Es evidente que la magistratura judicial de este país es conservadora. Durante la transición mantuvo una exquisita neutralidad a pesar de que la clase política siempre tuvo dudas sobre su deriva involucionista. Y ahora se ven los resultados de la falta de coraje para llevar a cabo una renovación en profundidad del poder judicial.
La judicatura está en pie de guerra contra el gobierno de Pedro Sánchez
La judicatura está en pie de guerra contra el gobierno de Pedro Sánchez y el objetivo se llama Félix Bolaños al que consideran “el cerebro de la ley de amnistía” a la que se oponen radicalmente. Y ahora se va más lejos. En los juzgados corre el rumor de que el nuevo titular de Justicia va a emplear la mano dura. Hará una reforma del Consejo General del Poder Judicial que no contará con el beneplácito de la derecha judicial y tomará medidas disciplinarias contra todos aquellos que intenten dificultar el objetivo de este gobierno progresista. Su perfil es demasiado político para unos señores que hubiesen deseado en La Moncloa al que les hizo la promesa de entregarles todo el poder y la autonomía. Y están dispuestos a dar la batalla.
La correlación de fuerzas en el Parlamento deja escaso margen de maniobra para llevar a cabo una legislatura similar a la anterior. Se presentarán pocos proyectos de ley, pero hay uno que es prioritario: la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial porque su composición actual no sólo está deslegitimada debido a que lleva cinco años caducado, sino también porque se ha puesto enfrente del gobierno. La movilización de los vocales conservadores en contra de la amnistía que ha llevado su oposición hasta Europa argumentando que el gobierno de Sánchez se está cargando el estado de derecho, la separación de poderes y la democracia, y exigiendo la intervención de Bruselas, es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la izquierda.
Con la actual legislación en la mano no se puede renovar el CGPJ
Con la actual legislación en la mano no se puede renovar el CGPJ. Y ese asunto ha estado muy presente en las negociaciones que los socialistas han mantenido con los dirigentes de Junts para que estos apoyasen la investidura de Pedro Sánchez. Se les ha dicho a las claras que con la actual judicatura será imposible llevar a cabo los objetivos que pretende el partido de Carles Puigdemont. En su día, ERC asumió esta reflexión, pero Junts no deja de ser más que una derecha burguesa por muy catalana que sea. Y muchos miembros de la exconvergencia son reticentes a que se haga una purga en profundidad de los jueces, no sólo de Catalunya sino del resto del país. De ahí que, aunque no haya nada escrito, Junts va a apoyar la reforma que va a llevar a cabo Bolaños.
Se va a derogar la práctica totalidad de la ley orgánica del Poder Judicial de 1985. El sistema de elección de los vocales del CGPJ será exclusivo del Parlamento tal y como mandata la Constitución. Pero ya no hará falta el aval de los tres quintos de diputados y senadores para acceder a una vocalía del Consejo. Los candidatos sólo requerirán de la mayoría simple del Congreso para ocupar los sillones de Marqués de la Ensenada. La designación de los vocales por parte del Senado se reducirá a mínimos de tal manera que será testimonial.
Posteriormente se buscará una persona afín a los postulados de la izquierda para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo. El órgano recuperará su capacidad de designación de magistrados, aunque no será tan discrecional como la que se mantuvo hasta marzo de 2021 cuando la reforma 4/2021 prohibió al organismo en funciones la designación de los miembros de las instancias superiores, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Además, la reforma que perfila Bolaños puede llegar, incluso, más lejos y reducir las competencias de una jurisdicción atípica, como es la Audiencia Nacional que se señala que fue producto de “la alternativa en la transición del franquista Tribunal de Orden Público”.
Un vocal del CGPJ que guarda anonimato ha llegado a decir en un medio que comunicación que Bolaños «viene de perro de presa de la amnistía». Desde hace tiempo, los jueces y fiscales conservadores han hecho circular el temor de que la renovación del CGPJ se va a emprender “por la vía del puñetazo en la mesa, soslayando al PP y sus condiciones y garantizando un sistema que permita una abrumadora mayoría de miembros progresistas y cercanos a los partidos fundamentales para la supervivencia de la legislatura”. Y para llevar a cabo esta ofensiva, se piensa que no hay nadie mejor que Félix Bolaños, ministro de marcado perfil político y con mano dura para los jueces y magistrados. Es más, se está haciendo circular el rumor de que lo que pretende este gobierno progresista es poner en funcionamiento los principios expresados en el “lawfare” para acabar por acusar de prevaricación a los jueces que condenaron a los líderes independentistas. Una fake absurda bajo cualquier punto de vista. Pero que ahí está.
Y por eso los jueces se han puesto en pie de guerra. Consideran que no van a servir de nada movilizaciones del tipo de las de las concentraciones en las sedes judiciales. De hecho, ya cuentan con la manifiesta oposición de una de las asociaciones judiciales con mas prestigio en este país y libre de toda sospecha de conservadurismo. Juezas y Jueces para la Democracia se ha desvinculado de las convocatorias por considerar que rompe “la neutralidad” del colectivo al que representan.
En Moncloa confían en que el órdago de la Judicatura no llegará a mayores porque las asociaciones que dicen representar a jueces y fiscales no cuentan con la mayoría de los integrantes de esos colectivos. De hecho, el total de afiliados de las cinco asociaciones judiciales no llega a la mitad de los 5.408 jueces y magistrados en activo. Y lo mismo ocurre con los fiscales conservadores, aunque estos presumen de haber obtenido la representatividad suficiente en unas elecciones del colectivo celebradas en mayo pasado.
Por lo tanto, está claro que va a haber “ruido de togas”. La derecha judicial va a intentar derrocar al gobierno de Sánchez porque va en contra de sus intereses y, lo más importante, porque rompe su objetivo de lograr la tan ansiada “autonomía” que ellos quieren argumentando que es un principio básico de la separación de poderes de un sistema democrático. Argumento que utilizaron los militares en la primera etapa de la transición bajo la amenaza de un golpe de Estado y al que ahora recurren unos señores que nunca fueron elegidos democráticamente y proceden de una institución tan rancia como es la caduca y endogámica Escuela Judicial.
¿Cómo unos individuos por haber aprobado unas oposiciones pueden definir el Estado?
El Poder Judicial como todo Poder del Estado tenía que ser elegido directamente por los ciudadanos; todo lo demás es usurpación de la soberanía ciudadana, y convertirnos en vasallos.
Los jueces no deben consentir lo que les haga el tal bolaños,este tio por muy minustro que sea no puede hacer lo que le de la gana.Los jueces son los que deben pararlo ( a no ser que esten comprados ).
Los jueces no deben consentir lo que les haga el tal bolaños,este tio por muy minustro que sea no puede hacer lo que le de la gana.Los jueces son los que deben pararlo ( a no ser que esten comprados ).
Los jueces que se vayan a casa que su trabajo lo hacen mejor y más rápido los chavales de la ESO a coste cero. Y como creo que los anónimos éstos se llevan bien con los togados fascistas por su coeficiente moral, intelectual y democrático.
Hay campeonato de mus, dominó y tute para disminuidos, allí a tomar por culo.