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Reclaman a Ribera y Hereu que no destinen dinero público «al dañino proyecto de celulosa» de Altri en Lugo

El proyecto afectaría a varios espacios de la red Natura 2000, provocaría una mayor eucaliptización del noroeste peninsular y pondría en peligro el sector primario gallego

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han transmitido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, su «enorme preocupación» al comprobar que la empresa Altri, ha oficializado su intención de instalar una fábrica de producción de celulosa soluble y fibras vegetales a base de eucalipto en Palas de Rei, en la comarca de La Ulloa (Lugo).

En sendas cartas, las ONG alertan sobre los impactos negativos que la industria tendría tanto a nivel social como ambiental, y aseguran que «sería decepcionante e incomprensible que desde el Estado se facilitase la financiación pública de una industria tan agresiva«.  

También llaman la atención sobre los cambios que sufrió el proyecto desde que fue anunciado por el presidente de la Xunta de Galicia hace tres años. «Lo que en principio se vendió como un proyecto innovador y ambicioso para producir Lyocell, un tejido de alta calidad, más ecológico que las fibras artificiales se transformó finalmente en una nueva pastera a base de madera de eucalipto«. Al tiempo manifiestan su sorpresa por el cambio de titularidad del proyecto desde que se declaró Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por parte de la Xunta en diciembre de 2022, que pasó de ser promovido por Altri a una sociedad de nueva creación, Greenfiber S.L. en la que también participa Greenalia. 

El proyecto presentado, que tendrá una capacidad de producción de 400.000 toneladas de celulosa y 200.000 de Lyocell al año, requerirá una captación de 46.000 m³/día de agua del Ulla –tanto como consume toda la provincia de Lugo– y un permiso de vertido industrial al río Ulla de 30.000 m³/día de aguas residuales. También emitirá, según denuncian las organizaciones «azufre reducido total, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado».

Tres espacios de la Red Natura comprometidos

Las ONG destacan que entre los muchos impactos negativos que detectan, llama la atención la localización de la instalación, que «afectaría negativamente hasta la tres espacios de la red Natura 2000 (ZEC Serra del Careón, ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza y ZEC Sobreirais del Arnego) e incluso al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia«, pues el río Ulla desemboca muy cerca de la Isla de Cortegada. Además, añaden que los terrenos en los que se pretende emplazar la planta de celulosa formaron en su día parte de las propuestas de ampliación de la Red Natura en 2008 y 2011 de la propia Xunta, que nunca se llevaron a cabo.

Además recuerdan, especialmente a Teresa Ribera, «que la Comisión Europea abrió a España (y a Galicia entre otras CCAA) diversos procesos de infracción por incumplimiento  de sus deberes para completar la red Natura 2000 y por la ineficacia de los instrumentos de gestión».

Una mayor eucaliptización del territorio

Finalmente, las cinco entidades ecologistas advierten del impacto en el tejido socioeconómico tanto de la comarca de la Ulloa, eminentemente rural y agroganadera, paso obligado del Camino de Santiago, como en la Ría de Arousa, sus ecosistemas litorales, bancos marisqueros y la pesca tradicional. También aseguran que «Galicia no puede soportar otra industria que revierta en una mayor eucaliptización del territorio». Numerosos estudios científicos han demostrado que la exagerada proliferación de estos monocultivos en el noroeste peninsular está directamente relacionada con la pérdida de biodiversidad, la deficiente integridad ecológica, la inflamabilidad del paisaje e incluso con las limitaciones a la hora de mitigar el cambio climático.

Para Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF sería muy difícil de explicar «la incoherencia de destinar fondos de recuperación, transformación y resiliencia a un proyecto que no parece cumplir en absoluto el obligado Principio DNSH (Del No Significant Harm) en lo que afecta a cuestiones como la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. y el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos”.

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