La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha anulado el Decreto 162/2022, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (POITEGIO), incluido el proyecto de urbanización, al amparo del Decreto 78/2020, de 23 de diciembre, por el que se califica como “Gran Instalación de Ocio” a la iniciativa formulada por Castilblanco Elysium Corporation, SAU, el 9 de agosto de 2019, publicado en el DOE de fecha 9 de enero de 2023, por no ser conforme a Derecho.
La Sala en su fundamentación señala que el POITEGIO está “incompleto”, y que para su aprobación es necesario que se hayan hecho los estudios y evaluaciones ambientales como son el caso de los proyectos del ciclo integrado de agua, gestión y tratamiento de residuos o energía.
En este sentido, la Sala incide que la obligatoriedad de presentar estos estudios y proyectos previos a la aprobación está recogida en el artículo 9 de la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de ocio (LEGIO).
La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Los ecologistas aplauden la decisión
El proyecto afectaba gravemente al ecosistema de la zona, según Ecologistas en Acción, y además la construcción del complejo urbanístico comprometía seriamente los recursos hídricos de una comarca ya amenazada por la sequía que sufre Extremadura desde hace años.
La organización ecologista calificó siempre el proyecto como inviable económicamente, y sobre todo medioambientalmente. Es por ello que cuando el promotor solicitó los permisos necesarios para acometer el inicio de las obras al amparo de POITEGIO Decreto 78/2020, de 23 de diciembre, por el que se califica como “Gran Instalación de Ocio” a la iniciativa formulada por Castilblanco Elysium Corporation SAU, el 9 de agosto de 2019, publicado en el DOE de fecha 9 de enero de 2023, la asociación ecologista interpuso un recurso contencioso administrativo contra el citado PLAN y el proyecto de urbanización.
Ecologistas en Acción de Extremadura critica que las Administraciones públicas, en este caso la Junta de Extremadura presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, sean las que contravienen la legalidad y que las asociaciones ecologistas tengan que ser, con su escasez de medios materiales y humanos, las que tengan que poner freno a esas ilegalidades.
