Hasta cinco relatores de Naciones Unidas evidencian que Esquerra Republicana, ERC es una organización represaliada y han instado al gobierno español a tomar medidas para detener la “persecución” política contra el partido y el conjunto del independentismo. Este posicionamiento responde a una comunicación presentada por la secretaria general del partido catalán, Marta Rovira, en aras de una “representación transversal de víctimas de la organización para denunciar los agravios de la represión contra el independentismo”, señalan en un comunicado.
Presunta persecución a ERC
La comunicación de Rovira de ERC recogía “una actualización de los agravios de la represión política del Estado contra el conjunto del movimiento independentista”, señala ERC. Este diálogo permanente con Naciones Unidas es una de las piezas clave de la estrategia de litigación internacional impulsada por la secretaria general desde Ginebra.
Una estrategia que ha ido dando sus frutos con múltiples posicionamientos de organismos internacionales referentes en derechos humanos, como el del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Pegasus o el informe de la secretaria general del Consejo de Europa sobre la libertad de expresión, entre otros.
Persecución política, represión económica y espionaje
Naciones Unidas muestra preocupación ante los hechos denunciados por la secretaria general y lo que parece. Señalan “un uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar líderes y miembros de la sociedad civil que simpaticen con Esquerra Republicana”. Incluso alertan del riesgo de que la “criminalización” de este grupo de personas “se convierta en un patrón sistemático” para la construcción de la causa general contra el independentismo. Asimismo, los relatores alertan de que los hechos denunciados “pueden constituir una violación grave de la libertad de asociación y reunión pacífica”.
El organismo internacional expresa su inquietud por la “persecución y estigmatización” de los miembros de Esquerra Republicana, el “derecho a una defensa efectiva ya un juicio imparcial, transparente y efectivo” de los casos abiertos contra estas personas, así como por “la base fáctica y jurídica” de las detenciones y cargos presentados contra ellos. También se cuestiona la «proporcionalidad» de las penas y considera «preocupante» la represión económica y el hecho de que se vincularan unas mejores condiciones penitenciarias «a cambio de un cese del ejercicio de ciertos derechos o posturas políticas», en referencia a un eventual «arrepentimiento» por unas acciones que «respondían a sus posiciones políticas”.
ERC y el espionaje con Pegasus
Además, reclama que el conjunto de los partidos políticos en España puedan “desarrollar sus funciones libremente” y sus miembros “realicen sus actividades en un entorno seguro y propicio, libre de interferencia”, incluido “el espionaje cibernético”, en alusión al espionaje con Pegasus.
Al respecto, Naciones Unidas exige al gobierno español que aclare esta serie de agravios y le reclama información sobre las medidas que tomará al respecto.
En este sentido, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, evidencia que “Naciones Unidas constata el uso arbitrario de algunos instrumentos del Estado español para detener el independentismo”, es decir, “la represión política y exige al Gobierno español que tome las medidas necesarias para que ponga fin”, ha señalado.
Rovira añade que esta nueva comunicación de los relatores “debe servirnos una vez más para reafirmarnos en la legitimidad democrática de nuestra causa. Tenemos todo el derecho del mundo de defender a la República Catalana por vías democráticas”, concluye.
El documento lo firman los relatores sobre la libertad de reunión y asociación, la relatora sobre la libertad de opinión y expresión, la relatora sobre la independencia de magistrados y abogados -que se pronuncia por primera vez sobre el caso catalán-, la relatora sobre derechos humanos y libertades fundamentales; y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
