El juez Santiago Juan Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, ha archivado por segunda vez la causa abierta por la ampliación de capital de 2012 del Banco Popular y ha decretado, a través de un auto al que Diario16 ha tenido acceso, «el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones al no resultar debidamente justificada la perpetración de delito alguno.»
Una vez más, el juez ha determinado que «no había partido», tal y como seguían insistiendo en anuncios de televisión los abogados que interpusieron las querellas. Los letrados de este mediático bufete solicitaron una serie de diligencias que Pedraz ha determinado que no son necesarias, puesto que, según indica el auto, «la causa lleva más de dos años de instrucción y considerando que con el análisis del informe pericial presentado por los inspectores del Banco de España, que además ha sido ratificado en sede judicial por petición de las partes, se deduce la falta de tipicidad delictiva en los hechos objeto de investigación, en los que pudieron existir deficiencias en la ampliación de capital de 2012 por el Banco Popular, pero de las que no se deduce la existencia de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían, afirmaciones efectuadas en varias ocasiones por los peritos del Banco de España ante las preguntas de las partes personadas.»
El juez encargó a los peritos del Banco de España un informe sobre dicha ampliación para que éstos investigaran y determinaran la presunta existencia de tipos penales para continuar con la investigación.
Las conclusiones de ese informe, al que Diario16 ha tenido acceso, fueron demoledoras, mostrando que no hubo ninguna irregularidad en esta operación de capital. Además, se extrae una conclusión contundente del contenido del informe: si la documentación entregada a los inversores reflejaba la imagen fiel de la entidad, lo que supone la inexistencia de engaño alguno, y no hubo perjuicio económico para los que invirtieron en la ampliación de 2012 de Banco Popular, como también constatan, parece que no se dan ninguno de los elementos del tipo penal.
