En su día, los padres de la Constitución utilizaron el término “disminuido” para proteger a este colectivo de personas. Eran los tiempos en que no había una mínima sensibilidad con el lenguaje. Se imponían los términos propios de otros tiempos autoritarios, las formas de expresión en plan macho, supremacista, duro y agresivo. Hoy, 45 años después, PSOE y PP se ponen de acuerdo (por fin) para eliminar el nauseabundo término “disminuido”, un lastre que ha acompañado a miles de personas durante décadas sin que nadie moviera un solo dedo para hacer justicia con ellas.
Sin embargo, el concepto elegido por el bipartidismo para homologar nuestra Carta Magna a los nuevos tiempos (“personas con discapacidad”), tampoco es el más adecuado. Una vez más, se reforma para parchear, lo cual supone quedarse corto de nuevo, error sobre error, y muchas personas volverán a sentirse, no tan desplazadas como antes, es cierto, pero tampoco plenamente integradas ni reconocidas. Se avanza, sí, pero la redacción constitucional sigue sin ser perfecta. Si a alguien le quitamos el sambenito de disminuido para colgarle el de discapacitado seguimos estigmatizándolo, algo más suavemente, de forma más políticamente correcta si se quiere, pero la tara social sigue estando ahí. Un jugador o jugadora de baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo, no se siente un discapacitado, al contrario, es más capaz que nadie de encestar un triple limpiamente, sin tocar el aro. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sin duda, había otras alternativas gramaticales como “personas con capacidades reducidas” mucho más sensibles e integradoras. Y si PP y PSOE le hubiesen dedicado un poco más de tiempo, consultando con expertos, poniéndole cariño y no quitándose de encima el problema para terminar cuanto antes y poder seguir tirándose los trastos a la cabeza, seguramente se habría encontrado una frase todavía mejor.
En estos años de democracia, y gracias a la constante e infatigable labor de las asociaciones y colectivos en defensa de los derechos cívicos, se han eliminado muchas barreras, y no solo físicas, también mentales, psicológicas o culturales, que por la carga de prejuicio y fobia que entrañan, son las más peligrosas. Las personas con intelectualidades diferentes se han integrado en el mercado laboral, han accedido a la universidad y a estudios superiores a los que antes estaban vetados, en definitiva, han tenido muchas más oportunidades para abrirse camino en la vida y labrarse un futuro. Donde el franquismo veía seres inferiores, inútiles, retrasados o deformes, la democracia ha visto sencillamente personas con sus propias necesidades y su derecho a la justicia social. Gente con talentos y cualidades (antes reprimidas) que aportan su fuerza a la sociedad. Nadie puede negar esa evolución a mejor. Pero era el momento para dar un paso más hacia la plena integración. Y en eso, lamentablemente, los dos grandes partidos han decidido ser conservadores, no ir demasiado lejos. Una pena, ya que se pierde una oportunidad única para blindar la igualdad y la plena equiparación entre españoles. Quién sabe cuándo se volverá a reformar el polémico artículo 49 de la Constitución. Esperemos que no tengan que pasar otros 45 años.
Acuerdo in extremis
La proposición de reforma para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por “persona con discapacidad” ha sido registrada este viernes con la firma de PSOE y PP, después de que hace una semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordaran acometer por la vía rápida y sin referéndum esta reforma.
“Cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado viernes 22 de diciembre por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista en el Congreso han registrado esta tarde la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, para eliminar el término disminuido, y para actualizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única”, informa el PP en un comunicado.
Además, el Grupo Parlamentario Popular ha señalado que “el acuerdo entre el PP y el PSOE incluye un calendario de tramitación de la citada proposición de reforma constitucional con el objetivo de que sea aprobada definitivamente en enero de 2024”. “La entrada en vigor de la reforma del artículo 49 se produciría, como en las anteriores reformas constitucionales, el mismo día de la publicación de su texto en el BOE”, añaden las fuentes consultadas.
