Especulación con materias primas e inflación (Parte II)

2-Los gigantes que dominan el comercio mundial de las materias primas. Los actores en la sombra que controlan el mercado de los productos agroquímicos, las semillas, las semillas transgénicas, los alimentos transgénicos y las patentes intelectuales de las semillas:

Los gigantes que dominan el comercio mundial de las materias primas:

Por motivos muy distintos a los actuales, Rusia jugó un papel fundamental e involuntario en la escasez de cereales que se produjo hace 12 años. En marzo de 2011, un alto ejecutivo de Cargill, el gigante industrial estadounidense que no solo está presente en la industria alimentaria, sino también en el transporte, las finanzas, la cosmética, la energía o el sector farmacéutico, declaró que los acontecimientos que tuvieron lugar en Rusia en el verano de 2010 -importantes sequías, pérdidas de cosechas de cereales e incendios- constituían “una importante oportunidad de negocio”. Es exactamente así cómo piensan los directivos que dirigen la economía especulativa y la gran banca. Donde los demás vemos problemas de índole humanitaria, ellos ven “oportunidades de negocio”. Los dirigentes de Cargill, que junto a las también estadounidenses Bunge y Archer, la china COFCO, las singapurenses OLAM y Wilmar y la francesa Dreyfus controlan el 90% del mercado mundial de los cereales, fueron capaces de prever que Rusia se vería obligada a interrumpir de forma temporal las exportaciones de trigo y otros cereales, anticiparon que eso llevaría al desabastecimiento a los países importadores de los cereales rusos, y pusieron todos los medios para almacenar los granos allá donde los hubiera con el fin de, posteriormente, trasladarlos a los puntos logísticos estratégicos y esperar que el acaparamiento y la consiguiente escasez  produjeran un alza en los precios. Efectivamente, el 15 de agosto de 2010 los rusos suspendieron las exportaciones de cereales hasta finales de 2011. Como consecuencia de esta decisión, en septiembre del mismo año el precio del trigo sufrió un aumento del 80% en la bolsa de futuros de Chicago, la mayor subida en 40 años. Una resolución del Parlamento Europeo de enero de 2011 consideraba que los movimientos especulativos causaban el 50% de los incrementos del precio de los alimentos. No es necesario explicar que la economía mundial se mueve más por intereses ilegítimos e incluso criminales que por razones humanitarias. Así, un informe del Banco Mundial de principios de 2011 consideró que entre finales de 2010 y comienzos de 2011 el aumento de los precios de los alimentos había generado 44 millones de pobres en el mundo. A la vez, en la Bolsa de Chicago, que constituye el mayor mercado mundial de productos agropecuarios, solo entre 2010 y 2011 el trigo aumentó su precio un 27,8%, la soja un 44,4%, la leche un 37,3%, el maíz un 78,2% y la mantequilla un 44%.

Estos son los siete gigantes que controlan el mercado de las materias primas alimentarias a nivel mundial:

Las siete empresas de las que hablaremos a continuación, con un perfil extremadamente discreto que evita todo debate público acerca de sus actividades, poseen una capacidad única de influir en los precios porque tienen intereses en ámbitos estratégicos que no solo abarcan actividades de comercio, transporte, almacenamiento y distribución de productos agroalimentarios, sino en la financiación de toda la cadena de producción alimentaria. Estos gigantescos emporios también son productores ganaderos y avícolas y producen alimentos para animales, siendo también grandes propietarios y arrendadores de tierras. Además, operan en toda la cadena de producción de biocombustibles y en la elaboración y comercialización de productos industriales como plásticos, tintes y almidones.

Archer Daniels Midland (ADM):

Con sede en Chicago, la empresa fue fundada en 1902. Sus ingresos declarados en 2022 fueron de 101.556 millones de dólares y cuenta con 42.000 empleados. Su sede más importante fuera de Estados Unidos se encuentra en Rolle, en el cantón suizo de Vaud. A diferencia de Cargill y Dreyfus, ADM sí cotiza en bolsa. ADM no solo es uno de los líderes mundiales en el procesamiento de productos alimentarios, sino que también produce combustibles, productos industriales, químicos y energéticos como el etanol y el biodiésel. ADM comercializa varios tipos de aceites, harinas, soja, algodón, cacahuete, cacao, lino, maíz, trigo, edulcorantes, chocolate, piensos y semillas oleaginosas. La empresa posee unas 290 plantas de procesamiento de productos alimentarios en todo el mundo y alrededor de 400 centros logísticos, así como una eficaz red de transporte. ADM ha recibido múltiples denuncias por corrupción, que incluyen manipulación de precios, pagos ilegales, sobornos y fraude fiscal.

