo inmobiliario. Los negocios turísticos y hosteleros desplazan al uso residencial y expulsan a sus habitantes a los extrarradios o a las coronas metropolitanas, haciendo cada vez más inaccesible el derecho a la vivienda». Y también consideran «clave proteger el poco litoral que queda sin masificar y poner coto a nuevos proyectos urbanísticos, a través de un plan de protección de nuestras costas, que aspire por otro lado al vertido cero y la contaminación cero. En el acuerdo no existen medidas de corrección de los problemas urbanísticos, y los de accesibilidad a la vivienda se derivan a la ley de vivienda de la pasada legislatura, que supuso una gran decepción por su incapacidad para detener el mercado especulativo».
El suelo rural y sus usos
Otro de los aspectos que pone de relieve Ecologistas en Acción al valorar las medidas contenidas en el acuerdo de gobierno PSOE-Sumar es el suelo rural y la desaparición paulatina de los usos propios (agropecuario, forestal). «Se van sustituyendo por usos vinculados al turismo (hostelería, espectáculos) que van degradando los valores naturales y dificultan la convivencia en los núcleos urbanos tradicionales. El avance del urbanismo disperso y expansivo continúa siendo un grave problema para la gestión municipal y para la extinción de incendios forestales. Aunque es necesario poner freno a esta dinámica, el acuerdo no menciona nada al respecto»
Bajo la lupa de los ecologistas «en materia agrícola, ganadera y de pesca, el acuerdo recoge propuestas interesantes como la promoción de la agroecología, la promoción de la ganadería extensiva o la limitación del regadío», pero puntualizan que «en un contexto de emergencia climática, el regadío debe reducirse más allá de los pozos ilegales, pues de otra manera no se cumplirán los caudales ecológicos y se esquilmarán los acuíferos». Creen que hay que recuperar los cultivos tradicionales de secano que en la actualidad funcionan en regadío. Asimismo, las medidas de apoyo a la agroecología y ganadería extensiva «no pueden funcionar sin poner coto a la agroindustria y a la agricultura de exportación».
Fomento de la alimentación de pescado sostenible
En materia de pesca se incluyen medidas relativas al fomento de la alimentación de pescado sostenible o un plan de descarbonización de la flota pesquera «que se consideran convenientes, pero desde la perspectiva del medio marino el plan es muy deficiente. En primer lugar, faltan medidas que aseguren la conservación de la biodiversidad marina, dotando los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de protección del 30% de la superficie marina en las aguas españolas –el 10% de forma estricta– donde los espacios marinos protegidos se acompañen de planes de gestión eficaces y adaptativos, desarrollados de manera participativa, con objetivos claros y presupuesto suficiente», detallan.
Para Ecologistas en Acción es fundamental darle prioridad a la implementación de la nueva ley de pesca sostenible e investigación pesquera (Ley 5/2023), en especial cumpliendo con el compromiso de la aprobación del Real Decreto sobre el reparto de las oportunidades de pesca justo, que incentive una pesca más responsable ambiental y socialmente al considerar el impacto sobre el ecosistema y el beneficio a las comunidades pesqueras y sus trabajadores. Por último, en línea con la implementación de la ley de pesca, afirman que «se echa en falta una medida que garantice la ejecución del Plan Nacional para la Reducción de las Capturas Accidentales en la Actividad Pesquera, incluyendo en el mismo a uno de los grupos de especies más vulnerables a la pesca accidental: los tiburones».
Derogación de la Ley Mordaza
Finalmente, la organización añade que «ante el auge de la militarización, del control social y de la represión a los movimientos sociales, considera necesario dar un giro de 180 grados a esta deriva autoritaria. Por ello es una buena noticia que el acuerdo contemple la derogación de la Ley Mordaza, aunque esta medida también estuvo contemplada en el acuerdo de la pasada legislatura y no llegó a materializarse. Pero es muy grave y decepcionante que no se contemplen medidas de reducción del gasto militar –que se encuentra en máximos históricos– y de promoción de la cultura de paz».
