Arabia Saudí, una nación que proclama al mundo su compromiso con la justicia y los derechos humanos, está nuevamente en el punto de mira por decisiones judiciales que desafían la concepción universal de derechos humanos. Dos jóvenes, Abdullah al Derazi y Jalal Labbad, se enfrentan a la amenaza inminente de ejecución a pesar de las claras violaciones al debido proceso y a las normativas internacionales que garantizan los derechos de los menores.
Los jóvenes fueron condenados por cargos de «terrorismo», acusados de participar en protestas contra el gobierno. Pero lo más alarmante es que su condena se basó principalmente en confesiones obtenidas bajo tortura. Las descripciones de malos tratos que sufrieron, que incluyen palizas brutales, violencia sexual y electrocución, son más que perturbadoras y evidencian un grave desprecio por la dignidad humana.
Las condenas fueron confirmadas en secreto por el Tribunal Supremo sin notificar a sus familias ni a sus abogados
La situación se agrava cuando consideramos que ambas condenas fueron confirmadas en secreto por el Tribunal Supremo sin notificar a sus familias ni a sus abogados. Esta falta de transparencia y el obvio desprecio por los derechos fundamentales son emblemáticos de un sistema judicial que carece de imparcialidad y justicia.
Es irónico y desesperante que la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí afirmara, en mayo de 2023, haber «abolido completamente» la aplicación de la pena de muerte a menores. Si estas palabras tuvieran algún valor, ¿por qué entonces estos jóvenes aún enfrentan el peligro inminente de ser ejecutados?
Desconexión entre sus declaraciones públicas de las autoridades y sus acciones reales
Las autoridades saudíes han demostrado una desconexión entre sus declaraciones públicas y sus acciones reales. Su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la ejecución de personas que eran menores al momento del delito, parece ser sólo un acto simbólico cuando se enfrenta con la realidad de su sistema judicial.
La petición de un experto de la ONU para que Arabia Saudí considere una moratoria sobre la pena de muerte refleja la preocupación internacional sobre estas ejecuciones. El mundo observa y espera que el reino actúe de acuerdo con los valores fundamentales de justicia y humanidad.
Amnistía Internacional
La oposición de Amnistía Internacional a la pena de muerte es clara y sin ambigüedades. La pena capital es una violación de los derechos humanos, y su aplicación a menores de edad es particularmente abominable.
Las cifras son escalofriantes: 112 ejecuciones en los primeros diez meses de 2023 y un total de 196 en 2022. Estos números muestran a Arabia Saudí como uno de los principales verdugos del mundo, un título que ningún país debería querer tener.
Arabia Saudí tiene la oportunidad y la responsabilidad de corregir su rumbo, mostrar al mundo que respeta los derechos humanos y garantizar que su sistema judicial opera con justicia y transparencia. Los ojos del mundo están puestos en el reino, esperando un cambio urgente y necesario.