Bunge:

Bunge se fundó en Ámsterdam (Holanda), en 1818, pero tiene su sede en White Plains (Nueva York), aunque su mayor desarrollo se ha producido en América Latina. Durante 2022, sus ingresos totales ascendieron a 67.232 millones de dólares. La empresa cuenta con 23.000 empleados. Bunge comercializa semillas oleaginosas, aceites vegetales de todas clases, granos, varios tipos de harinas, derivados del arroz, maíz, trigo, soja, azúcar y etanol, así como productos químicos agrícolas. La empresa dispone de la capacidad de transportar y almacenar sus productos. La mayor parte de sus ganancias las obtiene con el procesamiento de la soja en Argentina y Brasil.

Cargill:

Cargill, con sede en Minneapolis (Minnesota), fue fundada en Conover, Iowa, en 1865. La empresa ingresó en 2022 más de 165.000 millones de dólares, un 23% más respecto a 2021. Cargill es la empresa más grande de Estados Unidos entre las que no cotizan en bolsa, cuenta con unos 155.000 empleados en todo el mundo y delegaciones en 70 países. Su sede del negocio mundial de transporte y comercio se encuentra en Ginebra, desde donde la compañía opera y gestiona unos 650 barcos de carga. Históricamente, ha jugado un papel de intermediario comprando directamente las cosechas para venderlas en los mercados internacionales. Cargill está en manos de la cuarta familia más rica de Estados Unidos, los Cargill-Macmillan, después de los Walton (Walmart), los Koch (Koch industries) y los Mars (Mars). Como antes comentábamos, Cargill está presente en múltiples sectores, controlando la cadena de suministros y comercializando toda clase de productos químicos, soja, maíz, cacao, carne, pescado, aceites, granos, legumbres y endulzantes. La empresa tiene inversiones en el transporte marítimo de carga y asesora a otras grandes empresas que venden materias primas. Cargill también posee intereses en los mercados del metal, especialmente acero y hierro, a través de Cargill Metals. Por medio de Cargill Risk Management, la compañía también ofrece servicios bancarios a sus empresas colaboradoras y una amplia gama de productos financieros destinados a grandes inversores.

Cargill ha sido acusada por organizaciones como Greenpeace, Amazon Watch, Oxfam, Global Justice Now o Mighty Earth por malas prácticas comerciales y por contaminar el medio ambiente. Cargill habría comprado materias primas a proveedores que violaban los derechos humanos en África, habría contribuido a la deforestación de grandes áreas naturales, especialmente en El Cerrado de Brasil (la sabana brasileña), y sus actividades habrían obligado a comunidades indígenas a desplazarse a causa de la contaminación del suelo y el aire. Aunque la empresa se comprometió a poner fin a las malas prácticas que derivaban en una deforestación de los bosques, ha aprovechado la desregulación ambiental llevada a cabo en Brasil por el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), causando graves estragos en el medioambiente. Cargill también está presente en los mercados del cacao de Ghana y Costa de Marfil, los dos mayores productores del mundo. En ambos países, la producción de cacao ha destruido bosques y ha perjudicado el medio ambiente, y organizaciones de defensa de los derechos del niño han denunciado graves violaciones de los derechos humanos de los menores, además de las peores formas de trabajo infantil. 

