Es el PP el que no quiere llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ

Aquí mismo se ha dicho casi todas las veces en las que hemos analizado la negociación. Es prácticamente imposible que se llegue a un acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque Génova no quiere ningún tipo de acuerdo y, para ello, cada vez pone más piedras en el camino y más excusas para alejarse del punto de encuentro que posibilite el entendimiento en una materia que afecta al cumplimiento de la Constitución. Ni la certeza de que están saltándose la carta magna, ni la autoridad de un político europeo muy próximo como es Didier Reynders saca de sus planteamientos maximalistas a Alberto Núñez Feijóo y los suyos. Ya van dos veces con excusas ajenas al contenido que se está debatiendo. Si hace dos años fue la reforma del Código Penal en materia de sedición y malversación la excusa que puso el que se sienta en el despacho de la planta noble de la sede del PP, ahora se pone como pretexto la amnistía. Y todavía se va más lejos. El PP quiere un paquete de medidas en las cuales incluir, además de la reforma de la ley orgánica del poder judicial para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales de su órgano de gobierno, la modificación de las condiciones de acceso a la fiscalía general del Estado y un nuevo sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por eso el acuerdo es imposible y la negociación debe darse por concluida.

Algún optimista llegó a decir que Reynders seguiría ocupándose de este asunto hasta alcanzar un acuerdo. Pues no. El comisario europeo ha pedido “una excedencia” que empezará a contar el 25 de abril con el fin de dedicarse en exclusiva a la campaña para la secretaría general del Consejo de Europa. Sus portavoces de la comisaría aseguran que “alguien”, sin especificar quien, seguirá mediando. Se habla de la vicepresidenta Vera Jourová que, probablemente, asumirá las competencias en materia de justicia. La política checa también pertenece, como Reynders, a la familia liberal pero los socialistas españoles la ven con buenos ojos. La consideran mejor mediadora que Reynders el cual se ha mostrado en varias ocasiones próximo al Partido Popular y a Ciudadanos.

Lo que ocurre es que por muchas dotes de persuasión que tenga la Jourová, el problema es que las posiciones, después de las reuniones habidas, están tan alejadas que el acuerdo es prácticamente imposible. Primero la mediación se circunscribió a la renovación de un Consejo General del Poder Judicial que lleva casi seis años caducado. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentó acercar posiciones aceptando que doce de los vocales que deben ser designados por el parlamento saliesen de una lista de candidatos presentados por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados en función de su representatividad. De momento, el sistema sería siendo el vigente, aunque corregido mediante esta fórmula. Y luego se entraría en la reforma pretendida por el PP para que sean los jueces, en elección directa, los que elijan a los miembros del CGPJ. Ni por esas. En la segunda reunión el representante del PP, Esteban González Pons, se descolgó con una idea expresada públicamente por Núñez Feijóo. Habría que ir más lejos y tratar la forma de designación del fiscal general del Estado y de los magistrados del Tribunal Constitucional. La ofensiva de la derecha judicial estaba servida. La conservadora Asociación de Fiscales había puesto encima de la mesa el cese de Álvaro García Ortiz a quien le pedían insistentemente su dimisión por dos razones: porque es de la cuerda de la odiada Dolores Delgado, su antecesora, y porque según ellos se limita a cumplir las ordenes que llegan de Moncloa. Y se fue más lejos. Nunca se había cuestionado la forma de designación de los miembros de la Corte de Garantías: un tercio directamente por el gobierno de turno, otra tercera parte por el Consejo General del Poder Judicial y la restante por el Congreso y el Senado. Ahora, el TC lo dominan los magistrados progresistas y ya no sirve a los intereses de la derecha judicial.

Por supuesto, los socialistas no están dispuestos a llegar tan lejos en esta negociación porque, esas reformas significarían tramitar, al menos, tres leyes orgánicas de capital importancia en un momento en el que el parlamento está muy fragmentado. Aún en la hipótesis de que las iniciativas se presentasen con el apoyo del PSOE y el PP esa maniobra pondría en peligro la relación con los socios que apoyan a Pedro Sánchez en el Congreso.

Eso además de aspectos ideológicos insalvables. Los socialistas creen que lo que pretende la derecha es desmontar el sistema democrático. Ellos, los primeros que se creen con todo el derecho de defender la “modélica transición”, son los que pretenden cargársela.

Félix Bolaños ha lanzado un aviso a navegantes. Esta es la última oportunidad para llegar a un acuerdo. Eso significa que los socialistas ya tienen preparado un plan alternativo para cuya ejecución ya no se contará con la derecha. Ni el PP ni el actual presidente del Consejo, Vicente Guilarte, van a intervenir. Este último, el “sustituto del sustituto” como se le ha llamado, no va a tener mas remedio que dimitir tal y como prometió que haría si no se llegaba a un acuerdo. Y si dimite se va. Y si se va, el órgano de gobierno de los jueces se quedará con 15 miembros de los 21 iniciales. Nueve conservadores y seis progresistas. Y el nuevo presidente será Wenceslao Olea que deberá dejar su trabajo en la controvertida sala de Lo contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ya de por sí en situación precaria con cada vez menos magistrados que, en total, han tenido que dejar de tramitar más de mil asuntos en 2023 porque cuentan con un tercio menos de jueces de los que debería tener ya que el parlamento ha bloqueado la cobertura de plazas que debe llevar a cabo el CGPJ mientras este organismo permanezca en funciones.

Este escenario no se sostiene por lo que habrá que empezar a pensar en una negociación con los socios que sostienen al gobierno para sacar adelante una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ probablemente por mayoría simple, olvidándose de la actual mayoría cualificada. De esa manera se podría sacar adelante la renovación y devolver al consejo sus competencias en materia de designación de los jueces para proceder a la cobertura urgente de las plazas del Supremo y de las instancias superiores territoriales. No se sabe cómo reaccionaría la Comisión Europea ante tal posibilidad, pero tampoco andan en Bruselas como para enmendar la plana al Reino de España con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Los que sí pondrán el grito en el cielo será el PP. Y la batalla emprendida por la derecha en torno a la ley de amnistía sería un pequeño escarceo comparado con lo que llevarían a cabo por este asunto.