En estos momentos, las Islas Canarias están sufriendo una de las crisis migratorias más importantes de las últimas décadas con un registro, según nuestros datos, de cerca de veinte mil personas migrantes llegadas este año vía marítima. Esta situación se ha agudizado por la virulencia con que la pandemia ha atacado a los tejidos básicos sociales y económicos de las Islas y la publicación del Real Decreto que se estableció el Estado de Alarma y su posterior gestión que no han mejorado la situación.
En estas últimas semanas, la Delegación de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias ha tenido constancia que la situación de los migrantes en general en las Islas Canarias ha seguido deteriorándose y que los derechos fundamentales de los migrantes se han estado violando sistemáticamente, hechos que han sido denunciados. Estos migrantes han sido alojados en campamentos improvisados que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad para un ser humano, encontrándose hacinados en carpas, sin apenas capacidad de movilidad, con el mínimo de recursos para su supervivencia y siendo retenidos en esas condiciones cerca de veinticuatro días, excediendo, por tanto, las 72 horas que establece la Ley como máximo en su artículo 61.1.d cuando, indicando las medidas cautelares que se pueden adoptar cuando se incoe un procedimiento sancionador dice que, se podrá adoptar la “Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento. En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a 72 horas.”. Ante el desbordamiento de los campamentos improvisados para migrantes, en las últimas horas se han liberado a cientos de migrantes en la isla de Gran Canaria, produciéndose además desplazamientos a otras islas sin control administrativo, sin ningún tipo de garantías sociales, sanitarias, sin posibilidad de vivienda o alojamiento, sin tener regularizada su situación con la administración pública, ni capacidad de sustento o acceso a productos alimenticios de primera necesidad. Generando un estado de enorme desamparo para los migrantes y eliminando el acceso a sus derechos básicos como seres humanos.
La primera prioridad que se debería atender es la lucha contra la trata de personas y que los organismos estales pertinentes hagan caso a las voces de los representantes públicos canarios y de la ciudadanía canaria, en general, que exigen una solución inmediata, con control de la inmigración y de las fronteras, aplicación coercitiva de la ley a los traficantes de personas, acopio de información confidencial, amparo del poder Judicial, así como acatamiento a la Legislación nacional e internacional y apoyo en los mecanismos habilitados el efecto por la Diplomacia Internacional; así mismo es fundamental y necesario que se mejoren la infraestructuras actuales, las estrategias y que se cree un plan de contingencia para poder articular los servicios sociales y humanos imprescindibles, además de la atención médica y psicológica necesaria para dar una respuesta real, a un problema real.
Es necesario establecer una gestión financiera práctica, con información pública y transparente, para la gestión de la crisis, con la capacitación de personal de los CFSE y con una política de comunicación que repercuta en las percepciones y opiniones del público. Desarrollando un plan de comunicación, pedagógico, de integración y convivencia, dirigido a la ciudadanía, en lo que se refiere al control de la migración, las diferencias étnicas y nacionales, la prostitución, el exceso o escasez de mano de obra, las normas culturales relativas a los cuidados infantiles, al trato dado a la mujer, la corrupción, y todo tipo de delincuencia organizada relacionada con los migrantes, no dando pie a la apología del racismo ni de la xenofobia, rechazando cualquier tipo de manifestación de odio, discriminación y, bajo ningún concepto, nunca alimentando el conflicto social o étnico.
Apremia a que los organismos públicos den respuesta a esta situación de forma inmediata. La ciudadanía de manera unilateral no puede, ni merece ser la responsable última de esta situación por la inacción de los poderes y organismos públicos. Los cargos públicos que han sido designados democráticamente para la gestión de la sociedad deben actuar, tomando la parte de responsabilidad que les corresponde, y solucionar un problema que puede dar al traste con todos los esfuerzos y sacrificios que la población canaria ha realizado en pos de la recuperación social y económica de la región.
