Reforma de la sedición sí, malversación ni tocarla

Andan las derechas españolas dando la matraca con la reforma de los delitos de sedición y malversación y ya solo hablan de eso. PP y Vox creen haber encontrado el filón definitivo, la kryptonita letal para acabar con Superman Sánchez, y van a seguir con este asunto que en realidad interesa poco o nada a los españoles. Como no tienen otro argumento para desgastar al Gobierno de coalición (la inflación está controlada, el paro baja, la factura de la luz se regulariza y la economía sigue estabilizada) se han abrazado desaforadamente, histéricamente, al discurso manido de siempre, o sea la falsa rendición del presidente traidor ante los enemigos de la patria, el bulo del España se rompe y ese patrioterismo de opereta que llevan en la sangre populares y voxistas. Verán ustedes como de la Sanidad pública que agoniza no hablan ni Núñez Fakejóo ni Abascal. No les interesa. Y no solo porque estén deseando privatizarla y venderla al mejor postor, sino porque creen que cosechan más votos sembrando el odio anticatalanista, calentando los ánimos de los sectores más nacionalistas y agitando el espantajo del guerracivilismo del que han estado viviendo durante décadas.

La derecha española no tiene programa para España, eso ya lo hemos dicho muchas veces en esta columna, y se limita a promover la rabia popular contra el rojo-indepe-batasuno. Y así van. Elevando el nivel de crispación, echando gasolina al fuego, cayendo en una especie de histeria colectiva como si mañana mismo se fuese a destruir la unidad de la nación, toda esa impostura de salvapatrias y falsos patriotas que a ellos les rinde beneficio electoral, o eso al menos es lo que creen. Ayer, destacados líderes de ambos partidos derechistas salieron ante los medios de comunicación (algunos rasgándose las vestiduras, hiperventilados y con la vena del cuello hinchada) reclamando mociones de censura inmediatas contra los socialistas, manifestaciones masivas en Colón y hasta decretar el 155 otra vez o sacar las tanquetas a la calle ya mismo para defender al país de la amenaza independentista patrocinada por Sánchez. Todo puro postureo. La moción de censura fue descartada a las primeras de cambio por la propia Cuca Gamarra al asegurar que el PP solo recurre a esa medida extrema cuando está seguro de ganarla, ya que presentarla para perder, en plan kamikace como hace Santi Abascal, es tontería y le da oxígeno a Sánchez. Convocar una protesta en el corazón de Madrid tampoco tiene demasiado sentido. Irían cuatro gatos, el mundo friqui franquista, de modo que daría para poco más que para una de esas fotos de Colón que están malditas (y si no que se lo pregunten a Albert Rivera y a Pablo Casado). Lo de intervenir la autonomía catalana o liarse la manta a la cabeza y sacar a los piolines o a la Legión por las calles de Barcelona no deja de ser una bravuconada de militares jubilados que pasan el día retroalimentando su fiebre golpista en los canales de WhatsApp. De modo que todo lo que vimos ayer en las derechas, la señora Arrimadas despeinada y llevándose las manos a la cabeza, el señor Espinosa de los Monteros anunciando la destrucción del Estado de derecho a manos del PSOE y la promesa del líder del PP, Núñez Fakejóo, de que lo derogará todo cuando llegue al poder, no fue sino una puesta en escena, un melodrama decimonónico al que ya estamos acostumbrados.

Bien mirado, la cosa no es para tanto ni nos adentra en el apocalipsis que pretende la derecha española. En los últimos años el Gobierno ha llevado la difícil cuestión catalana con inteligencia y tacto y gracias a esa estrategia la situación altamente explosiva de 2017, cuando se puso en marcha el procés, se ha desinflamado notablemente. Los indultos fueron un primer bálsamo que contribuyeron a recuperar cierto clima de concordia y convivencia en Cataluña y las rebajas de las penas a los condenados por sedición supusieron un paso más en esa línea de distensión. Se demostró que, tras el fracaso de la táctica de la represión policial, la judicialización del conflicto político y la caza de brujas contra el independentismo puesta en marcha por el inoperante Gobierno de Rajoy, había otras soluciones más eficaces para salir del callejón catalán al que nos había arrastrado la derechona.

Con todo, a falta de una mesa de negociación aplazada sine die, a Sánchez le tocaba seguir dando pasos para avanzar en el deshielo. La reforma del delito de sedición (una propuesta que el PSOE ya llevaba en su programa electoral) era urgente y necesaria. Hablamos de una figura jurídica que se tipificó en el siglo XIX, cuando los levantamientos militares eran frecuentes en España. El procés no tuvo nada que ver con un golpe de Estado dado por las armas y con violencia por fuerzas militares a la manera de las asonadas de hace doscientos años. Las penas eran absolutamente desproporcionadas (similares al homicidio), un delito semejante no existía en el Derecho comparado del viejo continente (en ese aspecto nuestro país seguía siendo la histórica excepción europea) y tal como era de prever la Justicia española hizo el más lamentable de los ridículos cuando aquel juez alemán le negó la extradición del fugado Puigdemont al juez Llarena. Dicho lo cual, y siendo sinceros, hay que ser muy ingenuo, o muy sanchista, para no querer ver que este tuneado exprés al Código Penal forma parte de la negociación entre el Gobierno y ERC de cara a la aprobación de los Presupuestos y a un pacto de gobernabilidad para lo que queda de legislatura.

Cuestión diferente es la modificación del delito de malversación, otra exigencia que ERC le ha colocado a Sánchez a cambio de su apoyo parlamentario. Legislar a la carta para beneficiar penitenciariamente a los líderes del procés condenados por malgastar dinero público en la celebración del referéndum de autodeterminación no es un buen negocio para el Gobierno de coalición. El mensaje que se envía a la sociedad resulta nefasto: se relaja el nivel de persecución de la corrupción, no pocos corruptos quedarán en libertad tras la revisión de penas (implicados en el caso Púnica, Lezo, Gürtel y otros muchos) y de introducirse el principio de que solo malversa quien se lucra personalmente (un flotador para el socialista Griñán encarcelado en las últimas horas) en el futuro los políticos y funcionarios de moral distraída lo tendrán mucho más fácil para escamotear dinero público simplemente poniéndolo en manos de sus testaferros. Sánchez debe parar ese disparate, sobre todo teniendo en cuenta que todo el estamento judicial, hasta el progresista, se le ha echado encima nada más filtrarse la noticia de la posible reforma del delito de malversación. Hasta el mismo Rufián ha insinuado que ERC ha ido demasiado lejos esta vez. Con eso está dicho todo.