La opinión predominante entre la ciudadanía es que los presidentes, los ministros o los poderes legislativos de los países son los que establecen las normas sobre los sistemas financieros. Es cierto que la tributación y los sistemas financieros y monetarios son temas soberanos sobre los que el Estado ejerce un control total.
Sin embargo, no siempre sucede así. Aunque los líderes políticos nacionales tienen su papel, hay docenas de instituciones mundiales que establecen estándares y dictan normas sobre las que los dirigentes prácticamente no tienen capacidad de decisión pero, a menudo, se ven obligados a obedecerlos. Esos organismos de toma de decisión ejercen una influencia fundamental sobre el sistema financiero internacional, a pesar de que la mayoría de la gente nunca oyó hablar de ellos.
Más allá de algunos nombres familiares, como la OCDE, el G20 o el FMI, existe una extensa red de organizaciones que diseñan el funcionamiento del sistema financiero que sólo es conocida por un pequeño grupo de expertos técnicos. La integración de esos organismos es a menudo selectiva y deja gran parte del mundo mirando desde afuera.
Aunque esos grupos se reúnen a menudo en Europa y Estados Unidos, las decisiones que toman tienen un impacto que trasciende esas fronteras. Los estándares mundiales acordados se transforman a menudo en leyes nacionales en muchos países que no tuvieron voz ni voto en el proceso de establecimiento de normas. Tales estándares y normas tienen una influencia enorme en la forma de operar del sector financiero y en si los profesionales de la industria financiera apoyan o impiden las acciones hacia una mayor transparencia.
La opacidad es esencial para esconder las presuntas actividades financieras ilícitas del escrutinio público. Hay muchos intereses por los que el fruto económico del crimen organizado o de la corrupción debe mantenerse en secreto porque, evidentemente, es dinero generado a través de actividades ilegales que inciden negativamente en el buen funcionamiento de las democracias y que impactan directamente en el bienestar de la ciudadanía.
Por ejemplo, si en un país hay jueces, fiscales o policías que reciben sobornos millonarios y esconden ese dinero en paraísos fiscales o en las jurisdicciones del secreto, ese dinero llega a esos paraísos offshore a través del circuito financiero. En el resto del mundo occidental, además, los sistemas judiciales deciden no investigar o se encuentran con procedimientos anticuados que, finalmente, son el mejor aliado de los criminales y los corruptos.
Organizaciones y organismos como GAFI, BPI, BCBS, CEF, IASB u OICV son absolutamente desconocidos para la ciudadanía en general. Sin embargo, tienen una importancia clave, porque son las que desarrollan normativas, estándares y procedimientos de regulación global de los sistemas financieros que repercuten en la lucha contra el tráfico de dinero ilícito procedente del crimen organizado y de la corrupción.
Sin embargo, aunque en estos organismos «independientes» pueden influir de manera significativa en las reglas de juego, no hay suficiente transparencia ni rendición de cuentas sobre la forma en la que operan. A pesar de que, a primera vista, estos organismos puedan parecer un grupo diverso de instituciones que abordan diferentes aspectos de los fondos financieros ilícitos, en realidad, forman una cerrada red y muchos están directamente vinculados por acuerdos de financiación y membresías recíprocas.
Estas instituciones no son lo suficientemente inclusivas como para abordar la escala y naturaleza mundiales de los flujos financieros ilícitos. La cantidad de miembros es a menudo pequeña y elitista.
En algunos casos, estas organizaciones tienen su sede en paraísos fiscales. Por ejemplo, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) tiene su sede en la fundación IFRS, una empresa privada supuestamente sin ánimo de lucro, constituida en el paraíso fiscal de Delaware y gobernada por un consejo de personas que no representa a ningún gobierno. El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) es una asociación independiente bajo la legislación suiza, con sede en Basilea, lo mismo que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea o el Banco de Pagos Internacionales. Formalmente, Suiza ya no es un paraíso fiscal, pero en gran parte de las ocasiones la versión oficial no se suele corresponder con la realidad.
All is a big lie.