En el llamado “caso Nelson” que instruyó el juez Pedraz contra los dirigentes de Ausbanc, Luis Pineda, y Manos Limpias, Miguel Bernard, el fiscal pidió la disolución de ambas organizaciones que consideraba “criminales”. La Audiencia Nacional, en su sentencia de 2021, rechazó dicha disolución y, si bien Ausbanc está prácticamente inoperativa, Manos Limpias parece querer resucitar de sus cenizas. Bernard ha denunciado al gobierno de España ante la Comisión Europea por una supuesta vulneración del principio de separación de poderes causada por la injerencia del ejecutivo en las competencias del poder judicial. Básicamente por los indultos del ejecutivo a los condenados por el “procès”, y por los planes para la promulgación de una ley de amnistía. Todo ello cuando la sección cuarta de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo estudia la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Bernard a 4 años de prisión, una sentencia recurrida por el fiscal quien pide más años de cárcel por considerar que el tribunal le tuvo que haber condenado por organización criminal y por no haber sancionado uno por uno los 23 casos de extorsiones reconocidos, lo que multiplicaría las penas.
Manos Limpias quiere que la Comisión Europea llame la atención al gobierno porque, a su juicio, está interfiriendo en el poder judicial. Y pone dos ejemplos. “El uso abusivo” de los indultos a los líderes independentistas catalanes en 2021 y la modificación de los artículos del Código Penal que hacen referencia a la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación de caudales. No terminan ahí las acusaciones de Bernard y los suyos. Considera inaceptable la reunión de la vicepresidenta Yolanda Díaz con el líder de Junts Per Catalunya, Carles Puigdemont, que ponen de manifiesto, según el sindicato, “un sometimiento pleno del poder judicial al poder ejecutivo, así como una vulneración de las normas constitucionales e internacionales de países democráticos de la división de poderes”. Para hacer más fuerza en torno a estos argumentos, la denuncia concluye mencionando la posibilidad de que el Parlamento apruebe una ley de amnistía: “la amnistía fue propuesta por un eurodiputado prófugo de la Justicia (en clara alusión a Puigdemont) y estoy completamente convencido de que en los próximos días se hará un requerimiento firme”, dice Bernard quien pide la intervención de la vicepresidenta de la CE y comisaria de Justicia, Viviane Reding.
Fuentes de la Comisión acusan recibo de la denuncia de Manos Limpias, pero adelantan las escasas probabilidades de que prospere. En primer lugar, el asunto de los indultos es una competencia exclusiva del gobierno y así se dice incluso en la Constitución por lo que no hay una interferencia en el poder judicial. La reforma penal llevada a cabo forma parte de un acto parlamentario que fue aprobado por mayoría y hay que recordar que la soberanía popular está depositada en las cámaras. En cuanto a la visita de la vicepresidenta a Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont hay que recordar que se llevó a cabo “a titulo individual” según han manifestado la propia Díaz y su acompañante, el dirigente de Comuns Jaume Asens. Pero aún, aunque hubiese ido en su condición pública hay que recordar que, a pesar de lo que la caverna mediática no hace más que repetir, Puigdemont no está condenado y siempre ha estado a disposición a los requerimientos que le ha hecho la justicia. Estableció su residencia en el exterior cuando todavía no se había iniciado la causa judicial. Algunos juristas recuerdan que ni Bruselas ni los tribunales alemanes han sido capaces de poner a disposición de las autoridades españolas al dirigente independentista por lo que difícilmente se le puede calificar de “prófugo”.
Así pues, es muy difícil, por no decir que imposible, que la “denuncia” de Miguel Bernard sea tomada en consideración por las autoridades de la CE. Ahora bien, lo que parece un gesto intrascendente tiene su trasfondo. Manos Limpias quiere recuperar el protagonismo que tuvo hace unos años cuando se personó como parte acusadora en procesos tan mediáticos como los ERES de Andalucía, la financiación irregular del PP, o Noos. Presentar una querella cuesta dinero. Hay que depositar una fianza y no parece que las finanzas del sindicato sean muy boyantes además de que hay sentencia del Supremo que advierten a Manos Limpias de que no puede ejercer como acusación particular dado su carácter “semipúblico”. Es un sindicato y dice tener representación en colectivos como el de los funcionarios públicos
Pero lo verdaderamente importante es que Manos Limpias es una organización con escasa reputación tanto en la sociedad como en la judicatura por la condena a 4 años de cárcel de su dirigente, Miguel Bernard, en el Caso Ausbanc en el que la Audiencia Nacional sentenció que ha quedado probado que Bernard y Luis Pineda, “extorsionaron a bancos y empresas”. El fiscal dice que la sentencia de la AN “describe el desarrollo de una actividad permanente y continuada de extorsión por parte de Ausbanc entre los años 2003 y 2016, lo que se acredita por la ejecución constatada de 23 casos, y la asociación de esta con Manos Limpias a partir del 2012 con idénticos fines”.
Si prospera la tesis del fiscal, la sala de Lo Penal del Supremo deberá revisar “al alza” la condena a Bernard y Pineda que puede verse multiplicada. Hay que tener en cuenta que la petición inicial fue de 116 años a Pineda y 25 a Bernard por las extorsiones que llevaron a cabo, algunas de las cuales llegaron a trascender públicamente como fue la de la hermana del rey, Cristina de Borbón, en el caso Noos. Es bastante probable que con este gesto lo que pretenda Bernard y los suyos es contrarrestar los efectos de la sentencia del alto tribunal que será, ya, firme. Y hay que tener en cuenta que toda esta historia se acerca a un final probablemente más negativo para Bernard de lo que ha sido hasta ahora.
