La Sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha condenado a la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ante el recurso interpuesto por la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz, para que proceda a incoar y tramitar en el plazo de un mes los expedientes de recuperación de la plena posesión de las vías pecuarias localizadas en Jerez de la Frontera, Cañada Real de Lomopardo o de Medina, Cañada Real de Los Arquillos y Vereda de Patriste a Jimena.
Igualmente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Cádiz ha condenado a Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ante el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción de Rota, para que incoe, tramite y resuelva los procedimientos de recuperación de oficio de las vías pecuarias Colada de los Charcos, Colada de Cebollares y Colada de Cobalengo, con expresa condena en costas.
La Junta de Andalucía estableció por Acuerdo de 27 de marzo de 2001 el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual está formada por más de 30.000 kilómetros. Pese a ser bienes demaniales, al tener un uso público, tanto para su uso principal, el ganadero, como otros usos complementarios y compatibles, muchas de dichas vías pecuarias se encuentran usurpadas por colindantes, «con el consentimiento, si no expreso, sí tácito de la Administración Autonómica», sostiene la organización ecologista.
Ante la «inactividad de la Junta de Andalucía por recuperar las vías pecuarias deslindadas, intrusadas y usurpadas», explica que presentó un escrito ante la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, «con el fin de que incoaran los oportunos expedientes de recuperación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, respecto de tres vías pecuarias de Jerez de la Frontera, en concreto, Cañada Real de Lomopardo o de Medina, Cañada Real de Los Arquillos y Vereda de Patriste a Jimena, así como las Coladas de Los Charcos, Colada de Cebollares y Colada de Cobalengo en Rota». La Junta de Andalucía, pese a dicho requerimiento, dicen que «ni tan siquiera inició actuaciones previas de inspección e informes, como así se pone de manifiesto en la sentencia».
La Administración incumplió la obligación que le imponía la Ley
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entiende que «para la Administración la conservación de sus bienes constituye no sólo un derecho, sino un deber». Añade que Ecologistas en Acción «ha presentado reiteradamente escritos desde hace años, instando la recuperación de los tramos ocupados de estas vías pecuarias, sin que por la Delegación Territorial se haya tramitado los correspondientes expedientes sancionadores y de recuperación de los tramos objeto de intrusión, y sin ni siquiera constar la emisión de inspecciones e informes técnicos al respecto».
Por último, establece que no sólo el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía contempla esta obligación de la Administración, sino también la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, la cual le atribuye «la potestad de recuperación de los bienes demaniales que se hallen indebidamente en posesión de terceros, como consecuencia del deber de su custodia y conservación». Por ello, el Tribunal entiende que la Administración incumplió la obligación que le imponía la Ley, ya que es un mandato legal en cumplimiento del bien de interés general».
Más contenciosos por resolver
Ecologistas en Acción se congratula por el contenido de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, así como el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Cádiz, respecto de la obligación que compete a la Junta de Andalucía de recuperar las vías pecuarias de Andalucía, y se mantiene as la espera de que se produzcan sentencias similares, ya que, según asegura, tiene interpuestos «otros contenciosos para recuperar la propiedad pública». Igualmente, espera que «este proceder recuperatorio sea un anuncio para todos aquellos usurpadores de lo público en el sentido de desocupar de forma voluntaria lo ocupado ilícitamente».