COFCO International:

El gigante chino surgido en 2014 forma parte de la empresa estatal COFCO Corporation, que es su principal accionista y la compañía de alimentos y agricultura más grande de China. En realidad, COFCO International, cuya sede se encuentra en Ginebra, es la plataforma de negocios agrícolas que utiliza COFCO Corporation para operar fuera de China. Como el resto de los gigantes de la distribución de materias primas, COFCO International posee intereses en la producción, almacenamiento, procesamiento, comercio, transporte y distribución de granos, aceites vegetales, azúcar, café, cacao, algodón y productos destinados a la nutrición animal. COFCO también tiene una división de semillas y biotecnología de productos agrícolas. La empresa dispone de 12.000 trabajadores en 37 países. La información disponible en su página da cuenta de ingresos de 48.000 millones de dólares en 2021, sin aportar aún datos de 2022. La ecuación es sencilla: la clase media china comenzó a crecer hace más de 40 años, su demanda de materias primas es cada vez mayor y las importaciones de toda clase de alimentos no dejan de crecer. Con un número de habitantes que representa el 20% de la población mundial, China posee solo el 10% de las tierras cultivables. Con la adquisición, en 2016, de las empresas Nidera y Noble, en Argentina, COFCO International consiguió el acceso directo a varios cereales y legumbres del sur de América, incluyendo la soja y el maíz. La estabilidad social es una prioridad para los políticos chinos, y para garantizarla era vital mejorar el abastecimiento de alimentos y no depender de las fluctuaciones de los precios y los eventos climáticos.

Louis Dreyfus Company (LDC):

La empresa Louis Dreyfus Company BV (LDC) fue fundada en Francia en 1851. En la actualidad, tiene su sede en Rotterdam, mientras que la matriz del grupo, Louis Dreyfus Holding BV, tiene sus oficinas centrales en Ámsterdam. Los ingresos de Dreyfus ascendieron en 2022 a 59.900 millones de dólares. La empresa cuenta con 17.000 empleados en todo el mundo, opera en alrededor de 100 países y posee intereses en el comercio y distribución de algodón, arroz, azúcar, café, granos, semillas oleaginosas, comida de animales y soja. Dreyfus también está presente en el mercado del aceite, las proteínas vegetales, los principios activos utilizados en la industria farmacéutica, el biodiesel y la industria textil. Como los otros grandes distribuidores de materias primas, también posee centros de almacenamiento, procesamiento y distribución, y su propia flota de barcos para el transporte de sus productos.  

Olam:

En 1989, el grupo singapurense Kewalram Chanrai Group fundó en Nigeria la empresa Olam Nigeria Plc con el fin de exportar el petróleo nigeriano. La empresa contaba con una división agroalimentaria, Chanrai International Limited, que tenía su sede en Londres y allí permaneció hasta 1996, cuando Olam International Limited, fundada en 1995, trasladó a Singapur todo el negocio de comercio de granos, frutos secos y cacao de Chanrai International Limited, invitada por la Junta de Desarrollo del Comercio de Singapur. Olam International forma parte de Temasek Holdings, una empresa pública de Singapur que gestiona un enorme fondo de inversión. Los ingresos de Olam en 2022 fueron de 54.991 millones de dólares y emplea a más de 43.000 personas. Olam opera en 60 países comercializando algodón, arroz, cacao, café, aceite de palma, caucho, frutos secos, especias, granos, piensos, frutas, verduras, productos de proteína animal y productos lácteos. Olam también fabrica y comercializa alimentos procesados. La empresa ha recibido denuncias por explotación infantil, deforestación de bosques, deterioro del hábitat de gorilas, chimpancés y elefantes, y plantación de cultivos en áreas naturales protegidas.

Wilmar International Limited:

Fundada en 1991 en Singapur, donde mantiene su sede, esta compañía es un grupo financiero formado por trescientas subsidiarias que, junto a la china COFCO, domina buena parte del mercado asiático, principalmente el chino, el indio y el indonesio. Sus ventas en 2022 ascendieron a 97.817 millones de dólares y su número de empleados es de 100.000. Wilmar se dedica a la comercialización de aceites, semillas, granos, azúcar, arroz, harinas, piensos, productos químicos, fertilizantes y biodiésel. La empresa posee alrededor de 500 centros de procesamiento en todo el mundo.

