González Pons se quita la máscara

El vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons ha dado la puntilla definitiva a la independencia del poder judicial. En lenguaje castizo, “se le ha visto el plumero”. En esta ocasión ha ido con la verdad por delante, como se debe de hacer. Pero ha puesto punto final a la estrategia de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial los cuales vienen dando largas a la designación de los candidatos al Tribunal Constitucional poniendo los pretextos más variopintos. González Pons, en la práctica el número dos del PP, ha pedido a una vocal progresista que se abstenga de votar “por conflicto de intereses”. Porque su marido es uno de los candidatos a presidir el TC con el nuevo juego de mayorías.

Clara Martínez de Careaga es magistrada de la sala de Lo Militar del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Está vinculada al sector progresista y es la esposa de Cándido Conde-Pumpido, candidato a presidir el Tribunal Constitucional cuando se complete la renovación de la Alta Magistratura. Hay que recordar que, de esta renovación saldrán tres magistrados progresistas y uno conservador. Y la derecha está haciendo todo tipo de maniobras para intentar que eso no suceda.

Lo que ocurre es que, hasta ahora, las maniobras que se habían llevado a cabo para impedir este nuevo juego de mayorías en el TC no habían traspasado el “terreno judicial”. Los políticos se habían mantenido al margen a pesar de que en el CGPJ los vocales del sector conservador todos sabemos que fueron propuestos en su día por el PP y los progresistas por el PSOE. Pero siempre se había intentado guardar las formas.

Esteban González Pons se ha saltado la línea roja en este asunto y ha publicado un tuit en el que dice textualmente: “que la mujer de uno de los magistrados que aspiran a presidir el Tribunal Constitucional vaya a escoger en el CGPJ a los magistrados que determinarán la elección de su marido es un caso de libro de conflicto de interés. Debería de abstenerse y más siendo su voto decisivo”.

Pero ¿por qué el voto de Clara Martínez de Careaga se va a convertir en decisivo para designar a los magistrados del CGPJ?

Todo tiene que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas. En la reforma del Código Penal, lo que el que suscribe ha denominado “proyecto de ley ómnibus” porque entre las medidas no sólo se proponen la reforma de los delitos de sedición y de malversación, sino también una aclaración a la ley del “sólo si es si”, la ley de familia, y, lo más importante dado el estado de las cosas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la cual este organismo deberá elegir, de forma obligatoria, a los dos magistrados del Tribunal Constitucional por mayoría simple, y no por mayoría cualificada como venía sucediendo.

La reforma provocó la inmediata reacción de los vocales conservadores del Consejo que, hasta ahora, han venido dilatando el proceso de elección de los magistrados con varios pretextos. De la dilación se pasó a las prisas. Se intentó la convocatoria de un pleno para elegir a los candidatos por el “antiguo método” de mayoría cualificada. Pero no han logrado su objetivo porque el presidente del Consejo en funciones, el progresista Rafael Mozo, ha rechazado la convocatoria. Los motivos son sencillos de explicar. Según la resolución de Mozo, la petición de los vocales conservadores “no puede ser atendida porque el reglamento exige la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del pleno”. Y, además, la petición tampoco cumple con las “reglas de procedimiento que el propio pleno se dio en septiembre pasado y que establecen que la solicitud de convocatoria de un pleno para hacer estas designaciones debe incluir los nombres de dos candidatos y sus currículums”.

Ahora, con arreglo a la nueva normativa, con una mayoría simple, que tienen los vocales progresistas, se podrán designar a los dos candidatos a ocupar las vacantes del Poder Judicial. De ahí que, a la desesperada, González Pons haya decidido pedir a una vocal que se abstenga por un “conflicto de intereses”, algo que, en infinidad de ocasiones, no se ha tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones, incluso en el ámbito judicial. ¿O hay que recordar las veces que se pidieron recusaciones de la magistrada de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, por sus vinculaciones con el PP que no fueron atendidas?