Sánchez blinda la amnistía frente a las leyes españolas

Mucha cháchara, mucho buenismo, mucha palabra y expresión grandilocuente pero, en realidad, el proyecto de ley de amnistía es un asalto al sistema jurídico español. Oculto tras términos como «convivencia», «democracia», «Estado de Derecho», «política» se esconde un verdadero ultraje al sistema democrático español y se raya en muchas ocasiones el marco constitucional.

La realidad es que el proyecto ley de amnistía pretende hacer tragar con ruedas de molino lo que es un verdadero atentado, hecho que, si se lee bien, queda demostrado en la misma exposición de motivos, un verdadero manual de contradicciones ocultas entre verborrea legalista y referencias a textos de sentencias sacadas de contexto.

Por ejemplo, se señala que «con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro. De esta manera, al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político», señala el texto presentado en el Congreso.

Esto es contradictorio. Se afirma que no se invaden otros espacios y, sin embargo, en el articulado se ponen una serie de trabas al libre ejercicio de lo señalado en el artículo 24 de la Constitución: «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

El proyecto de ley de amnistía incluye elementos que impiden, para quienes se sientan perjudicados por la misma, recurrir con un sentido efectivo, es decir, la capacidad para que una medida cautelar frene su aplicación.

En diferentes puntos del articulado se hace hincapié en que los recursos que se presenten no tendrán efectos suspensivos. Del mismo modo esto es aplicable a las cuestiones de inconstitucionalidad.

Evidentemente, la ley de amnistía, una vez aprobada, iba a tener miles de recursos ante los tribunales, lo que, en cualquier Estado de Derecho, hubiera frenado su aplicación. Sin embargo, esto es algo que da igual a los promotores del proyecto de ley.

Además, por si esto no fuera suficiente, obliga a los jueces a una aplicación urgente y preferente de las amnistías. Esto resulta cuanto menos sorprendente en un Estado de Derecho, sobre todo cuando los tribunales están absolutamente colapsados y la tramitación de los asuntos se hace en religioso orden de entrada.

El ansia de Pedro Sánchez por mantenerse en la Presidencia del Gobierno provoca que dé más argumentos a los partidos de la oposición y al, de momento, tibio debate interno. Cuando desde el PP y Vox se acusa al PSOE de presentar una ley que infringe la separación de poderes, esta urgencia y la imposibilidad de recursos les da la razón.

Por otro lado, la anteposición en los juzgados correspondientes de los temas de la amnistía frente a otros asuntos que ya se están tramitando, vuelve a poner sobre la mesa la acusación de la desigualdad entre españoles.

Fuentes jurídicas consultadas por Diario16 señalan que la insistencia en la no suspensión de la aplicación de la ley tras la interposición de recursos es el modo de reconocer que lo que se pretende es esquivar la acción del Tribunal Supremo quien, en sus funciones, tiene la potestad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad que, según la ley actual, paralizaría la ejecución de la amnistía.

En concreto, la ley orgánica del Tribunal Constitucional señala claramente que una cuestión de inconstitucionalidad origina por sí sola la suspensión de las actuaciones hasta que el TC se pronuncie sobre la admisión de la misma y sobre su resolución. Eso, con el colapso existente, podría suponer un retraso de muchos meses e, incluso, años. Eso es lo que Sánchez pretende evitar. Tiene mucha prisa.

Ley de Punto Final

El proyecto de ley presentado es, en sí mismo, una ley de punto final, como las que aplicaron en España, Argentina o Chile cuando salieron de crueles dictaduras con regímenes jurídicos donde se incluía delitos de inspiración política.

El texto reconoce que en España no existen ese tipo de delitos, que son los que se suelen amnistiar y a los que se refiere la legislación europea, a la que se hace mención con una selección exhaustiva de fragmentos muy precisos. Además, se mencionan otras amnistías en otros países, como la más reciente de Portugal por la visita del Papa Francisco que, a diferencia del proyecto presentado por el PSOE, excluía delitos como el homicidio, violencia doméstica, malos tratos, ofensas a la integridad física, secuestro, incitación al odio, corrupción, tráfico de órganos humanos, robo, delitos contra la soberanía nacional y la realización del Estado de Derecho, motín de presos, algunos tipos de fraudes y delitos contra menores o víctimas vulnerables. No es muy acertado hacer comparaciones cuando muchos de los delitos amnistiados por Pedro Sánchez estuvieron excluidos de la amnistía de Portugal.

Uno de los puntos que puede chocar con la legislación europea y que, por tanto, podría provocar que el Europarlamento entrara de lleno contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez es todo lo relacionado con los delitos de terrorismo.

Más allá del auto del juez García-Castellón contra Tsunami Democratic, en el que se imputaba a Carles Puigdemont y Marta Rovira, entre otros, por actividades relacionadas con el terrorismo, la realidad es que en la Audiencia Nacional ya se estaba instruyendo una causa por terrorismo donde se pasó a juicio oral a 12 CDR por tenencia, depósito y fabricación de explosivos.

Según el proyecto de ley de amnistía, el terrorismo sólo quedaría excluido de la misma si hubiese sentencia firme. Los redactores del texto saben a la perfección que sólo había dos causas abiertas por este tipo de delitos y que se encontraban en fase de instrucción y de apertura de juicio oral.

Traición a las víctimas del franquismo

Sorprende que el texto del proyecto de ley de amnistía presentado hoy en el Congreso de los Diputados se apoye en jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la que se sustenta el mantenimiento de la impunidad de los delitos del franquismo.

Durante décadas, las asociaciones memorialistas y de defensa de los derechos de las víctimas de la dictadura llevan reivindicando la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 por, precisamente, ser una legislación de punto final que perdonaba delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.

Ahora, el proyecto de ley presentado se sustenta, precisamente, en esa misma jurisprudencia, lo cual, evidentemente, es una traición a las reivindicaciones de quienes sufrieron una dictadura que han comprobado cómo los intereses personales del secretario general de un partido que sufrió la represión, que tuvo miles de asesinados y torturados, se anteponen ante la decencia y la dignidad. Quien no ha conocido en su vida esas virtudes, jamás podrá hacer honor a las mismas.

La conclusión es que Sánchez logrará su investidura gracias a un golpe contra la aplicación democrática de las leyes. Los argumentos de reforzar la convivencia no cuelan, son la mentira sobre la que asentar una de las mayores perversiones del sistema democrático que se ha visto desde el fin de la dictadura. La amnistía no tiene más urgencia que la necesidad de Pedro Sánchez porque, a día de hoy, la única inestabilidad existente en España es la provocada por él mismo.