Wilmar ha sido acusada de plantar cultivos ilegales, plantar en áreas protegidas, tala ilegal de bosques y diversas prácticas contaminantes con el medio ambiente. En 2016, Amnistía Internacional publicó un informe sobre las condiciones de trabajo en las plantaciones y refinerías de Wilmar en Indonesia, que incluían trabajo infantil (de menores de entre 8 y 14 años), trabajos forzosos, salarios bajos, exposición grave a productos químicos tóxicos y discriminación contra las mujeres. Varios trabajadores indonesios denunciaron a la empresa por extorsiones, amenazas e impagos de salarios.

Los actores en la sombra que controlan el mercado de los productos agroquímicos, las semillas, las semillas transgénicas, los alimentos transgénicos y las patentes intelectuales de las semillas:

Los campesinos de todo el planeta son cada vez más dependientes de las grandes multinacionales que comercializan semillas y productos agroquímicos, entre otras cosas porque la agenda política de las grandes potencias como Estados Unidos o la Unión Europea las protegen, creando marcos jurídicos a su medida. Las mismas súper multinacionales que controlan el mercado mundial de los abonos y los productos químicos usados en la agricultura son las que monopolizan el mercado mundial de las semillas y las patentes de semillas transgénicas: hablamos de la alemana BASF, con ingresos en 2022 de 95.377 millones de dólares; la también alemana Bayer AG, ya fusionada con Monsanto desde 2018 (la marca estadounidense desapareció tras la fusión con la empresa alemana a causa de las malas prácticas que deterioraron su nombre), que ingresó en 2022 más de 54.000 millones de dólares; la estadounidense Corteva, INC., desligada desde junio de 2019 de su matriz DowDuPont, con ingresos en 2022 de 17.455 millones de dólares; y la empresa suiza Syngenta, propiedad de la China ChemChina, con unos ingresos en 2022 de 33.400 millones de dólares. Estas cuatro empresas controlan el 60% de las semillas del planeta, el 70% de los productos químicos necesarios para el cultivo de alimentos y casi la totalidad de las patentes de las semillas transgénicas del mundo. Esto les otorga una capacidad económica única para invertir en investigación con el fin de imponer sus productos a los agricultores. Estas empresas también tienen entre sus principales objetivos el control total del mercado mundial de las patentes y la propiedad intelectual. Todas estas cuestiones, presumiblemente, redundarán no solo en la desaparición de muchos de los pequeños productores, sino también en la reducción de la competencia y en un aumento de la especulación con los productos químicos.

Según datos de la Unión Europea, la alemana Bayer dedica anualmente más de 4,25 millones de euros a realizar actividades de lobby en territorio de la Unión. Únicamente, Google, Facebook y Microsoft destinan más dinero a labores de presión. Los cuatro gigantes, BASF, Bayer, Corteva y Syngenta compiten entre sí, pero eso no impide que se conviertan en un grupo de presión perfectamente coordinado a través de diferentes prácticas y organizaciones. CropLife International es una asociación de empresas agroquímicas fundada en 2001 que recibe financiación directa de los cuatro grandes y que despliega una agresiva estrategia como grupo de presión. Esta entidad financió en 2022 un estudio de la Universidad de Wageningen en el que se decía que las políticas de la Unión Europea encaminadas a reducir el uso de plaguicidas (las cuatro empresas controlan el 95% de los plaguicidas a nivel mundial) “darán lugar a una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la Unión Europea de una media del 10 al 20%”.

CropLife actúa en sinergia con Copa-Cogeca, la asociación que representa a los agricultores europeos. Copa-Cogeca se ha reunido en 26 ocasiones desde 2019 con los comisarios europeos y con funcionarios de menor nivel con el fin de presionar contra el nuevo Reglamento de productos fitosanitarios para fomentar la agricultura ecológica. Por su parte, CropLife se reunió en 12 ocasiones con los comisarios, mientras que los cuatro grandes, BASF, Bayer, Corteva y Syngenta lo hicieron en 69 ocasiones. De los 52.000 millones de euros facturados en el mercado mundial de plaguicidas en 2019, 12.000 millones se comercializaron en la Unión Europea. El objetivo final de estos grupos es que las medidas de control sobre los productos agroquímicos comercializados en Europa sean más flexibles, tal como sucede en los gigantescos mercados de Brasil y Estados Unidos, cuyas exigencias de respeto al medioambiente y de protección al ciudadano son menores. De nuevo, vemos como las estrategias de negocio más agresivas, que excluyen todo interés humano, son implementadas por grandes fondos de inversión como Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity, que poseen entre el 10% y el 30% de los principales grupos alimentarios del mundo, como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo, que también están presentes en el accionariado de BASF, Bayer y Corteva.

