Los abogados del turno de oficio están pensando en la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones que culminarían con una manifestación el 12 de junio, el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. “No tenemos nada que celebrar”, dicen en la plataforma que agrupa a las 14 asociaciones que representan a este colectivo. Se quejan, principalmente, de los efectos económicos que para ellos ha tenido la huelga de los letrados de la administración de justicia. “Si no se celebran los juicios, no se justifican las actuaciones y, por lo tanto, no se cobra”, señalan.
La suspensión de las actuaciones judiciales durante la huelga, 356.000 juicios y procedimientos suspendidos según las asociaciones convocantes, supone para los letrados del turno de oficio no poder certificar sus actuaciones. Y ellos cobran por un procedimiento que, ahora mismo, no pueden justificar. “Encima de que percibimos unas indemnizaciones ridículas en comparación con el trabajo que realizamos”.
Los abogados han pedido que se les comunique con antelación la suspensión de los juicios y demás actuaciones para, así, evitar trasladarse. Ellos y sus clientes, para los cuales las suspensiones también suponen un importante perjuicio económico. Y en una circunstancia en la que se debe tener en cuenta que si actúa el turno de oficio es porque el afectado carece de medios para poder pagar un abogado por lo que cualquier desembolso, como por ejemplo un desplazamiento, supone un gasto importante en su presupuesto por muy pequeño que sea.
Además, se está produciendo otra circunstancia que reviste cierta gravedad y a la que habrá que buscar alguna solución. Al suspenderse algunos procedimientos se puede llegar a producir su caducidad al correr los plazos sin que se pueda alegar más motivo que el de la situación actual en los juzgados e instancias judiciales. Y un litigio caducado, sobre todo en el ámbito civil, acaba por perjudicar a alguna de las partes.
A todo esto, hay que añadir el retraso en los pagos en algunas comunidades autónomas con competencia en materia judicial. Según datos facilitados por los colegios de abogados, en la actualidad más de 20.000 profesionales llevan tres meses sin cobrar sus servicios certificados.
Desde el ministerio de justicia se recuerda que los abogados del turno de oficio cobran trimestralmente por lo que “si hay retraso es muy irrelevante”. Las facturaciones del turno de oficio son trimestrales y de las mismas se tienen que hacer cargo los servicios de orientación jurídica que son costeados por el Estado. No obstante, esos servicios dependen, en los casos donde han sido traspasadas competencias en materia judicial, de las administraciones autonómicas por lo que hay territorios donde se cobra puntualmente mientras que en otros el retraso es evidente.
El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, Carlos Arias, denunció, recientemente, las dificultades por las que estaban atravesando los compañeros del turno de oficio “porque hasta que no se celebra el juicio y hay sentencia no cobran”. Últimamente se han celebrado elecciones a representantes del turno de oficio en varios colegios de abogados de España. Las candidaturas que han ganado las consultas son claramente reivindicativas, con el compromiso de mejorar una situación, la de sus compañeros, que empieza a ser preocupante.
En Madrid, el Colegio de Abogados ha logrado la actualización de los baremos de tal manera que, por un juicio penal especial, lo que se viene en llamar “macroproceso”, los honorarios que debe pagar la CAM quedan establecidos en 600 euros desde el primero de enero. El servicio de guardia, el más frecuente en el turno, queda establecido en 200 euros. Hay que tener en cuenta que los gastos de gestión, incluidos los de desplazamiento, corren por cuenta del profesional.
Si se tiene en cuenta que en lo que se podría llamar “el mercado libre” de la abogacía, los baremos mínimos que establecen los colegios profesionales oscilan para una causa penal, entre los 3.000 y 6.000 euros de media, es fácil deducir la diferencia abismal entre lo que cobran los integrantes del turno de oficio y los abogados habituales. Aún así, en este país hay 46.393 letrados pertenecientes al turno de oficio, según el XVI informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, de 2022. Ese año atendieron casi 2 millones de actuaciones lo que da la importancia de su papel en el mundo judicial.
Y a pesar de ello, se quejan, y con razón, de ser “profesionales de segunda”. Sus quejas se han agravado, ahora, con la situación que les ha generado la huelga de letrados de la administración de justicia. Y no se sabe bien cómo se resolverá la situación en que han quedado. Seguramente, los procedimientos suspendidos, juicios, expedientes, resoluciones y consignaciones, se señalarán nuevamente. Pero los daños y perjuicios generados por este retraso son irreparables.
Como siempre, a ver quien paga los platos rotos de esta situación. Mucho nos tememos que, como siempre, le corresponderá pagar al más vulnerable.
Cada uno de esas partes acostumbran a priorizar sus propios deseos, necesidades…que ocurre con los ciudadanos, con sus representados…el individualismo, el egoísmo de mirar por el interés propio y los intereses de los demás, de los ciudadanos que son tratados injustamente por unos y otros , condicionado, según el beneficio personal, económico que les aporta…Hemos escuchado las quejas, las penas de cada uno de ellos…Cuando se recogerá la opinión y el daño que hacen ambos a los ciudadanos…Seguro que nos sorprende, nos escandaliza el comportamiento de algunos juristas, que olvidan los principios del código ético y morales que deber regir esa profesión…