El gesto inútil que justifica el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ

“Cuidado que todavía controlamos a los jueces”. Ese puede ser el mensaje que quiere mandar Génova a Ferraz al dar órdenes a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial para que fuercen la convocatoria de un pleno en el cual pedirán el rechazo del proyecto de ley de amnistía. Una iniciativa inútil porque los firmantes del acuerdo lo van a presentar mediante una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, además, con medidas cautelares para que el Senado no dilate el trámite dando a la Cámara Alta un periodo de veinte días para que se pronuncie, casi con toda seguridad, en contra gracias a la mayoría absoluta de los populares. Si se hace mediante esa fórmula, el proyecto no tendrá que ser dictaminado ni por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo de Estado. Pero es que, aunque se decidiese aprobar en Consejo de Ministros, tampoco serviría de nada un pronunciamiento en contra del órgano de los jueces cuyos dictámenes no son vinculantes. Lo único que serviría es para dilatar el trámite.

Por lo tanto, la “pataleta” de la derecha judicial no va a servir de nada. Es más, los vocales progresistas están estudiando ausentarse del pleno convocado por el presidente accidental, Vicente Guilarte, por lo que no habría el quorum suficiente para aprobar la resolución que rechaza la amnistía porque “significaría acabar con el estado de derecho y la democracia”. Y todo porque, según los representantes conservadores en el órgano de gobierno de los jueces, se está cuestionando la autoridad judicial sin tener en cuenta que esa autoridad está sometida a la soberanía popular cuya representación ostenta, única y exclusivamente, el Parlamento. Los jueces no dejan de ser más que unos funcionarios públicos que tienen que someterse a los dictados de la mayoría de la ciudadanía porque, encima, cobran de los impuestos que pagamos todos los españoles sin que hayan sido elegidos. Que ya es hora de llamar las cosas por su nombre.

Si de algo sirve el gesto inútil de unos vocales que deberían avergonzarse, porque llevan casi cinco años con mandato caducado viviendo de la “sopa boba”, es para comprobar, una vez más, que el órgano de gobierno de los jueces está al servicio de la derecha política y judicial y más concretamente del Partido Popular que mantiene bloqueada su renovación desobedeciendo el mandato constitucional. Alberto Núñez Feijóo sigue con su campaña en contra de la amnistía no porque ideológicamente su partido esté en las antípodas de esta iniciativa sino porque sabe que, si sale adelante, habrá un acuerdo de investidura que le aleja de Moncloa en los próximos cuatro años. El objetivo de Génova de adelanto de elecciones no se habrá cumplido y eso puede ser un problema para un líder conservador que tiene muchos detractores dentro de su propio partido dispuestos a mandarle de vuelta a Galicia.

De momento, las movilizaciones que ha convocado no han servido de nada. Tampoco las denuncias a Bruselas que descansan en los cajones del comisario Didier Reynders que sigue manifestando su intención de no entrar en un asunto “que compete exclusivamente a un socio de los 27 miembros de la UE”. El titular de justicia de la Comisión Europea vuelve a dejar claro que sólo examinarán la parte de la ley de amnistía referida al delito de malversación de caudales “por si afecta a los fondos europeos transferidos al Estado español”, algo que, se ha insistido aquí mismo, no tiene sentido porque las malversaciones que van a ser objeto de la medida de gracia se refieren a dinero procedente de las partidas presupuestarias referidas a los gastos corrientes, tal y como se va a demostrar en el juicio que el Tribunal de Cuentas va a llevar a cabo el 17 de este mes, que no ha sido suspendido ni aplazado. Las partidas en materia de inversión, que es donde figuran los fondos procedentes de la UE, nunca se utilizaron para los fines independentistas del procès. Ni siquiera en lo que se refiere a los gastos dedicados a promocionar Catalunya en el exterior.

Aun así, los agentes de la derecha judicial insisten en mantener su veto a la amnistía. Utilizan todos los medios a su alcance. Las asociaciones judiciales y las asociaciones fiscales de tendencia conservadora están dispuestas a llevar a cabo todo tipo de acciones. Ya han amenazado con utilizar los tribunales a sabiendas de que estas instancias están controladas por ellos mismos. Pero la ley que se pretende aprobar en el Parlamento sólo será validada por una instancia superior como es el Tribunal Constitucional que será el que, al final, decidirá si el texto se encuentra dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. Todo lo demás sobra. Incluso si algún juez se le ocurre la idea de suspender cautelarmente la norma si es aprobada por el Parlamento.

Tampoco parece que vaya a prosperar la estrategia del PP de utilizar el Senado para paralizar el trámite de la norma. Por mucho que cambien el reglamento, si se decide poner en marcha el procedimiento de urgencia no les quedará más remedio que cumplir la ley y limitarse a los veinte días de plazo estipulados. Y, aún en el supuesto de que se pudiese dilatar el debate, al final la última palabra la tendrá el Congreso por lo que más tarde o más temprano, la amnistía será aprobada.

Al PP le quedan pocas balas en la recámara. La última utilizada, la del Consejo General del Poder Judicial, no les va a servir de nada. Ni siquiera a nivel de imagen. El órgano de los jueces está tan desprestigiado que la ciudadanía apenas hace caso de sus pronunciamientos. Cinco años “en funciones” son demasiados como para tomarse en serio sus resoluciones.