Si tiene alguna duda acerca de la eficacia de las labores de lobby de las grandes empresas, no tiene más que revisar la bibliografía publicada en Europa y Estados Unidos acerca del glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en el mundo, y contrastarla con la renovación de su uso que la Comisión Europea anunció en noviembre de 2017.  Dos años y medio antes, en marzo de 2015, 17 expertos de 11 países se reunieron en la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC / OMS, Lyon, Francia) para examinar la carcinogenicidad del glifosato y otros plaguicidas. El glifosato fue calificado como carcinógeno Grupo 2A (probable carcinógeno en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud). Esta categoría se usa cuando hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación. La evidencia limitada en los seres humanos significa que se ha observado una asociación positiva entre la exposición al agente y el cáncer, pero no se pueden descartar totalmente otras explicaciones, como el azar o los sesgos de los estudios. La evaluación de la IARC se basa en todas las evidencias disponibles de estudios en humanos, experimentos con animales y estudios sobre sus diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, cómo se metaboliza el glifosato, si se produce un daño celular compatible con el cáncer, etcétera. Inexplicablemente, la Comisión Europea decidió renovar el uso de glifosato sobre la base de esta evaluación de riesgo, y lo hizo hasta finales de 2023. Pese a que la Organización Mundial de la Salud no tiene poder para regular e imponer sus resoluciones científicas, las conclusiones de la IARC son aceptadas en el ámbito internacional.

Paradójicamente, aunque un producto químico esté prohibido en la Unión Europea, este puede exportarse a otros países en vías de desarrollo. Un estudio de Greenpeace de 2020 que analizaba 400 informes de empresas europeas concluía que Europa vendió en 2018 a un total de 85 países más de 81.000 toneladas de pesticidas prohibidos en la Unión Europea, entre ellos el dicloropropeno, la cianamida, el paraquat, el herbicida trifluralina, el acetoclor y la atrazina. Lo realmente contradictorio es que Europa importa productos alimentarios procedentes de países que han usado estos pesticidas prohibidos en la Unión, de manera que los agrotóxicos terminan entrando en la cadena alimentaria de los europeos.

El Comité de Evaluación de Riesgos (RAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de controlar los productos químicos que se utilizarán en Europa. Estas instituciones se exponen de forma continua a las actividades de los grupos de presión, que incluyen análisis y estudios supuestamente científicos que se elaboran con el fin de minimizar los perjuicios que un producto puede causar. Un análisis de 2021 del Instituto de Investigación del Cáncer de Viena concluyó que únicamente dos de los 53 informes financiados por la industria para la evaluación del glifosato pueden considerarse fiables, 34 se identificaron como “no confiables” y 17 como “parcialmente confiables”. Nada de esto nos puede extrañar si tenemos en cuenta que el presupuesto más cuantioso de la Unión Europea es el destinado a la Política Agrícola Común (PAC), unos 53.000 millones de euros, cifra que representa el 31% del presupuesto total de la Unión en 2022. La estrategia de la Unión Europea para potenciar la agricultura ecológica se lleva a cabo mediante el programa “De la granja a la mesa”, y aspira a que en 2030 una cuarta parte de las tierras cultivadas adopten cultivos ecológicos y sostenibles. Todo esto choca con los intereses de la industria, cuyos representantes alegan que el uso restrictivo de pesticidas puede poner en serio peligro el abastecimiento alimentario en Europa, pese a que la Unión Europea es un exportador neto de alimentos.

