Recuerdan aquel lema que decía: Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía. Pues vuelve a escucharse, pasados más de cincuenta años. La amnistía vuelve a resonar como reivindicación de diversas fuerzas políticas, como condición para investir al presidente del gobierno Pedro Sánchez. En 1977 se perseguía el borrón de los delitos contra el franquismo, en una democracia en igualdad de condiciones. La amnistía era una aspiración democrática y se consiguió, constituyendo un triunfo de la izquierda, Ahora amnistiar a los responsables del proces.
Las calles ardían, especialmente en el País Vasco, y obligaron al recién elegido presidente Adolfo Suárez, a aprobar un decreto en julio de 1976 que liberaba a presos políticos que no hubieran cometido delitos de sangre. Antes, en 1975, poco tiempo después de la muerte del dictador y con motivo del acceso de Juan Carlos I a la corona, se promulgó un indulto que sacó de prisión a más de 5.000 condenados.
La Ley de Amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre) fue una norma jurídica con rango de ley, que entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 17 de octubre. La ley establecía la amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos por la legislación ejecutados hasta el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de dictadura. También amnistiaba a las autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o faltas durante la persecución de actos políticos o hubieran violado los derechos de las personas. El acuerdo para aprobar la ley pretendía eliminar algunos efectos penales que hicieran peligrar la consolidación de la incipiente democracia.
El proyecto de Ley de Amnistía fue presentado por Rafael Arias Salgado, portavoz de UCD, como «el presupuesto ético-político de la democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado». La comisión que había redactado el proyecto de ley la habían compuesto Pilar Brabo y Marcelino Camacho (PCE), Xabier Arzallus y Mitxel Unzueta (MVC), Plácido Fernández Viagas y Pablo Castellano (PSOE) y Donato Fuejo del Grupo Mixto.
Tuvo una oposición vehemente por parte de los parlamentarios de Alianza Popular (antecedente del Partido Popular actual). Su portavoz en el debate, el exministro franquista Antonio Carro, dijo que la ley se traduciría en «un fermento de la inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de Derecho y en una profunda erosión de la autoridad» y que su aprobación significaba deslizarse por el plano inclinado del menosprecio de las leyes, del desgobierno y de la anarquía. Por su parte Manuel Fraga, afirmó que el efecto principal de la ley sería «dar ánimos a los terroristas». Poco ha cambiado la derecha en su discurso de oposición. Finalmente, el texto que suponía la amnistía de todos los represaliados por el franquismo y también de los cuerpos policiales franquistas, salió adelante con 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo.
Y que tenemos hoy por delante. Una reivindicación de los partidos independentistas catalanes, encabezado por el expredident Carles Puigdemot, que aprieta y retrasa la investidura, con el ánimo de ampliar la aplicación de la amnistía. Todo está por ver y cualquier cosa puede suceder.
No parece que haya riesgo de ruptura en la negociación entre el PSOE y Junts. El escenario de una repetición electoral es aún remoto. Sin embargo, en estos últimos días la negociación atraviesa sus horas más complicadas. Tras la defensa de la ley de amnistía que hizo Pedro Sánchez y de la foto del número tres del partido con Carles Puigdemont, en el PSOE llegaron a vislumbrar una investidura inminente, pero ahora los socialistas asumen que los escollos pendientes son escasos pero profundos y que Puigdemont, que no comparte sus prisas, está decidido a marcar los tiempos.
El PP considera un ataque a la democracia el acuerdo para la amnistía y pide repetir elecciones. Los populares acusan a Pedro Sánchez de anunciar el acuerdo con ERC de la ley para la medida de gracia a los encausados por el procés con nocturnidad y alevosía. Todavía no hay un documento formal sobre la amnistía, pero el PP ya se prepara. Preparan iniciativas tanto en el ámbito nacional como europeo. El PP defiende que la amnistía que se le concedería a Carles Puigdemont también es por malversar fondos públicos, por lo que entraría en delitos previstos en la legislación europea y no podría concedérsele.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado en el registro de la Cámara, para su debate en el pleno, una moción en la que manifiesta su absoluta reprobación a toda negociación política que incluya la amnistía, expresa o velada, como contrapartida para conseguir los apoyos parlamentarios para la investidura. De este modo hará que todos los grupos se posicionen sobre la amnistía como pago político para la investidura. También el PP rechaza cualquier forma de indulto o beneficio judicial que, de un modo u otro, busquen favorecer a las personas encausadas por el proceso ilegal de sedición perpetrado en Cataluña; así como las modificaciones legislativas llevadas a cabo por Pedro Sánchez para beneficiar a los responsables del procés, como la eliminación del delito de sedición y la reducción de las penas por malversación.
