Ahora que desde el PP gritan por la “igualdad” contra una ley que aún no tiene escrito ni el primer borrador, conviene recordar que hay otra, y vigente desde hace casi cuatro décadas que, además, debería ser la más respetuosa con el artículo 14 de la Constitución. Y no es así.
Pero nadie muestra el menor interés por reformarla y, si hubiera un mentalista investigando las intenciones legisladoras que animaban a quienes mandaron en el Reino de España durante los años 80 y 90, llegaría a la conclusión de que predominaron muchas más ideas inconfesables de las que él mismo podría imaginar.
Quizás vivimos en una legalidad distinta a la que está escrita, en gran parte porque los escritores de leyes siempre insertan trampas en los articulados.
En este caso se trata de la LOREG, o Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que rige desde 1985 tras ser aprobada por un Congreso con la mayoría absoluta más abultada de todas, la conseguida por el PSOE en las elecciones generales de 1982.
He dicho mayoría “absoluta” aunque solo en escaños, con 202 sobre 350, el 58%, porque la primera voluntad popular manifestada en las urnas tras aquel 23F/1981 de Tejero/Armada/Milans y…, le concedió al PSOE una confianza del 48%, diez puntos menos del poder adjudicado por el RDL 20/1977 del 18 de marzo.
El citado RDL 20/1977 era la norma preconstitucional que había regido para esas elecciones de 1982 y las dos anteriores. A la vista de ese 48% convertido en un 58% tan beneficioso que era lo que le importaba, porque lo de la igualdad del artículo 14 de la Constitución, “ya…, tal”, el Gobierno de Felipe González se apresuró a convertirlo en ley para que nadie dijera que las de 1986 también se iban a celebrar bajo una norma preconstitucional, que qué vergüenza, aunque fuera de más que dudosa constitucionalidad.
Disculpe usted, que está leyendo, que llene la pantalla de tanta “constitución”, pero más se llenan ellos la boca cada día.
Quizás los 4 diputados del PCE, “pagados” a un precio en votos más de cuatro veces más caro que los del PSOE, se quejaron, pero no podían hacer nada. En cambio, los 11 de la UCD heredera de Suárez, por los que “pagaron” más del doble que los de González y Guerra, no dijeron ni palabra, pues ellos habían sido los autores de una norma que se les había vuelto en contra, hasta el punto de que acabó con ellos.
En resumen, ¿Respeta la LOREG la igualdad de todos ante la ley?
Si, por supuesto. Respeta la igualdad de todos los votos tras haber sido tergiversados durante los recuentos, pues todos sabemos que los votos solo sirven para ser contados, y en aplicación de esa misma ley.
Si traducimos lo anterior al idioma del mentalista buscador de intenciones, se llama crear la ley decisiva a la hora de adjudicar el poder político, es decir, la más decisiva de todas, con el fin principal de convertir en papel mojado una norma que no se puede dejar de escribir en cualquier Constitución que se precie: la de la igualdad de todos ante la ley.
Pero ya recorreremos más detalles de esta estafa en otro momento. Hoy nos toca seguir con los números que denuncian sus graves consecuencias.
El PSOE obtuvo otra mayoría absoluta, la de 1986. Solo necesitó el 44% de los votos para recibir el 53% del poder parlamentario. Y fue muy curioso el resultado de 1989, cuando con menos del 40% de los votos consiguió exactamente el 50% de los escaños del Congreso. No recuerdo que tuviera nunca problemas para conseguir el escaño que le faltaba.
Por lo que se refiere a las mayorías absolutas de 2000 y 2011, con solo el 44% y el 45% de los votos el partido ganador consiguió, respectivamente, un 52% y un 53% del poder parlamentario en el Congreso. En esas dos ocasiones la desigualdad legalizada benefició al PP, entonces casi “único” partido de la derecha españolista y que había votado contra la Constitución, quien sabe si porque a finales de los años 70 estaban en contra del ya citado artículo 14, el de esa “igualdad” de todos que ahora tanto les motiva. Bienvenidos sean, porque ahora podría conducirles al fracaso definitivo.
Resulta, por tanto, que la LOREG ha tergiversado siempre entre un 8% y un 10% de la voluntad popular manifestada en las urnas con tal de conseguir para el Congreso mayorías absolutas que permitieran gobiernos sin necesidad de negociar acuerdos.
El problema es que negociar y llegar a acuerdos es la principal asignatura que nunca deben de dejar de estudiar y practicar los políticos, y ya son muchas décadas, en este Reino prácticamente todas desde el principio de los tiempos, en las que la principal ley para seleccionar políticos parece más un compendio de trucos y trampas para esquivar los estudios y las prácticas de ese contenido educativo.
