La sala segunda del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, va a admitir a trámite la petición del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y abrirá una causa contra Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo en el llamado Caso Tsunami. Otra sala, muy controvertida, la de Lo Contencioso Administrativo, condena al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “por su absoluta inobservancia de la ley de Extranjería” en el asunto de la devolución de menores de Ceuta a Marruecos, en 2021. Y para rematar la faena, los cuatro magistrados conservadores del Tribunal Constitucional califican de “inadmisible” la sentencia que ampara al exdiputado Alberto Rodríguez, en un voto particular conjunto. En el otro lado, los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial amenazan con dimitir en bloque si los conservadores no les tienen en cuenta a la hora de elaborar resoluciones, y más concretamente, sus alegaciones en el informe que sobre la amnistía deben de elaborar a petición del Senado. La guerra entre los jueces es una evidencia cuyo análisis no se puede pasar por alto. Se ha roto el consenso en la magistratura. La guerra está servida.
Las radicales diferencias entre los jueces de signo progresista y los conservadores se han hecho cada vez más notorias cuando estos últimos han decidido instrumentalizar la carrera judicial en su batalla contra el gobierno progresista. Y no sólo en lo que a la ley de amnistía se refiere cuya beligerancia es absoluta, sino también en otros asuntos como es en la Operación Catalunya. Sin fundamento alguno propagan a los cuatro vientos, utilizando para ello la cobertura de la derecha mediática, que el Congreso va a llamar a numerosos jueces para que manifiesten si hicieron lawfare en las acciones judiciales llevadas a cabo contra el independentismo catalán en los años del procès.
Paralelamente, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha abierto una investigación en torno a las acciones de descrédito llevadas a cabo por el ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra Martín Rodríguez Sol, que fue fiscal jefe hasta 2013, por su presunta vinculación al independentismo catalán. Y, de momento, no se han abierto más actuaciones, salvo las desclasificaciones de los documentos sobre el espionaje a los altos cargos de la Generalitat en la llamada “operación Pegasus” en manos del juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
La comisión de investigación del Congreso apenas ha comenzado sus trabajos y no ha tomado ninguna determinación sobre las comparecencias. Se sabe, eso sí, que se llamará al magistrado del Supremo, Pablo Lucas, por ser el encargado de supervisar judicialmente las acciones del servicio de espionaje, CNI. Aunque todavía no se ha concretado esa comparecencia formalmente, Lucas, en privado, ha mostrado su disposición a declarar. Este juez es de signo progresista y no va a secundar la resolución del Consejo General del Poder Judicial de no acudir a las citaciones de esta comisión de investigación en un claro llamamiento a la desobediencia contra otro poder del Estado, el legislativo.
Los obstáculos para esclarecer las responsabilidades penales en la llamada Operación Catalunya no cesan. Después de dos años, el juez García Castellón se ha negado a incluirla en la macrocausa contra José Manuel Villarejo a pesar de que en casi todas las acciones denunciadas aparece el excomisario de policía o sus empresas. El juez rechaza el recurso presentado por Jordi Pujol Ferrusola contra su negativa, de noviembre de 2021, a abrir una investigación dentro del caso Tándem. Según el instructor, Jordi Pujol Ferrusola no puede tener “la consideración de perjudicado” por las actividades de Villarejo y, en cualquier caso, el intento de chantaje a la banca andorrana BPA para dar con números de cuenta de la familia debe investigarse en el principado pirenaico, pero no en España. García Castellón parece haberse olvidado de la posición que mantuvo, hace treinta años en la instrucción del Caso Banesto, argumentando la extraterritorialidad de la acción judicial cuando solicitó las comisiones rogatorias a Suiza para interrogar a los administradores de fortunas, Renato Galleti y Paolo Gallone, sospechosos de ser los testaferros de Mario Conde detrás de los cuales se ocultaba la fortuna oculta que había obtenido de manera ilegal el exbanquero de Tuy.
Manuel García Castellón facilita la tarea de obstrucción a la justicia andorrana del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que frenó la petición de comisión rogatoria de la jueza número 2 del Principado, Stéphanie Garcia Garcia, la cual tiene abiertas diligencias en torno al chantaje efectuado a los directivos de la BPA, Banca Privada Andorrana, para que confirmasen la existencia de una cuenta con la fortuna oculta de la familia Pujol Ferrusola. A pesar de estar investigado en esa causa, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, no ha respondido a los llamamientos de la magistrada para que declare. Ni él ni los altos mandos policiales también imputados. No es de extrañar que Rajoy haya reaccionado a la posibilidad de que tenga que comparecer en el Congreso de los diputados con un “lo tienen crudo”.
No tienen miedo porque saben que cuentan con el apoyo activo de la derecha judicial. Pero el minoritario sector progresista ha dicho basta. Y han decidido pasar a la acción. La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia recomienda a sus afiliados que se opongan públicamente a todas aquellas acciones de sus compañeros conservadores que supongan una interferencia en la acción política. El problema es que la composición de las instancias judiciales superiores, desde las audiencias provinciales hasta el Supremo, es conservadora.
Cabe una opción: la oposición activa a este tipo de maniobras. Y es lo que va a ocurrir. En las próximas semanas vamos a asistir a la denuncia pública de todas las acciones judiciales que sirvan de caja de resonancia a la derecha. Y, especialmente, las que vayan dirigidas contra los independentistas catalanes y vascos. Porque los abertzales también son el objetivo de la derecha judicial después de que Alberto Núñez Feijóo advirtiera de que existe una intención por parte del gobierno de Pedro Sánchez de indultar a presos de ETA.
¿Hay alguna causa que no lleve Castellón? ¿Trabaja este hombre para el CNI? ¿Se va a tirar de la manta por fin, aunque sea lo justo para aparentar un bañito democrático?