La oposición a la amnistía tiene enfurecidas a la derecha y a la extrema derecha, que se han echado a la calle para denunciar una amnistía, sin conocer realmente los acuerdos y el alcance que puede tener. Al menos 800 personas, según la Policía, se han concentrado ante la sede del PSOE de Madrid para protestar contra la ley de amnistía y pedir la dimisión del presidente en funciones, que le califican como el peor de los últimos cien años. Pancartas con los lemas Sánchez dimisión y No a la amnistía se han acumulado en la calle Ferraz. Vox ha dicho que esta manifestación no es más que el principio y ha llamado a una movilización permanente. Están dispuestos a todo.
Y frente a esta oposición de la derecha reaccionaria, franquista y antidemocrática, a la que se han sumado los vocales conservadores en el Consejo General del Poder Judicial, están insignes y destacados juristas que defienden el acuerdo sobre la amnistía. Es el caso de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo que defiende que la amnistía cabe en la constitución española: «La amnistía tal y como la hemos concedido a lo largo de nuestra historia es perfectamente posible, otra cuestión es su oportunidad política o su tramitación». En su opinión es una ley y el parlamento es soberano en un país democrático, por lo que si el parlamento con 176 votos aprueba una ley de amnistía no hay ningún problema de inconstitucionalidad.
Para Joaquín Urias (profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional), la amnistía supone asumir, implícitamente, la injusticia o la inadecuación del régimen jurídico vigente hasta el momento. Por eso resulta lógica al terminar un régimen dictatorial cuando, en palabras del Tribunal Constitucional, se hace un juicio crítico sobre toda una etapa histórica. En el caso español, aunque todo el entramado jurídico de la transición se base en la idea de cambiar de régimen sin romper nunca con las normas vigentes, es evidente que las leyes franquistas no eran democráticas. Ni fueron aprobadas por un poder democrático ni muchas de ellas resultaban, materialmente compatibles con un sistema basado en los derechos fundamentales. La Amnistía de 1977, aunque pagara el peaje del perdón de los represores, respondía a la idea de que la transición no podía pasar por alto el carácter dictatorial y antidemocrático de las normas que castigaron a quienes luchaban por la libertad y el pluralismo.
Nada en nuestro texto constitucional permite entender que exista una prohibición general de la amnistía. Mientras se aprobaba la Constitución de 1978, las propias Cortes Constituyentes, que discutían el que sería el texto definitivo de nuestra Carta Magna, elaboraron también una ley de amnistía. Nunca les pareció nada contradictorio. De hecho, cuando los padres de la Constitución abordaron la cuestión en la ponencia, decidieron por unanimidad no constitucionalizar el tema. Es decir, dejarlo en manos de la ley, sin establecer cauces y límites constitucionales, ni prohibirlo.
El Parlamento tiene opciones suficientes para imponer su voluntad, que es la voluntad democrática de toda la sociedad. Y puede conseguir que la mayor parte de las personas inculpadas por hechos relacionados con el 1-O dejen de estarlo, siempre y cuando se haga mediante la aplicación general de una legislación penal más favorable. Esa parece la vía más realista en estos momentos para ir acercando posiciones en este conflicto
Sería razonable aprobar y aplicar la ley de amnistía, y esperar a conocer sus resultados, como ha ocurrido con los indultos, no sólo para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino para reponer la justicia y la convivencia, devolviendo a la política lo que nunca debió salir de su ámbito.
