El magistrado Francisco Javier Fernández Urzainqui es uno de los jueces que ha rebajado en un año (de 15 a 14 años) la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza, uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 a una joven de 18 años en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del Sólo sí es sí. Este mismo magistrado y Joaquín Galve Sauras, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) desde 2014 y ponente de esta última sentencia, han sido los dos magistrados que han decidido rebajar un año la condena al violador de La Manada de los Sanfermines, entendiendo que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, por agresión sexual y no por abusos, “próxima” o “cercana” al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó “sensiblemente”. La tercera integrante de la Sala que ha decidido ahora reducir un año la condena a Boza, la magistrada Esther Erice Martínez, ha formulado un voto particular en el que aboga por desestimar la revisión de condena. Este fallo puede ser recurrido al Supremo.
En 2018, el alto tribunal de Navarra, sólo vio abusos y no agresión sexual de los cinco miembros de ‘La Manada’ a la joven víctima de 18 años, por lo que fueron condenados en un primer momento a solo nueve años de prisión cada uno de sus miembros. Galve, como presidente de la Sala de lo Civil y Penal, fue junto a Miguel Ángel Abárzuza los dos únicos magistrados, de los cinco que componían el tribunal, que apreciaron en un voto particular “la existencia de intimidación” por parte de los agresores, que tendieron “una encerrona” a la víctima, por lo que contemplaban un delito continuado de agresión sexual.
La sentencia del TSJ de Navarra que en 2018 solo vio abusos donde el Supremo contempló posteriormente un claro caso de agresión sexual cometido de forma grupal mantenía que las relaciones sexuales se realizaron sin el consentimiento de la víctima, pero “a juicio de la mayoría del Tribunal, es dudosa la concurrencia de la intimidación, necesaria para calificar aquellas acciones como agresión sexual o violación, puesto que los hechos probados de la sentencia de la Audiencia, a los que la Sala debe atenerse en estos recursos, no recogen la imprescindible acción intimidatoria o amenaza de los procesados, expresa o tácita”. El magistrado Francisco Javier Fernández Urzainqui fue uno de los cinco miembros de aquel tribunal.
Voto particular
La resolución judicial que ahora rebaja un año la pena al integrante de La Manada cuenta con el voto particular discrepante de la magistrada Esther Erice, quien señala que, “según lo expuesto por el Tribunal Supremo, la pena imponible resultante de la operación de revisión no puede determinarse atendiendo a meros criterios de proporcionalidad aritmética. Tampoco puede ser valorada absolutamente en abstracto, sino en concreto, es decir, refiriéndose a la pena que resulta imponible en el caso enjuiciado, bajo un criterio de consideración de todos los elementos concurrentes y teniendo en cuenta el criterio individualizador fijado por el Tribunal sentenciador en la resolución judicial”.
El presidente del TSJ de Navarra desde 2014, Joaquín Galve, que ahora también ha rebajado la condena, sí apreció agresión sexual a la víctima en un voto particular en 2018
Esta magistrada considera en su voto particular que en ningún caso procede la solicitud efectuada por la parte recurrente, ya que ni siquiera en una aplicación meramente aritmética resulta procedente, dado que dentro de la horquilla penológica que la sentencia establece de 14 años, 3 meses y 1 día a 18 años, “siendo innecesaria en el momento del dictado de la sentencia mayor precisión en el máximo previsto, ya que se impuso la pena en su mitad superior, sin aplicar el mínimo de la superior en grado, y lo hace fijando 15 años, que aritméticamente resulta coincidente con el mínimo de la pena prevista más una quinta parte de la pena resultante atendiendo a dicha horquilla”. Al respecto, destaca que con idéntico criterio aritmético debería añadirse al nuevo mínimo legal —13 años y 1 día— una quinta parte de la punición resultante de la aplicación de la LO 10/2022 —de 13 años y un día a 18 años y 9 meses—, “por lo que no resulta procedente la imposición de la pena de 13 años y 9 meses de prisión solicitada en el recurso, ya que añadiendo una quinta parte de esta horquilla al mínimo legalmente previsto resulta una pena de 14 años, 1 mes y 25 días, superior a la interesada por la defensa”.
Para esta jueza, “teniendo en cuenta que la pena de 15 años de prisión sigue resultando ‘una pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo’, vista la amplitud de la extensión de la pena imponible y sin que sea pertinente una mera proporcionalidad aritmética, no procede acoger la pretensión expuesta en el recurso, ya que debe atenderse no sólo a la cercanía de la pena de 15 años al nuevo mínimo posible, sino también a la gravedad de los hechos, según se valora en la sentencia que se ejecuta”.
“Rubiales con toga”
Las reacciones políticas a esta sentencia que rebaja la condena a uno de los miembros de La Manada en el mediático caso que provocó la nueva Ley del Sólo sí es sí no se han hecho esperar. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha asegurado en la red social X (antigua Twitter) que “el consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Esta decisión del TSJN es muy dolorosa, especialmente para la víctima. Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación”.
Más duro ha sido el ex dirigente de Podemos y ex portavoz parlamentario Pablo Echenique, quien ha llamado “Rubiales con toga” a los miembros del TSJ de Navarra que han decidido rebajarle la condena a uno de los violadores de La Manada. “Y no porque lo obligue ninguna ley ni ninguna jurisprudencia —como explica muy bien el voto particular — sino porque les ha dado la gana”, concluye Echenique.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que “lamentablemente estaba dentro de lo previsible porque lo advertimos”, y culpa al presidente del Gobierno de escuchar “poco”. “Le sobra soberbia y le falta humildad para aceptar errores”, ha añadido. En esta misma línea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado que esta “nueva rebaja” supone un “nuevo insulto a las víctimas y ninguna dimisión”.
