Nadie cree que vaya a haber represalias contra los jueces y fiscales del Procès

Alguien está manipulando las manifestaciones de los independentistas catalanes para hacer creer a la población que lo que han dado en llamar “lawfare” no esconde otra cosa que la petición de responsabilidades, incluso penales si hace falta, de los jueces y fiscales que intervinieron en el Procès de 2017, sobre todo los que enjuiciaron a sus dirigentes en el Tribunal Supremo.

Nada más lejos de la realidad. Pedir esas responsabilidades es imposible por una razón: los jueces y fiscales del “Procès” se limitaron a aplicar la ley y su labor está protegida constitucionalmente. Carecen de consistencia las manifestaciones de la conservadora Asociación de Fiscales criticando al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por no defender “lo suficiente” a los miembros del Ministerio Público acusados, según sus dirigentes, de “lawfare” por los líderes de las organizaciones soberanistas catalanas. Nadie ha hablado de irregularidades en el juicio del “procès”. Pero, por si hubiese alguna duda, García Ortiz ha sido tajante al asegurar que defenderá la labor de sus subordinados, “especialmente aquellos que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales».

Los cuatro fiscales que intervinieron en la causa contra los líderes independentistas en el Supremo, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, reclamaron por escrito a García Ortiz que, «en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano», les concediera «amparo institucional» porque, «junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público». La petición está manipulada porque el PSOE y Junts sólo han acordado la constitución de comisiones de investigación en torno a tres asuntos, dos de los cuales están siendo analizados en sede judicial. 

En el Caso Pegasus, llamado así por el software creado por la empresa israelí NSO Group que supuestamente sirvió para hackear a dirigentes políticos no sólo catalanes sino también de otros ámbitos incluido el Gobierno, sólo se ha mencionado al juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas porque es el magistrado competente para autorizar las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales de la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Lucas es considerado progresista y se destaca su proximidad a la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, porque formó parte del tribunal calificador que asignó la plaza de profesora titular de Derecho Constitucional a la política andaluza.

En el Caso Pegasus se acusa al servicio de espionaje de Madrid, el CNI, de haber hackeado conversaciones de los dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya en dos ocasiones, y, principalmente, durante las negociaciones llevadas a cabo en 2020 para investir a Pedro Sánchez. En el supuesto de que el CNI hubiese utilizado este programa, habría necesitado la autorización judicial de Pablo Lucas. El magistrado responsable de tal autorización puede acordar mediante resolución motivada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas la concesión o no de la autorización solicitada. Un plazo que se reduce a 24 horas por motivos de urgencia «debidamente justificados» en la solicitud de autorización. La ley prevé que «el magistrado dispondrá lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de secreto». Y ese es el motivo por el que se pide la comparecencia en la comisión parlamentaria del juez. No hay ninguna otra razón. La iniciativa es posible reglamentariamente, pero nadie va a ir más allá que de las preguntas para esclarecer los hechos. Además,  hay que tener en cuenta que el gobierno está dispuesto a desclasificar la documentación reservada sobre este tema y que el asunto está siendo investigado por el juzgado número 29 de Barcelona.

La otra comisión parlamentaria se refiere a la llamada “Operación Catalunya” que no es otra cosa que las posibles maniobras de grupos policiales dirigidos por el Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno para desacreditar al independentismo. Dichas maniobras se destaparon a raíz de la investigación de las actividades del excomisario de policía, José Manuel Villarejo. Además de las piezas separadas que instruye el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, en las que se investigan esas actuaciones, otro juez, el titular de instrucción numero 13 de Madrid, ha abierto un sumario a raíz de la denuncia del exdirigente del Barça, Sandro Rosell, contra Villarejo y varios policías por la comisión de delitos de organización criminal y falsedad documental.

Son las llamadas “cloacas policiales del PP” o “los servicios a la patria” de los que tanto habla Villarejo en sus declaraciones judiciales. En ellas se mencionan a policías, políticos y periodistas vinculados a la extrema derecha. El Parlament de Catalunya constituyó una comisión de investigación a raíz de la revelación, el 21 de junio de 2016, de dos conversaciones mantenidas el 2 y el 16 de octubre de 2014 entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, en las que trataron sobre la posible incriminación, por casos de corrupción, de líderes independentistas o de sus familiares más cercanos. La comisión concluyó señalando que la Operación Catalunya fue una conspiración para intentar frenar la disidencia política y particularmente el movimiento independentista. Pero nunca se habló de complicidades judiciales. Esta comisión de investigación pidió, entre otras, la comparecencia del fiscal superior de Catalunya, que nunca llegó a declarar. Y hasta ahí llegó el llamado “lawfare” que la derecha dice que se quiere investigar en el Congreso.

A pesar de que se ha dicho que los acuerdos entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez hablan de investigar los casos de “lawfare” lo cierto es que no aparece por ninguna parte este término, ni alguno en donde se mencione, por activa o pasiva, la “persecución judicial”. Los fiscales que han pedido el amparo del fiscal general, la Asociación de Fiscales, y las asociaciones de jueces conservadoras están utilizando informaciones sesgadas que han salido de la caverna mediática. En realidad, no hay nada de nada.