Sólo una décima parte de la carrera judicial está afiliada a la única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia. La inmensa mayoría de los jueces asociados lo están en la asociación históricamente más conservadora, la APM. El modo de acceso a la judicatura marca un sesgo derechista, según los expertos. En España hay 5.320 jueces y magistrados en activo. El 60% del total está afiliado a algunas de las asociaciones.
La mayoritaria es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con unos 1.300 asociados en su haber. Le sigue en número de miembros, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), con 874.
Existe la creencia dentro del mundo jurídico español de que si los jueces no están afiliados a Juezas y Jueces por la Democracia se es conservador. En consecuencia, hay gente que interpreta que Foro Judicial Independiente (FJI), con más de 300 afiliados, es otra asociación conservadora de jueces. Sin embargo, los estatutos de esta asociación recogen que la misma persigue restablecer la figura del juez desligado de vinculaciones políticas, no adscribiéndose de manera literal ni a ideologías conservadoras ni progresistas, algo que los propios jueces afiliados a FJI no dudan en certificar.
Más de 2.000 inscritos en agrupaciones de sesgo conservador. Así pues, a nadie debe de extrañar que la gran mayoría de los profesionales que deben aplicar las leyes en España se hayan situado en un segmento de simpatías políticas muy concreto, entre la derecha y la extrema derecha. Ellos niegan su conservadurismo.
La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, declaró, en cierta ocasión, que “somos personas normales, cuya misión es aplicar la ley. Personas con vocación que hemos superado a base de mucho estudio unas oposiciones. Luego votaremos a quien nos dé la gana; ya está bien de situarnos en el juego político y de querer pintarnos como una casta endogámica, cuando la realidad es que sólo el 7% de los nuevos jueces en prácticas proceden de familias con jueces». María Jesús del Barco podrá decir lo que quiera pero lo cierto es que existe un fuerte componente endogámico en esta profesión que origina que haya cada vez mas ejemplos del sesgo conservador en las resoluciones que adoptan.
El profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, cree que “en el proceso de selección para convertirse en juez se va asentando cierto conservadurismo. Cuando logran pasar las oposiciones nace un sentimiento muy fuerte de corporativismo, de pertenencia a una élite. Tienen que pasar cuatro o cinco años encerrados, estudiando ocho o diez horas diarias, sin tener casi contacto con el mundo exterior, memorizando más de 300 temas para luego recitarlos de memoria. Es casi inevitable que se tenga una visión conservadora del mundo».
El sistema de oposición a juez en España es arcaico, propio de épocas pasadas y no nos referimos a la dictadura. Hay que remontarse mucho más atrás. Para poder acceder a una plaza se requieren cinco años de una intensa formación. Un tiempo en el cual es prácticamente imposible dedicarse a otra actividad profesional por lo que ello significa que el opositor debe de tener un importante colchón económico para poder sobrevivir. Además, la mayoría optan por acudir a una “academia” para acabar por dominar los temarios. Generalmente, los titulares de este tipo de centros suelen ser jueces o fiscales retirados cuyos honorarios son elevados. En definitiva, hay que tener posibles para optar a una plaza de juez.
Una vez aprobada la oposición y hasta que toman posesión de una plaza muchos de ellos se inscriben a la Escuela Judicial. El centro depende del Consejo General del Poder Judicial y se configura como “centro de selección y formación de jueces y magistrados, teniendo como objeto proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la carrera judicial, así como a los aspirantes.” Existen otros organismos que también se dedican a formar a los futuros jueces, la Escuela de Práctica Jurídica y el Centro de Estudios Jurídicos son algunos de ellos, pero no tienen tanta influencia como el dependiente del CGPJ. Está claro el carácter corporativista de este organismo dominado por la derecha más rancia de este país.
La cosa llega hasta tal punto que, en los procesos electorales de las salas de gobierno de las audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, y Tribunal Supremo, la conservadora APM se hace con casi el 50% de los magistrados. De hecho, fueron escandalosos los nueve años en los que Carlos Lesmes ejerció de presidente del Consejo General del Poder Judicial: llegó a designar 46 presidentes y magistrados del Supremo afines. Por eso a nadie extrañó que ante el bloqueo del Partido Popular en la renovación del CGPJ el gobierno progresista haya aprobado, con el aval del parlamento, una ley que prohíbe llevar a cabo estas designaciones discrecionales mientras el Consejo esté actuando en funciones como es el caso actual.
Y la cosa puede ir a peor si prospera la propuesta del Partido Popular de que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales de su órgano de gobierno. Teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existentes en el seno de la carrera judicial ya descrita, lo que ocurriría si se llega a adoptar tal iniciativa es que la Asociación Profesional de la Magistratura acabaría por monopolizar el Consejo quedando sólo las migajas para las otras asociaciones y, en especial, para los progresistas. Se ha pedido que si se lleva a cabo esta reforma del sistema de designación de vocales del CGPJ se introduzcan elementos correctores de proporcionalidad para facilitar la representatividad de todas las asociaciones judiciales. Aun introduciendo estos elementos correctores, lo cierto es que la mayoritaria APM se haría con la casi totalidad de vocales los cuales, a su vez, volverían a tener la potestad de designar a los jueces de las instancias superiores territoriales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. El círculo volvería a cerrarse. ¿Hay o no endogamia?
A nadie debe de extrañar, por lo tanto, que las decisiones adoptadas por los jueces y magistrados de este país choquen con la realidad social. Porque, además de aplicar la ley tienen la competencia de poder interpretarla. Y hay suficientes recovecos en las legislaciones que se convierten en instrumentos útiles a la hora de establecer las resoluciones correspondientes a conveniencia de sus intereses o de los grupos sociales a los que pertenecen. Y hasta ahora, los jueces hablaban poco por no decir que nada, de política. Pero últimamente se manifiestan públicamente significándose casi siempre en contra de las iniciativas del gobierno progresista. Así pues, no es de extrañar que la ciudadanía crea cada vez menos en el servicio público de la justicia de este país.
El poder judicial es el más partidista y vergonzoso de la historia de la democracia… Para esto, dice el Papa, el camino es uno solo: el de la humildad…Depurarse del sentido de superioridad, del formalismo de la hipocresía…
Son administradores del derecho que es fundamentalmente conservador.
No sólo es la judicatura, también los militares y las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen un sesgo ideológico diferente al del pueblo español, del que presuntamente emanan los poderes del Estado. Por si fuera poco, el apego a la iglesia católica y al Opus Dei introduce otro sesgo no democrático del que poco se habla. Precisamente los religiosos tienen la tradición de cualificar en base a la memoria, y eso siguen haciendo los jueces, recitan la Biblia, la Torah, o el Corán.
El objetivo de los jueces conservadores no es hacer Justicia, sino mantener el estado de cosas que heredamos del franquismo. Lo que España necesita son jueces progresistas.