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La sedición «reemplazada» de Sánchez

Domingo Sanz
Domingo Sanz
Nacido 1951, Madrid. Casado. Dos hijos y tres nietos. Cursando el antiguo Preu, asesinato de Enrique Ruano y la canción de Maria del Mar Bonet. Ciencias Políticas. Cárcel y todo eso, 1970-71. Licenciado en 1973 y de la mili en 1975. Director comercial empresa privada industrial hasta de 1975 a 1979. Traslado a Mallorca. de 1980 a 1996 gerente y finanzas en CC.OO. de Baleares. De 1996 hasta 2016, gerente empresa propia de informática educativa: pipoclub.com Actualmente jubilado pero implicado, escribiendo desde verano de 2015.
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análisis

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No daba crédito a lo que Pedro Sánchez nos decía desde la pantalla, pero me lo creí porque estaba moviendo los labios.

Nos dijo el presidente que habían creado el delito de «desórdenes públicos agravados» para «reemplazar» al de «sedición», pues esta palabra no la entienden en Europa o, lo que es lo mismo, no ha servido para que detengan y envíen a España a Valtonyc (supongo) o a Puigdemont, por poner dos casos de personas que, para no ser detenidas, decidieron trasladar sus domicilios a algún país de la UE, aunque no parece que el rapero le interese demasiado al gobierno por mucho que su colega Pablo Hasel siga en la cárcel.

Por cierto, ¿indultará Sánchez a Hasel o a Valtonyc antes que al Griñán marca PSOE? ¿o lo hará después? Incluso puede que nunca.

Pero volviendo a palabras que Sánchez piensa que los europeos no entienden, tropiezo con «reemplazar» y encuentro que el Diccionario de la RAE dice que es «poner en el lugar de una cosa otra que haga sus veces». Y no dice que haga (en parte) sus veces. Decir “sus veces” sin citar excepciones ni definidas ni indefinidas significa todas sus veces.

Por lo tanto, cualquier europeo que sepa castellano acudirá corriendo a las autoridades de la UE para chivarse de las torticeras intenciones del Gobierno de Sánchez, y dirá que lo que está haciendo es cambiar el nombre del delito. 

Y como, además de la violencia, han añadido la tan discutible y subjetiva figura de la «intimidación» como causa del “agravamiento”, no me extrañaría que hicieran cola en los juzgados los madrileños que se hayan sentido intimidados por las decenas de miles de provincianos (según el PP solo el 1% eran vecinos de Madrid) que acudieron a la manifestación sanitaria, aunque había tal cantidad de profesionales de la salud que hubieran podido curar hasta el último de los soponcios sufridos por los frágiles capitalinos, de quien Quevedo dijo un día que disponían de 300 tabernas y una sola librería.

Por cierto, ¿alguien sabe si la proporción entre tabernas y librerías en Madrid sigue siendo la de los tiempos del certero poeta? ¿O hemos empeorado? Siempre podremos culpar a Internet, pues seguimos sin convertir los bocatas de calamares en un fichero DOC o en un JPEG.

Y, de nuevo, el chivato europeo de turno advertirá también que Sánchez ha aprovechado un “reemplazo” para colar una ampliación de las circunstancias que pueden convertir en delito el ejercicio del derecho de manifestación contemplado en la Constitución que no es capaz de reformar, a diferencia de lo que sí son capaces la mayoría de los países del club al que España pertenece.

Por tanto, debemos darnos por advertidos: si no queremos ir a la cárcel por protestar, como en aquellos tiempos viejos que siempre intentan regresar, nos tendremos que conformar con movilizarnos de manera virtual.

Pero acabo de recordar que Sánchez es republicano porque lo ponen los estatutos del partido político al que paga su cuota de afiliado y, sin haber borrado de mi cabeza la combinación de efectos entre el reemplazo tramposo de las sediciones y la expansión imparable de las opiniones solo virtuales, la primera pregunta que me hago es si, en caso de que la Red hubiera llegado a nuestras vidas antes de la muerte de Franco, no viviríamos aún bajo una especie de monarquía autoritaria a las órdenes de los sucesores directos de Fraga Iribarne y Arias Navarro. 

Pero la segunda pregunta resulta mucho más inquietante.

Teniendo en cuenta que el rey de España es impune ante la Justicia, tanto por la decisión de la fiscalía sobre Juan Carlos I como por la de la mayoría del Congreso en junio pasado, resulta que Felipe VI es hoy el único español que podría cometer todos los delitos posibles, incluido el de rebelión, el de liderar “desórdenes públicos agravados”, o el de organizar un golpe de Estado con un grupo de militares armados. Es decir, como su padre. Es decir, como Franco.

Señor Sánchez, ¿le importaría a usted aprovechar este “reemplazo” de la sedición para no “reemplazar”, sino para anular radicalmente el privilegio del rey y obligarle a comparecer ante la justicia como cualquier otro español que pueda ser sospechoso de haber cometido algún delito?

Señor Sánchez, usted sabe que puede librarnos de este verdadero peligro, pero no quiere.

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2 COMENTARIOS

  1. según la definición del Diccionario Panhispanico del Español Jurídico, su deficinión es: «Alzamiento público y tumultuario para impedir a la autoridad o a funcionario público, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos».

    Si se lee detenidamente, este concepto se podría aplicar a las actuaciones de varios partidos de la derecha y en especial a algunos de sus líderes, que en público y generando movimientos tumultuarios quieren impedir que la autoridad, el Gobierno, aplique leyes o ejecute actos que le corresponden.

    ¿Quieren nombres y apellidos, o saben leer las noticias?

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