Apreciados Señores Ministros, apreciados altos cargos que les asesoran, apreciados técnicos que redactan día a día el BOE de nuestros sustos.
Permítanme que en este artículo en forma de carta, empiece por reconocer sus desvelos para con todos nosotros. No sería justo no reconocerlo. El rajar por rajar de quien las circunstancias le obligan a estar al timón, es muy propio de ese franquismo sociológico del que aún no nos hemos librado.
Pero una vez dicho esto, quisiera mostrar mi enfado mayúsculo por dos temas que para mí, como abogado generalista, que no administrativo-laboral, me tienen cabreado, si me permiten el taco.
En primer lugar, con razón, han cerrado ustedes a cal i canto los juzgados y tribunales de todo tipo, salvo aquellos casos de extrema urgencia. Tampoco está permitido hacer cualquier tipo de gestión, como ir al notario, por el cierre de movimientos, ni tampoco presentar escritos de trámite o administrativos. Ni tan siquiera recurrir una multa.
Eso lo comprendo y lo comprendemos, pero nos han dejado, pura y simplemente, a los abogados, sin medio de vida. Estoy hablando de compañeros que ejercen solos y de pequeños o medianos despachos. Esos que son el 90% de la Abogacía de este país, y que han venido sus ingresos a reducirse a CERO. Y somos cercanos a los 100.000.
Solo una pequeña parte de ellos están ahora afanados en la presentación de los ERTE y otras declaraciones, fiando sus honorarios, por cierto, a sus clientes que se han quedado con una mano delante y otra atrás.
Déjenme recordarles, porque de saberlo, ciertamente ustedes lo saben, que abogados, procuradores y graduados sociales obtienen la protección social por dos vías. La primera el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, la segunda a través de las Mutualidades de Previsión Social Alternativas al RETA, es decir autónomos.
La posibilidad de afiliarse al RETA no existió hasta 1995 por lo que una muy gran parte de los abogados, procuradores y graduados sociales son mutualistas.
Las ayudas del gobierno, ya exiguas para los autónomos, son inexistentes para esta gran masa de mutualistas que han sido deliberadamente marginados. Marginados por el gobierno, con la connivencia directa del Consejo General de la Abogacía Española y sus Mutualidades.
La segunda cosa que me tiene profundamente irritado, personal y en nombre de mis clientes son todas las trampas verbales que acaban publicadas en El BOE.
Nos estamos ahogando y ustedes nos lanzan un salvavidas. !Gracias por ello¡. Pero resulta que después de lanzarlo, nos dicen en la letra pequeña, que el salvavidas será sólo para los bajitos, tuertos, cojos y que les falte el meñique, y que para poder acceder a él, necesitarán siete certificados, con póliza de peseta, avalado por la esposa y firmado por todos los vecinos.
A modo de ejemplo: solo el decreto ley publicado ayer de medidas tiene 88 páginas (de matizaciones) del BOE. Para muchos autónomos y pequeños empresarios, que ya estaban jodidos, sencillamente no podrán acceder a NADA, por la incapacidad de moverse y dedicar el tiempo necesario a cumplimentar los requisitos exigidos.
¿O ya pretendían eso?
Y recuerden, que si nos ahogamos nosotros, toda la administración y sus gestores políticos vienen detrás.
