Bajo el título Denuncia e infradenuncia en el ámbito de la discriminación, racismo y odio desde una perspectiva victimocéntrica, un informe de Federación SOS Racismo recoge las estadísticas de atención de los casos atendidos en el ámbito de la discriminación, la xenofobia y los delitos de odio, así como las motivaciones de la denuncia y la infradenuncia por parte de las personas víctimas de ataques por razón de su nacionalidad o el color de su piel.
La Federación alerta de que en el periodo 2017–2021, el número de denuncias ha pasado de 347 a 523 casos, lo que indica un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas racializadas en el estado español.
Tras un paréntesis en la elaboración del informe anual, SOS Racismo ha registrado 523 denuncias en el año 2021, que junto a 66 casos recogidos en la web suponen un importante incremento de los casos registrados. De ese total, 185 corresponden al tipo “Racismo institucional”, 129 se engloban dentro de la categoría de “Denegación de acceso a prestaciones y servicios privados”, y 88 se enmarcan en “Conflictos y agresiones racistas”, siendo la cuarta tipología más habitual la “Discriminación en el empleo” con 62 casos. Esta situación, vista en perspectiva, calca las tipologías más señaladas en el informe 2017 reflejando la necesidad de abordar mecanismos de intervención que palíen esta situación.
Respecto al agente discriminador, en 210 denuncias es una entidad pública, 127 corresponden a una entidad privada y 147 a un particular. En cuanto a su finalización, hay que señalar que 164 denuncias no terminan en iniciativas judiciales en su mayoría por no desear interponer denuncia, siendo otro importante porcentaje los que finalizan a través de mecanismos extrajudiciales. Este elemento, central en este informe, marca una de las preocupaciones de la Federación SOS Racismo, en la medida que existe una importante infradenuncia, que no permite abordar la realidad en su conjunto, en tanto que la judicialización y reparación de las diferentes discriminaciones sufridas sigue siendo limitada, bien por la dificultad de probar la discriminación sufrida en vía judicial o por las limitaciones que ofrecen otras vías de reparación: mediación, procesos restaurativos, etc.
Esta situación se refleja en la segunda parte del informe. En ella, y a través de metodologías cuantitativas, se constata que el 38,6% de las personas víctimas optaron por no denunciar, siendo sus testimonios las cifras ocultas de la discriminación racial.
Defensa de la dignidad
Este estudio muestra que son las personas gitanas las que sufren mayores discriminaciones y violencias racistas, seguidas de las personas magrebíes, afrodescendientes, las de origen latinoamericano y asiático. En cuanto a las motivaciones, las personas entrevistadas apuntan a la cuestión histórica y por otro lado la repercusión de los medios de comunicación en la perpetuación de ese imaginario social.
Entrando en las motivaciones para denunciar un acto racista, las personas entrevistadas señalan la necesidad de compartir lo sucedido, gestionar sus emociones (rabia, humillación, vergüenza principalmente), la defensa de la dignidad que sienten lesionada, poniendo el énfasis en que se conozca la verdad del hecho racista y no quede impune.
En cuanto a los diversos obstáculos para realizar una denuncia, además de la falta de conocimiento sobre los recursos disponibles y derechos propios y colectivos, se señala que es una pérdida de tiempo y que no se materializa en una consecuencia real que mejore la vida de las personas racializadas. También este proceso es visto con el miedo a “meterse en más problemas”, “el miedo a represalias”; “el gasto económico ligado a un procedimiento judicial que puede ser complicado y largo”; también los aspectos culturales dado que en distintos países existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones de la justicia y en el tratamiento de la violencia racial. Otro de los elementos presentes es el miedo a ser ignorados en la policía o en el juzgado, mostrando en muchos casos una importante desconfianza sobre los espacios institucionales y los poderes públicos.