El informe de 2019 del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro formada por personas independientes expertas en seguridad alimentaria, ecosistemas agrícolas y nutrición ya advertía, refiriéndose al poder de concentración de BASF, Bayer, Corteva y Syngenta, que “está en camino una ola de consolidación corporativa sin precedentes”. El informe se focalizaba en África y ponía de relieve que las cuatro grandes empresas, gracias a su posición dominante, tendrán acceso a los bancos de información genética, fundamentales para el crecimiento en lugares como el África Subsahariana, que a la escasez de alimentos une el problema de una población en constante aumento. Es cuando menos curioso saber que durante los procesos de independencia de los países africanos, estos eran autosuficientes y exportadores netos de productos alimentarios. Incluso después de su emancipación, concretamente en el período 1966-1970, la cifra de exportaciones de alimentos de esta región alcanzó la cifra de 1,3 millones de toneladas, mientras que el continente importa hoy aproximadamente el 25% de los alimentos que necesita. Según la FAO, el déficit alimentario en el oeste de África aumentó un 81% en el período 1995-2004. Durante el mismo espacio de tiempo, la importación de cereales aumentó un 102%, la de azúcar un 83%, la de productos lácteos un 152% y la de aves nada menos que un 500%.

Esta información contrasta con el informe de 2007 del Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA), una Agencia de la ONU que dice que esta zona de África tiene capacidad plena de producir alimentos para su población. La mayor parte de los estudios que se han hecho al respecto prueban que el problema del hambre no depende del abastecimiento en sí, sino de la pobreza, la ausencia de democracia, la desigualdad y la falta de acceso a recursos como la tierra y el agua. En su ensayo “Pobreza y Hambrunas. Un Ensayo sobre Derechos y Privaciones”, el Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Kumar Sen, vincula directamente el hambre con la desigualdad y el déficit democrático. La existencia de grandes empresas puede producir una falsa ilusión de competencia que beneficiará a los consumidores, pero como bien enseña la historia del capitalismo, en muchas ocasiones los grandes grupos tienden a pactar los precios al alza y a intentar aumentar su influencia en los gobiernos para que estos elaboren leyes a su medida. En realidad, durante los últimos 25 años todo se mueve en la misma dirección: las grandes multinacionales se fortalecen y muchos gobiernos promueven las fusiones entre ellas. En esto ha sido fundamental el ataque neoliberal, en connivencia con el poder político, que ha conseguido privatizar gran parte de los sectores públicos de los grandes países. Como consecuencia de ello, en el terreno de la investigación alimentaria las instituciones públicas han reducido su inversión en investigación, que ha quedado finalmente en manos del sector privado.

Respecto al problema de las semillas transgénicas: los llamados transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. El ser humano lleva milenios modificando el material genético de plantas y animales mediante técnicas tradicionales de selección. El problema que plantean los transgénicos es de orden económico porque este tipo de cultivos no producen semillas con capacidad de reproducirse, lo que sitúa a los agricultores en estado de dependencia respecto a los cuatro gigantes suministradores de semillas transgénicas, que serán quienes fijarán los precios. Todo ello supondrá en casi todos los casos un incremento de costes para los agricultores, puesto que, al contrario de lo que hacían en el pasado, no podrán seleccionar parte de las semillas de la última cosecha con el fin de utilizarlas en la siguiente siembra. La mayoría de las semillas transgénicas presentes en el mercado son comercializadas por BASF, Bayer, Corteva y Syngenta a través de las patentes intelectuales, que duran entre 20 y 25 años. Es decir, los transgénicos no son bienes públicos producidos por los Estados y regulados por organismos oficiales que velan por el bien de todos, sino productos comercializados por oligopolios con capacidad de establecer e imponer los precios. 

En cuanto a las patentes intelectuales de las semillas: en 1961 se fundó la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en francés), una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El primer convenio UPOV fue ratificado en París en 1961 por seis países occidentales: Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido, aunque no entró en vigor hasta el 10 de agosto de 1968. Este marco legal fue revisado en 1972 (UPOV 61), en 1978 (UPOV 78) y finalmente en 1991 (UPOV 91), en todos los casos para reforzar los derechos de las multinacionales que creen o descubran una variedad vegetal. La revisión de 1978 fue impulsada por la Federación Internacional de Semillas, algunos de cuyos miembros son BASF, Bayer, Corteva, Nestlé R&D Center Plant Science & Technology (la división agrícola de Nestlé) y Syngenta. La revisión de 1991 fue particularmente lesiva para los agricultores porque eliminaba su derecho a almacenar semillas privatizadas y limitó lo que otros mejoradores genéticos (más específicamente, las empresas) podían hacer con esa semilla.

