Ya se dijo aquí mismo. Según se vayan sucediendo los trámites parlamentarios, las acciones de los jueces contra la ley de amnistía se tornarán cada vez más contundentes. Manuel García Castellón, lejos de amedrentarse por el clamor de la izquierda en contra de la calificación de actos terroristas los cometidos por Tsunami Democràtic en su instrucción, emplea nuevos argumentos que cada vez son más prospectivos. Y encima le sale un “alumno aventajado”. El instructor número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, reaviva el caso Voloh en donde se investiga una supuesta y delirante colaboración económica y militar de Putin en favor del independentismo catalán. Así, como el que no quiere la cosa. Calificación de los hechos: delito de alta traición. En un auto, Aguirre vuelve a ratificarse en su delirante versión: Rusia estaba dispuesta a enviar 10.000 soldados para defender el independentismo catalán. Y eso no lo dice un conspiracionista, sino un juez.
Ambos magistrados han decidido prorrogar durante seis meses sus diligencias. Si no lo hubieran hecho corrían el riesgo de tener que archivar los sumarios. Queda la posibilidad de recurrir estas decisiones, pero lo más probable es que sus superiores de sala les acaben por apoyar. Porque cuanto más pase el tiempo y la ley de amnistía vaya agotando los trámites, las acciones de la “fachosfera” irán arreciando. Y no pararán, en la calle, el aparato del Estado, y en todos los ámbitos en los que posean influencia, hasta que se pronuncie la justicia europea.
Hay que esperar que cunda el ejemplo de algunas instancias judiciales que están posicionándose como debe de hacerse, conforme a derecho. La sala de Lo Penal del Supremo no admite a trámite las denuncias de los ultraderechistas de Vox contra los acuerdos de los socialistas y los neoconvergentes de Junts, y, tampoco la sala de Lo Contencioso Administrativo acepta estudiar las demandas presentadas por particulares, entre otras la de Abogados Cristianos, ese grupo que un juez de Madrid les ha tenido que llamar al orden por pedir la paralización de la exhumación de los restos mortales enterrados en el Valle de Cuelgamuros argumentando que afecta a la abuela de una denunciante que ha resultado no estar allí. Los jueces les han dicho que no se van a entrometer en actos de signo político, que no son de su competencia.
Otros magistrados, afines a la derecha judicial, no hacen lo mismo. Se saltan el principio de la separación de poderes porque no se puede entender de otra manera que haya magistrados que han decidido impulsar sus diligencias coincidiendo precisamente con la discusión del dictamen sobre la amnistía a los independentistas catalanes en el Congreso de los diputados. Situación inaudita la del juez Aguirre explicando en una televisión alemana por qué ha decidido impulsar la investigación del caso Volhov. El magistrado dijo que se ha basado en que ha recibido un escrito anónimo con recortes de prensa y comunicaciones telefónicas de un exdirigente de CDC imputado, Víctor Tarradellas, que ya obraba en su poder y que había archivado. No se entiende, entonces, la oportunidad de una prueba que había sido desestimada. No es novedosa.
El magistrado, a pesar de saber que tiene que guardar con celo la instrucción de sus casos, ha concedido una entrevista a la televisión pública alemana donde ha abonado la surrealista tesis de la intervención del Kremlin en el proceso soberanista y en la declaración de independencia de octubre de 2017. El hecho de que haya aprovechado el espacio de un medio de comunicación germano no es casualidad ni tampoco inocente. Putin y Rusia son los enemigos públicos número uno de la Alemania oficial. De ahí la importancia de su participación en el telediario nocturno de la cadena pública que realizó la entrevista en el despacho del juez, algo que tiene prohibido por el decanato que no deja que se tomen imágenes de los juzgados.
El argumento del juez Aguirre no tiene consistencia Se asemeja al que utiliza Manuel García Castellón para calificar de terroristas las acciones llevadas a cabo por Tsunami Democràtic. El juez insiste, en el auto en el que justifica la prórroga de la instrucción, que la concentración del aeropuerto de El Prat “puso en peligro la seguridad aérea”. Y reconoce que sus gestiones para ponerse en contacto con la familia del ciudadano francés fallecido de un infarto en unas dependencias anejas a donde tuvieron lugar los disturbios han resultado, hasta el momento, infructuosas. Justifica el impulso actual de las diligencias por el retraso en la recepción de una serie de informes solicitados a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Suiza, esta última sobre la financiación de la organización. Y concluye señalando que la pretensión de los dirigentes de Tsunami Democràtic era “subvertir el orden constitucional”. Un argumento que ya fue utilizado, en su día, por la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Tanto su instructor, Pablo Llarena, como el presidente de la sala, Manuel Marchena, avalaron tal extremo. Que los dirigentes del procès querían subvertir el orden constitucional ya se manifestó jurídicamente por una instancia superior a la de la Audiencia Nacional hace, ya, cuatro años.
Y las presiones continúan en todos los ámbitos. El Senado va a intentar dilatar los plazos para elaborar su dictamen que, con la mayoría absoluta del PP en la Cámara, será contrario. Y se espera el informe del Consejo General del Poder Judicial que será negativo, duro y contundente. Eso sí. Sólo lo firmarán los 9 vocales conservadores porque los progresistas se van a abstener casi con toda seguridad por mucho que en la ponencia esté participando un miembro de esta tendencia. El revés viene por parte del fiscal general del Estado. Álvaro Ortiz se ha negado a elaborar el informe que le pidió la presidencia de la cámara alta porque no es de su competencia. Por supuesto, se le han echado encima los miembros de la conservadora Asociación de fiscales con mayoría en el Consejo fiscal que, no olvidemos, es un órgano consultivo y no vinculante. Como tampoco es vinculante el que está elaborando el CGPJ.
Y seguirán las movilizaciones de abogados, letrados de la administración de justicia y corporaciones judiciales en contra de la proposición de ley. La ofensiva no tiene precedentes en la historia política de este país. Y no va a concluir ni siquiera cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie porque ya se han encargado de descalificar a la institución que preside Cándido Conde Pumpido. Sólo reconocen la autoridad de Bruselas, de la Comisión Europea y del Tribunal Europeo de Justicia. Y vamos a ver, si éstos se muestran a favor de la norma, cómo termina este asunto que está socavando los cimientos de la democracia en España.
Cuando hay una derecha también hay una izquierda. Así los que esperaron ocho o nueve años para que la ley del aborto fuera constitucional, al tener mayoría ya se podía poner como un derecho. O la jueza que sustituyó a Alaya y se le caducaban las causas en Andalucia. ¿ De que era, de derechas también ?
El caso de Besteiro no vale como Lawfere porque al fin la jueza fue sancionada.
Dejen que los jueces se organicen y cumplan como la mayoría hace.
Cuando Ayuso, Feijoo…presumen de su amistad, de su complicidad con el poder judicial…crean desconfianza en la sociedad…En el Artículo 117. Independencia de la justicia. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder…además, no pueden olvidarse que una Justicia eficaz… debe contar con la integridad moral de los que la imparten… como garantía de igualdad en los procedimientos procesales…
Estos dos jueces parecen mas dos hooligans salidos de los asedios contra Ferraz que dos jueces dignos de serlo. ¿En que mentalidad cabe que un juez diga cosas de las causas que el mismo instruye en una TV alemana? Deberian ser denunciados por la sociedad civil normal y llevados delante de un juez como toca.