Rusia y Ucrania: los viejos modos del “nuevo orden”

Durante la Guerra Fría, la existencia de la OTAN tuvo un sentido y una utilidad muy clara: constituirse en el más contundente elemento de disuasión contra la Unión Soviética. Se habla mucho estos días de la incapacidad de Gorbachov de arrancar a Estados Unidos un acuerdo vinculante para frenar la expansión de la OTAN después de la disolución de la U.R.S.S. y del Pacto de Varsovia, en 1991, pero en el magnífico artículo de la historiadora y catedrática de la Universidad de Southern California, Mary Elise Sarott, para la revista Foreign Affairs en 2014, meses después de la anexión de Crimea, titulado “¿Una promesa rota?” se habla de que nunca hubo acuerdos firmados sobre el papel, aunque sí promesas por parte de Estados Unidos y más concretamente de James Baker, entonces secretario de Estado estadounidense, de que la Alianza Atlántica «No se ampliaría hacia el este de Europa ni una pulgada». Lo dijo en el Kremlim, el 9 de febrero de 1990. Las memorias del último líder soviético, Mijaíl Gorbachov, coinciden con lo que dice la profesora Sarrot.

Después de examinar con detalle documentos desclasificados de la diplomacia británica y alemana relativos a los años 1989, 1990 y 1991, el semanario alemán Der Spiegel concluyó, en 2009, que «no había duda de que Occidente hizo todo lo posible para dar a los soviéticos la impresión de que la pertenencia a la OTAN de países como Polonia, Hungría o Checoslovaquia no se contemplaba». Incluso el ministro de Exteriores alemán, Hans-Dietrich Genscher, en un discurso pronunciado en la ciudad de Tutzing, en Baviera, el 31 de enero de 1990, declaró que «no habría una expansión del territorio de la OTAN hacia el este, es decir, más cerca de las fronteras de la Unión Soviética». El jefe de personal de Genscher, Frank Elbe, describió la reunión entre Genscher y James Baker en Washington, el 2 de febrero de 1990, como un encuentro en el que rápidamente acordaron que la ampliación de la OTAN hacia Rusia no se produciría. «Estaba completamente claro», comentó Elbe.

Incluso me atrevería a decir que para Estados Unidos, que en su política exterior ha sido imperio y no democracia, ni siquiera la geoestrategia es ya lo más importante en esta cuestión: solo cuentan los negocios y la actividad de lobby que el gigante americano despliega habitualmente para proteger sus empresas. Y desde este punto de vista la ampliación de la OTAN es un proceso abierto porque en la Cumbre de Newport, celebrada en esta pequeña ciudad de Gales los días 4 y 5 de septiembre de 2014, los países europeos acordaron aumentar su inversión en Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB durante los próximos 10 años. Es decir, hasta 2024, y después de esa fecha inventarán otra justificación para seguir invirtiendo en armamento de manera desmesurada existan o no amenazas a nuestra seguridad. Esto significa que cualquier miembro que ingrese en la Alianza, y esto incluye naturalmente a Ucrania, un país con una población de más de 41 millones de habitantes y un PIB de 135.966 millones de euros, supondrá un ingreso adicional para la industria de armas estadounidense.

Con esto no quiero decir que la OTAN o cualquier otro ente supranacional de defensa europea u occidental no deba existir ni que vivamos en un mundo seguro que no necesite ejércitos, al contrario: la cuestión es que esos ejércitos deben existir y estar diseñados para defendernos de las múltiples amenazas a las que nos enfrentamos y no para satisfacer la voracidad de la industria armamentista, especialmente la estadounidense y la británica. Cabe decir que los miembros de la OTAN aumentaron su inversión en armamento en 2020 pese a la crisis y a la pandemia. En España esto se hace por la llamada «ejecución del gasto», que es la diferencia entre la previsión de gastos de los Presupuestos Generales del Estado y lo que de verdad se termina gastando: el Ministerio de Defensa español siempre gasta más de lo presupuestado, mientras que no todo lo asignado a I+D, por ejemplo, se acaba gastando.

Por otro lado, no habría nada dramático en la expansión de la OTAN hacia Rusia e incluso en su ingreso en la Alianza si se tratase de una democracia con estándares de transparencia, controles parlamentarios y respeto por los derechos humanos similares a los de Occidente, y no una corrupta autocracia en la que se asesina a disidentes políticos y periodistas (especialmente a quienes denuncian la corrupción), se derriban aviones en los que viajan civiles (vuelo MH17 de Malaysia Airlines, en 2014), se reparte el antiguo sector público entre empresarios afines a Putin y se otorgan a dedo fondos públicos con el objetivo de enriquecer a una élite y no de mejorar las condiciones de vida de los rusos. El presidente Putin lleva más de 22 años en el poder y en este transcurso de tiempo ha dispuesto de ingresos extraordinarios procedentes de la venta del petróleo y del alza del precio del crudo, principalmente durante el período 2000-2012, sin que nada de esto haya servido para que el país se convierta en un Estado de Bienestar.

La ampliación de la OTAN hacia los antiguos satélites de la Unión Soviética, fueran cuales fueran las intenciones de Estados Unidos en 1990, respondía también al deseo de estas naciones de dejar atrás de manera definitiva el imperialismo ruso, que para ellos fue tan traumático como para América Latina el imperialismo estadounidense presente en el siglo XX. En realidad, pese al discurso defensivo y victimista de Rusia, no existe la menor diferencia entre la política exterior que Putin pretende llevar a cabo con sus antiguos satélites y la Doctrina Monroe practicada por Estados Unidos durante el siglo XX. 

Si comparamos los niveles de desarrollo democrático entre España y los países del antiguo bloque soviético: Rusia, Hungría, Polonia, Rumanía, Georgia, Bielorrusia o la propia Ucrania comprobaremos como nosotros hemos llevado a cabo esfuerzos extraordinarios con el fin de convertirnos en una democracia de primer orden, mientras que estas naciones, más de 30 años después de la caída del Muro de Berlín, continúan ancladas en la corrupción, la ineficacia de sus servicios públicos y en niveles mínimos de transparencia y buena gestión.