En una serie de reuniones conocidas como Ronda de Uruguay, celebradas entre 1986 y 1994, 123 países acordaron el marco jurídico que daría lugar a la Organización Mundial de Comercio (OMC, por sus siglas en español), el 1 de enero de 1995. Parte del pacto consistía en aceptar el Anexo 1C del Acuerdo sobre “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (TRIPS, por sus siglas en inglés o ADPIC, por sus siglas en español), que obligaba a los miembros de la OMC a introducir la protección de las obtenciones vegetales en la legislación nacional. Los países que no adaptaran su ordenamiento jurídico a este régimen de propiedad intelectual sufrirían diferencias respecto a los firmantes en cuanto a aranceles y otras tarifas. La UPOV 78 era más flexible en la aplicación de sus normas, que no protegían tanto a las multinacionales como la UPOV 91, pero todos los Tratados de Libre Comercio firmados por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, desde hace más de 30 años, obligan al resto de naciones a adherirse a la UPOV 91 mediante cláusulas específicas similares a las cláusulas ISDS presentes en los Tratados Bilaterales de Inversión.

El objetivo de la UPOV 91 es la protección de las nuevas variedades vegetales e incentivar a los obtentores (las grandes empresas) a “descubrir” y “poner a punto” (hacerla apta para ser multiplicada) variedades preexistentes. La UPOV 91 hace hincapié en la necesidad de proteger a los obtentores contra los pequeños agricultores, que presumiblemente usarían las nuevas variedades vegetales sin haber invertido cantidad económica alguna. Todo este lenguaje técnico y jurídico es particularmente obsceno porque prioriza los intereses de empresas como BASF, Bayer, Corteva y Syngenta, otorgándoles una protección que debería estar reservada a los más débiles, en este caso los campesinos, principalmente cuando está en juego preservar derechos humanos como la alimentación. La UPOV 91 acaba con el derecho de los pequeños agricultores a reservar semilla, guardarla para resembrarla en una nueva cosecha, intercambiarla con sus vecinos e incluso venderla en los mercados locales. Estas prácticas forman parte de las costumbres ancestrales del campesinado de todo el mundo, en muchas ocasiones suponen actividades de subsistencia y constituyen el núcleo del llamado “privilegio del agricultor”, entendiendo por tal no a las grandes corporaciones agroalimentarias, sino a los pequeños campesinos. Es evidente que los pequeños agricultores tan solo disponen de la capacidad de hacer pequeñas modificaciones en las plantas, que nada tienen que ver con las nuevas prácticas de los gigantes de los que hemos hablado, que pueden producir, reproducir, vender, exportar o importar una variedad determinada. Si alguien más desea hacer esto, requiere un permiso por parte de la multinacional y cumplir con las condiciones que esta especifique, que pasan por pagar derechos o regalías sobre las diferentes variedades, siempre teniendo en cuenta la imposibilidad de guardar la semilla para la siguiente temporada. 

