La manipulación de las llamadas “mentiras de Pedro Sánchez”

La comentada entrevista de Carlos Alsina en el programa “Mas de uno” de Onda Cero se ha centrado en la lista de “mentiras” que el locutor le echó en cara a Pedro Sánchez. La mayoría de esas “mentiras” giraban en torno a la justicia y han sido fuertemente aireadas por la caverna mediática de la derecha. Lo que no se ha dicho es que muchas de las afirmaciones que figuran en la ya famosa lista de Alsina son falsas o están manipuladas. La primera: “prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional y ha sentado ahí a su ministro de Justicia”. Pedro Sánchez nunca hizo esa promesa. Es cierto que habló de reformar los órganos judiciales de este país, desde la planta judicial hasta el Constitucional, para despolitizar la justicia con el fin de hacerla más independiente. Y así se expresó en Bruselas ante la Comisión Europea y eso es lo que debe de valer.

Pero no lo pudo hacer por una razón. El Partido Popular se situó fuera de la legalidad constitucional y se negó a renovar el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de jueces y magistrados de este país lleva caducado casi cinco años y no por culpa del gobierno progresista que ha intentado llegar a acuerdos. Incluso hubo uno en el que se prohibían las famosas “puertas giratorias” que habría impedido el que Juan Carlos Campo o Dolores Delgado hubiesen ocupado los puestos donde han ido a parar después de haber sido cesados como ministros. Eso no lo dice el señor Alsina cuando habla de la designación de Campo como magistrado del Tribunal Constitucional.

Ese acuerdo significaba, además de la prohibición de las puertas giratorias, la renovación del CGPJ y una posterior reforma de la ley orgánica que regula este organismo para dar más poder a los jueces. Fue muy bien visto por Bruselas porque es lo que viene reclamando para la justicia española. Pero se vino abajo en el ultimo minuto. La excusa que puso Alberto Núñez Feijóo fue la de la pretensión del gobierno progresista de aprobar una reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas en el de malversación. Excusa, nada más, porque trascendió que Núñez Feijóo había intentado hacer lo mismo que su antecesor en el liderazgo del PP, Pablo Casado, pero que por presiones de la derecha judicial y del sector más ultra del PP no fue posible, como tampoco fue posible en tiempos en los que gobernó Mariano Rajoy que llegó a tener mayoría absoluta y nunca llevó a cabo su promesa de reforma de la justicia. Porque en su partido, la única reforma del sistema judicial que pretenden es aquella en la que los jueces conservadores acaparen los puestos clave con el fin de que no vuelvan a darse situaciones tan desagradables para ellos como fue la investigación de la trama Gürtel.

Peor fue cuando el gobierno progresista quiso desbloquear la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. Cuatro de ellos acababan mandato y no había manera de llegar a un acuerdo con los conservadores para designar a sus sustitutos. Moncloa hizo, entonces, lo único que podía hacer. Mandar al Congreso un decreto para modificar la forma de elección de los miembros. Eso que tanto cacareaba Alsina se habría llegado a hacer. Pero el PP presentó una petición de medidas cautelarisimas para suspender el debate parlamentario de ese decreto. Y, por primera vez en la historia, el Constitucional, con su presidente Pedro González-Trevijano al frente, intervino el Parlamento prohibiendo el debate sobre la reforma para renovar su composición. En lo que los juristas han calificado como la mayor vergüenza judicial de la España de los últimos tiempos, el Constitucional dio un verdadero golpe de mano sustrayendo competencias al único órgano donde está depositada la soberanía popular: el Parlamento. Eso no lo dice ni lo tiene en cuenta el señor Alsina a la hora de echar en cara a Pedro Sánchez, lo que ellos llaman “mentiras e incumplimientos”.

Carlos Alsina dijo también que “hizo fiscal general a su ministra de justicia cuando todavía era ministra de justicia”. Esa crítica muy cacareada por la caverna mediática conservadora obedece a que “no existe solución de continuidad entre su puesto como miembro del gobierno y su nombramiento como fiscal general, lo que podría hacer percibir a la ciudadanía una falta de independencia del Ministerio Fiscal”. Es cierto que Dolores Delgado fue cesada con el propósito de que se hiciese cargo con carácter inmediato de la fiscalía general del Estado que ocupaba, interinamente, Luis Navajas, el teniente fiscal que había rogado encarecidamente el relevo de una institución en crisis y muy politizada desde la época en que estuvo al frente Consuelo Madrigal, hoy fiscal de sala del Supremo y abiertamente conservadora. Y, sobre todo, durante el mandato de Julián Sánchez Melgar el cual intentó con todos los medios a su alcance, parar la instrucción de la Gürtel, sobre todo en lo que se refería a la financiación irregular del PP.

Pero es que, además, Dolores Delgado nunca ha gozado de las simpatías de la derecha. Como ministra sufrió tres reprobaciones parlamentarias, dos por el Congreso y una por el Senado. Se la critico muy duramente por su tibio apoyo al juez Llarena cuando surgieron las diferencias del instructor del Procès con Bruselas sobre la euroorden de detención de Carles Puigdemont. El tiempo ha dado la razón a Delgado. No se podía traer a España al expresidente de la Generalitat de Catalunya porque los delitos que se le imputaban, entre ellos el de sedición, no estaba homologado por la justicia belga. Otro de los asuntos que Alsina echó en Cara a Pedro Sánchez.

Hasta tal punto llega la inquina del PP hacia la figura de Dolores Delgado que Génova recurrió su nombramiento ante la justicia. El Supremo rechazó dicho recurso. Luego sacarían a la luz pública sus relaciones con el comisario José Manuel Villarejo, y su relación con el exjuez Baltasar Garzón.

Esas son las “razones” de la derecha para decir que Pedro Sánchez no ha cumplido sus promesas de despolitizar a la justicia y hacerla más independiente del poder político. Pero lo cierto es que el boicot permanente de la derecha judicial y del PP han impedido llevar a cabo la reforma y la modernización de la justicia en España.

Cuando se habla de mentiras hay que contar toda la historia. Si no se hace así, se corre el riesgo de llegar a la manipulación.  Ya se sabe. No todo es blanco ni negro. También puede ser gris. Todo depende del color con que se mire.