Cierto. Una Vicepresidenta del Gobierno no debe hacer pública su opinión sobre la ejecutoria de un juez por la representación que ostenta. Ahora, lo que dice es cierto y verificable si recontamos la trayectoria del insigne juez García-Castellón, el empecinado, por su persistencia en perseguir a partidos y líderes de izquierda e independentistas, a los que ha abierto más de veinte sumarios que luego han sido archivados por carecer de base jurídica al estar inspirados por el interés político de castigarlos, al menos, con el escarnio mediático de ir al juzgado a prestar declaración. El último, su insistencia en buscar, sin hallar, una base jurídica para acusar a Puigdemon de terrorista, con la hipótesis de que la muerte por ataque al corazón de un ciudadano francés en el aeropuerto de Barcelona, fue consecuencia de la manifestación independentista que tuvo lugar en el exterior del aeródromo: tesis desmentida por los informes médicos.
Sin embargo, García Castellón ha librado a Dolores de Cospedal del caso Kitchen —a pesar de las cintas grabadas con su voz que no dejan duda de que estaba al tanto del mejunje—; como no acepto que el apunte M.R.correspondiera a M. Rajoy en la libreta de Bárcenas en el caso de los sobresueldos y financiación ilegal del PP, para exonerarle del caso por el que su partido, bajo su mandato, fue condenado por corrupción. Como libró a Esperanza Aguirre del caso Púnica, o sacó a Ignacio González de la cárcel. Datos que ponen en duda la limpieza de su trayectoria como juez.
Cierto. Un miembro de un Gobierno debe guardar para sí sus opiniones sobre la ejecutoria de los jueces y sus sentencias, pero eso no significa que los ciudadanos no podamos dudar de su imparcialidad, ni que los jueces sean intocables ni que estén rodeados de una pátina de poder omnímodo frente a la crítica de sus actuaciones judiciales. Los jueces no son dioses descendidos del monte Olimpo, que puedan hacer y deshacer a su antojo. Si un miembro del Ejecutivo no puede criticarlos públicamente, tampoco ellos, en justa reciprocidad y por ser el símbolo y representación del poder Judicial, están legitimados para manifestarse de manera colectiva y pública contra las decisiones que adopta el poder Ejecutivo y Legislativo, máxime contra una Ley que todavía no ha sido aprobada.
Pátina de protección que se mantiene desde la dictadura porque el poder Judicial salió indemne, como el policial, del proceso de regeneración democrática que si hubo en el resto de poderes del Estado, administraciones y estamentos públicos. Jueces que sentenciaron, muchos de ellos, en los tribunales de orden público, los conocidos TOP, a los opositores al régimen y que una vez reinstaurada la democracia, siguieron sentenciando hasta la jubilación sin que nadie les tocara un pelo. Regeneración que sigue sin producirse tras cuarenta y siete años de democracia, por el antediluviano, exclusivo y excluyente, sistema de acceso a la carrera judicial que mantiene a España como el país con el índice más bajo de jueces por habitantes de la UE. Situación que favorece que la mayoría de los que acceden a la judicatura procedan de familias con alto poder económico y tradición conservadora. Según el último informe del Consejo de Europa de 2020, España contaba con 11,24 jueces por cada 100.000 habitantes, cifra muy inferior a los 17,60 magistrados de media en Europa.
Por todo ello no es de extrañar que el PP considere el ámbito judicial como su coto privativo de poder, conocedor de que este mayoritario carácter conservador de la mayoría de ellos y el sistema del que surgen, es el mejor escudo protector frente a sus desmanes de corrupción. Por eso su negativa contumaz a la renovación del CGPJ, sin importarle el coste de convertirse en un partido inconstitucional, para no ceder esta importante cuota de poder.
Veremos que sucede en los próximos meses con los dos casos que tiene abiertos el beatísimo exministro de interior, Jorge Fernández Díaz. El primero por el espionaje de la policía política, creada por él, a Luis Bárcenas, por el que la fiscalía anticorrupción pide 15 años de prisión por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad del extesorero del PP. Y, el segundo, por los 34 expedientes abiertos por esta policía política a dirigentes nacionalista e independentistas catalanes, para buscarles las vueltas con falsedades sobre supuestas corrupciones. Todo con la presunta aquiescencia de Rajoy, motivo por el que los grupos independentistas y de izquierda piden su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso. Éste es el panorama ante el cual no se puede ser equidistante sobre las responsabilidades de unos y otros en el proceso de degradación y pérdida de credibilidad de la justicia, al que asiste atónita la ciudadanía.
