Los grandes bufetes de abogados consiguen la impunidad de los bancos gracias a las puertas giratorias

Los bancos tienen servicios jurídicos propios. Pero, además, contratan a los grandes bufetes de abogados de España para resolver sus asuntos de envergadura. Santander, BBVA y Bankinter han contactado con especialistas en fiscalidad para recurrir ante los tribunales el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios que generan. Deloitte Legal ya se ha postulado y ha puesto a sus abogados expertos en materia fiscal a las órdenes de los bancos que quieran contratarlos. Deloitte Legal factura 132,6 millones de euros al año. Es el sexto bufete con mayor número de ingresos de España.

Con el fin de dar servicio a la banca, el despacho Broseta ha incorporado como socio director del área bancaria y financiera a Carlos Gutiérrez Garzón quien trabajó para varias entidades financieras y ha sido secretario del consejo de administración de Bizum, el proveedor de servicios de pago inmediato fruto de la colaboración de 34 entidades financieras. Su fichaje por el despacho de Broseta tiene mucho que ver con la nueva estrategia del bufete de prestar servicios a la banca, sobre todo en lo que se refiere al área fiscal, la que mayor movimiento requiere en el sector. Broseta pretende, así, dar el salto en materia de ingresos. Actualmente ocupa el puesto 28 en materia de facturación con 27,5 millones anuales.

Otro despacho que también ha contratado los servicios de un experto en materia financiera es Ramón y Cajal. Su presidente, Pedro Ramón y Cajal, es abogado del estado en excedencia desde 1986 y trabajó con el equipo del ministro de economía, Miguel Boyer, como subdirector general de recursos de economía, hacienda y comercio. Por lo tanto, conoce a la perfección el sector público y sabe que la banca necesita expertos en dicho sector para poder moverse mejor en los tribunales de justicia. Y por eso ha contratado a la exvicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Fernández. El bufete Ramón y Cajal se encuentra un puesto por debajo de Broseta en el ranking facturando, anualmente, 26,4 millones.

Ramón y Cajal no es el único despacho que ha contratado especialistas del sector público. Linklaters ha captado al ex director de la asesoría jurídica de Adif, Borja Fernández de Troconiz.  CMS Albiñana Suárez & Lego tiene en nómina, desde hace ya algún tiempo, a la secretaria general del PP en tiempos de Rajoy, María Dolores de Cospedal. Broseta también ha incorporado a Rosa Vidal, inspectora de la AEAT y experta en materia fiscal, que trabajará con Gutiérrez Garzón en los recursos que se presentarán en los tribunales contra el impuesto especial, y a Tomás Peña que fue jefe del servicio jurídico de la Agencia Tributaria.

Pero quien se lleva la palma de la mano en lo que a relaciones con la banca se refiere es la que fue vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. Es vocal del Consejo de Estado, cargo que compatibiliza con un asiento en el consejo de administración del segundo bufete por facturación en España, Cuatrecasas, donde, además, es socia. Cuatrecasas ingresa 285,9 millones de euros anuales y aspira, gracias a las relaciones que mantiene con los asesores de la patronal de la Banca, la AEB, de hacerse con la mayor parte de los gastos que van a suponer los recursos contra el impuesto que presentaran las entidades financieras.

Uría Menéndez, además de ser el despacho de cabecera de Banco Santander y de Ana Patricia Botín, colabora activamente con BBVA, sobre todo en lo que se refiere a los procesos en los que la entidad se encuentra implicada, como es el caso Tándem del excomisario de policía, José Manuel Villarejo. Recientemente sus abogados han logrado sacar de un buen apuro a la entidad. La Agencia de Protección de Datos les había impuesto una multa de 5 millones de euros por dirigirse comercialmente a clientes que se habían opuesto a ello. La Audiencia Nacional ha fallado a favor del recurso que presentaron y no tendrán que abonar la multa.

Pero donde BBVA se ha volcado contratando los servicios de Uría Menéndez es en un asunto que puede llegar a tener su trascendencia a medio plazo. Se trata de la demanda que ha presentado una pyme para que se frene la ejecución de uno de los créditos avalados por el ICO con motivo de la pandemia. Los socios de la pyme han demandado al segundo banco español después de que este les comunicara que deberán responder con su patrimonio personal presente y futuro por el 100% de un préstamo que creían avalado al 80% por el Instituto de Crédito Oficial. El asunto lo está llevando el socio de Uría Menéndez desde 2019, Carles Vendrell. El bufete es el tercero en facturación, con 206,8 millones anuales.

Cuatrecasas, por su parte, asesoró a Santander en la salida a bolsa de Soltec hace dos años. El despacho mantiene un contacto permanente con las dos grandes entidades financieras del país. José Luis Rodríguez, Ignacio Escrivá y Juan Aguayo son los encargados por parte del bufete de asesorar a los núcleos duros de Ana Patricia Botín y de José Ignacio Goirigolzarri. Sobre este último cabe destacar que en la entidad que preside todavía hay participación pública. De ahí que Cuatrecasas haya acudido al mercado buscando algún experto en el sector público que se quiera incorporar al despacho. Esto da la medida de la estrecha colaboración del bufete con el banco. Cuatrecasas es el segundo bufete español por facturación. Concretamente, 285,9 millones al año

Pero es el número uno por facturación, Garrigues, el que cuenta con mayor experiencia en materia de derecho bancario. Tan es así que tiene un área especializada en la materia que presta asesoramiento en operaciones bilaterales y sindicadas de financiación corporativa, financiación de adquisiciones y de activos, mercado secundario de préstamos, refinanciación de empresas en crisis, y adquisición de préstamos morosos. Los socios de Garrigues llevaron a cabo las operaciones de venta de activos tóxicos de Santander, sobre todo los referidos a los créditos dudosos de Santander Consumer. Y, últimamente, las tareas de asesoría se han centrado en el ámbito de las infraestructuras públicas y de la energía. El equipo de abogados de Derecho Bancario y Financiero de Garrigues está especializado en el área de banca de consumo, en operaciones de factoring, leasing, renting, confirming, tarjetas de crédito, financiación hipotecaria, financiación de activos y materias primas, y de comercio exterior. Además, asesora en la prestación de servicios financieros a distancia. El bufete ocupa el primer lugar en cuanto a facturación se refiere, con 361 millones anuales.

La gran banca española va de la mano de los más influyentes bufetes de abogados del país. No es de extrañar. Lo chocante es que sus gestores tienen excelentes servicios jurídicos con abogados tan buenos o más que los mejores socios de estos despachos. Lo que ocurre es que hay muchos intereses creados. Su naturaleza es difícil de averiguar porque ambos sectores no tienen fama, precisamente, de ser transparentes. La opacidad es su característica. Y ellos la justifican en aras a un buen servicio para sus clientes. Ya se sabe: que si secreto bancario que si discreción de los abogados hacia sus clientes… En fin, nada nuevo bajo el sol.