Alguien podrá decir que esto no supone mayor problema para los campesinos porque pueden guardar sus propias semillas mientras se abstienen de usar las de las multinacionales, pero la UPOV 91 y las leyes de patentes permiten la privatización de las semillas campesinas a través de dos mecanismos: en primer lugar, las multinacionales y las empresas de innovación disponen de la posibilidad de tomar las semillas directamente de los campos de los agricultores, reproducirlas, realizar algún nivel de selección para homogenizarlas y luego privatizarlas como una variedad descubierta por ellas; una segunda disposición de la UPOV 91 extiende la propiedad privada sobre una variedad específica a cualquier otra variedad que sea similar a aquella. De manera que, en virtud de estas dos disposiciones, una multinacional de semillas puede tomar semillas del campo de un agricultor, hacer una selección simple, privatizarla y reclamar la propiedad intelectual sobre todas las variedades similares existentes, lo que obligará a los pequeños agricultores a pagar una regalía si desean usar su propia semilla, porque esta ha sido privatizada.  El principal y mentiroso argumento de los defensores de la privatización de las semillas es que las que pertenecen a los agricultores no pueden ser privatizadas porque no se pueden conceder derechos de propiedad sobre algo que no es “nuevo”, pero cuando decimos que la arquitectura jurídica que protege los abusos de las grandes multinacionales está redactada por los más fuertes en los términos que más les convienen y que ellos eligen, siempre tomando como referencia y única prioridad los beneficios económicos, no los derechos de los ciudadanos, nos referimos exactamente a cosas como esta: los redactores de la ley, naturalmente, ya han previsto todos los casos y dicen que nada que haya sido “vendido por el obtentor o con su consentimiento”, “previamente conocido” o “notoriamente conocido” puede ser privatizado. Así, si la compañía que reclama la propiedad de una semilla concreta no la ha vendido -incluso si la semilla ha estado circulando en los mercados campesinos durante años- sigue siendo considerada “nueva” y puede ser privatizada. Además, tanto “previamente conocido” como “notoriamente conocido” no se refieren a lo que los ciudadanos y campesinos conocen, sino a lo que es conocido por la industria de semillas, los institutos de semillas y los funcionarios de propiedad intelectual. Como podemos comprobar, aquí, a diferencia de otros ámbitos, sí abunda la regulación, pero para garantizar el derecho de los más fuertes.

Todos los países que suscriben la UPOV 91 y todos los que firman Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Japón se ven obligados a “proporcionar los recursos legales apropiados para la aplicación efectiva de los derechos de los obtentores”. Esto significa que si un agricultor infringe estas normas puede enfrentarse a sanciones severas, incluso aunque realice actividades que él y sus ascendientes han hecho durante generaciones. Las sanciones difieren entre los países, pero van desde cuantiosas multas, penas de cárcel y confiscación de las semillas, cultivos y cosechas, hasta la confiscación o destrucción de la maquinaria para trabajar el campo. La ley prevé que las multinacionales de las semillas puedan crear sus propios cuerpos de inspectores y autoridades de certificación, incluyendo cuerpos policiales privados con el fin de inspeccionar a los pequeños agricultores, lo que supone como mínimo un grave conflicto de intereses.

El Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA, por sus siglas en inglés) fue fundado en diciembre de 1994 y está formado por 21 países africanos. Según el tratado de COMESA, todos los países miembros deben respetar la normativa común sobre el comercio de semillas, redactada en 2013. Aún no ha entrado en vigor, pero, de adoptarse, permitiría a las empresas certificar sus semillas en uno de los países miembros y automáticamente obtener el derecho a comerciar con ellas en el resto de naciones del bloque. Del mismo modo, se elaborará un catálogo común que enumere las variedades autorizadas en todos los países, que podrán adoptar un sistema de certificación unificado. La nueva legislación no contiene ninguna medida para proteger las variedades de semillas campesinas y locales. COMESA también ha aprobado un proyecto de directrices para las políticas sobre los Organismos Genéticamente Modificados, lo que supone un paso adelante con el fin de pasar por encima de las normativas nacionales sobre los transgénicos en los ámbitos del comercio, la agricultura y la ayuda a la alimentación. Tal como han denunciado las organizaciones agrícolas, estas directrices no provienen de los estados miembros de COMESA, sino de una iniciativa sobre política biotecnológica financiada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que canaliza la ayuda económica estadounidense de carácter no militar y que sigue las estrategias del Departamento de Estado con el fin de imponer mediante estos programas la liberalización, la desregulación y el dominio de las grandes empresas. Las personas expertas formadas por USAID han redactado esta ley sin escuchar a los pequeños agricultores. Tal como sucede con las normativas sobre comercialización de semillas, las políticas de los alimentos transgénicos serán aplicables de manera inmediata en todos los países de COMESA. Esto debilita la capacidad de las asociaciones de la sociedad civil para luchar contra estas leyes a través de los gobiernos nacionales de África, muchos de los cuales cuentan con normativas relativamente estrictas destinadas a proteger los derechos de los pequeños agricultores.